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Nuevo procedimiento para hacer efectivos seguros de daños materiales en automóviles.

Con la nueva modificación introducida a la Ley de Tránsito, se eliminó la exigencia de constancia o denuncia de la autoridad policial para hacer efectivo seguro contra daños materiales, y en su reemplazo, se estableció que el interesado deberá presentar una declaración jurada simple ante  la respectiva compañía aseguradora.

Con esta modificación, se incorporó un inciso cuarto al artículo 168 del texto refundido de la Ley de Tránsito, del siguiente tenor:  ”En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.”

Sin perjuicio de lo anterior, hay que hacer presente que, no se ha eliminado la obligación de los conductores que se vean involucrados en un accidente de tránsito en que produzcan daños de dar cuenta a la autoridad policial más cercana.

Cobranza Judicial de Gastos Comunes

Tribunal competente.
Juzgado de Letras en lo civil del domicilio del copropietario deudor.

Procedimiento aplicable.
Procedimiento Ejecutivo regulado en el Título Primero del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil (artículo 434 y siguientes).

Título ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 27 de la Ley N°19.537, tendrán mérito ejecutivo para el cobro de gastos comunes, los siguientes títulos:
1. Copia del Acta de la asamblea, válidamente celebrada, en que acuerden gastos comunes, autorizada por el Comité de Administración;
2. Copia del Acta de la asamblea, válidamente celebrada, en que se acuerden gastos comunes, autorizada por el administrador;
3. Avisos de cobro de gastos comunes, extendidos de conformidad al acta, siempre que se encuentren firmados por el administrador.

Notificación del requerimiento de pago.

Debe hacerse personalmente o por cédula dejada en el domicilio del deudor que hubiere registrado en la administración del condominio o, a falta de éste, en la respectiva unidad que ha generado el cobro.

Autoacordado de la Corte Suprema sobre Tramitación electrónica

Con fecha 15 de abril del año 2016, el Pleno de la Corte Suprema, dictó el Auto Acordado para la aplicación en el Poder Judicial de la Ley N°20.886, que establece la tramitación digital de los procedimientos judiciales, regulando básicamente aspectos como sistema de búsqueda de causas en la página del Poder Judicial, registro de abogados y habilitados para la presentación de demandas y otros escritos, el sistema de georreferenciación de actuaciones de receptores judiciales y la carpeta digital.

Puedes acceder al auto-acordado haciendo click en el siguiente link de la página del poder judicial: http://www.pjud.cl/documents/396729/0/ACTA+37-2016+autoacordado+tramitacion+electronica.pdf/19262ae6-84d0-467c-b645-1dfd0e0d8a19

NUEVA REGULACIÓN SOBRE ALZAMIENTO DE HIPOTECAS Y PRENDAS.

Con fecha  23 de enero del año 2016, entró en vigencia la Ley N°20.855, la cual establece una nueva regulación sobre el alzamiento de hipotecas y prendas que caucionen créditos, señalando básicamente que, una vez extinguida la obligación garantizada con una hipoteca o prenda, el proveedor del crédito (Banco o Institución Financiera), deberá, a su cargo y costo, proceder a realizar los trámites de alzamiento.  Para tales efectos, la ley distingue entre créditos caucionados con hipoteca específica, créditos caucionados con hipoteca general, créditos caucionados con prenda sin desplazamiento que opere como garantía específica y créditos caucionados con prenda sin desplazamiento que opere como garantía general.

Créditos caucionados con Hipoteca Específica (es aquella que garantiza una determinada obligación).

Tratándose de estos créditos, una vez extinguida totalmente la obligación garantizada, el proveedor del crédito (Banco o Institución Financiera) deberá, a su cargo y costo, otorgar la escritura pública de alzamiento de la referida hipoteca y de los demás gravámenes y prohibiciones que se hayan constituido al efecto e ingresarla para su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, dentro de un plazo que no podrá exceder de cuarenta y cinco días contado desde la extinción total de la deuda.

Créditos caucionados con Hipoteca General (aquella que garantiza todas las obligaciones presentes y futuras que una persona contraiga con un determinado acreedor).

Tratándose de estos créditos, una vez pagados íntegramente, tanto en calidad de deudor principal como en calidad de avalista, fiador o codeudor solidario respecto de los cuales dicha caución subsista, el acreedor deberá informar por escrito al deudor tal circunstancia, en el plazo de hasta veinte días corridos, a través de cualquier medio físico o tecnológico idóneo, al último domicilio registrado por el deudor con el proveedor. Efectuada dicha comunicación por parte del acreedor, el deudor podrá requerir, por cualquier medio físico o tecnológico idóneo, el otorgamiento de la escritura pública de alzamiento de la referida hipoteca y de los demás gravámenes y prohibiciones que se hayan constituido al efecto, y su ingreso para inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, gestiones que serán de cargo y costo del proveedor y que éste deberá efectuar dentro de un plazo que no podrá exceder de cuarenta y cinco días, contado desde la solicitud del deudor.

Créditos caucionados con Prenda sin Desplazamiento que opere como garantía específica.

En este caso, el acreedor prendario, estará obligado a otorgar la escritura pública o el instrumento privado autorizado y debidamente protocolizado en el registro del mismo notario que lo autorizó, correspondiente al alzamiento de la referida prenda y de los demás gravámenes y prohibiciones que se hayan constituido al efecto, una vez extinguidas totalmente la o las obligaciones caucionadas por dicha prenda, dentro de un plazo que no podrá exceder de cuarenta y cinco días, contado desde la extinción total de la deuda. De tal circunstancia y de la realización de los señalados trámites, el acreedor prendario deberá informar por escrito al deudor, a través de cualquier medio físico o tecnológico idóneo, al último domicilio registrado por el deudor con el acreedor, dentro de los treinta días siguientes de practicada la cancelación en el Registro de Prendas sin Desplazamiento.

Créditos caucionados con Prenda sin Desplazamiento que opere como garantía general.

Este caso, una vez pagadas íntegramente las deudas garantizadas, tanto en calidad de deudor principal como en calidad de avalista, fiador o codeudor solidario respecto de los cuales dicha caución subsista, el acreedor deberá informar por escrito al deudor tal circunstancia, en el plazo de hasta veinte días corridos, a través de cualquier medio físico o tecnológico idóneo, al último domicilio registrado por el deudor con el proveedor. Efectuada dicha comunicación por parte del proveedor, el deudor podrá requerir, por cualquier medio físico o tecnológico idóneo, el otorgamiento de la escritura pública o instrumento privado autorizado y debidamente protocolizado en el registro del mismo notario que lo autorizó, correspondiente al alzamiento de la referida prenda y de los demás gravámenes y prohibiciones que se hayan constituido al efecto, y su ingreso para inscripción en el Registro respectivo, gestiones que serán de cargo y costo del proveedor y que éste deberá efectuar dentro de un plazo que no podrá exceder de cuarenta y cinco días, contado desde la solicitud del deudor.

 

Declaración de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la norma que regula el Giro doloso de Cheques

Con fecha 8 de octubre del año 2015, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos 1, 2, 5 y 8 del artículo 22 del DFL N°707 del año 1982, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, en relación con la gestión pendiente, sobre delito de acción privada de giro doloso de cheques seguida ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.  

Los principales argumentos del Tribunal Constitucional para declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos que tipifican el delito de giro doloso de cheques, se refieren a que dicha normativa no cumpliría con los estándares mínimos que exigen los principios constitucionales de Legalidad, de Culpabilidad, de Prohibición de prisión por deudas y de Proporcionalidad.

El fallo íntegro del Tribunal Constitucional lo puedes encontrar en el siguiente link: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/expedientes?rol=2744

Modificación del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección

Con fecha 19 de Junio del año 2015 el Pleno de la Corte Suprema acordó aprobar modificaciones al Auto Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de fecha 29 de marzo del año 1977,  como asimismo, acordó dictar el texto refundido de dicha normativa, el cual podrás encontrar a continuación.

Texto Refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales. (información obtenida del sitio web  www.poderjudicial.cl)

Se limita responsabilidad de compradores de vehículos por multas impagas de propietarios anteriores

La Ley N°20.795, modificó el artículo 42 de la Ley de Tránsito, agregando un nuevo inciso sexto, estableciendo  que los compradores de vehículos usados, son responsables únicamente del pago de las multas empadronadas que figuren en el certifico de multas de tránsito emitido por el Servicio de Registro Civil al momento de la compra.

El nuevo inciso sexto del artículo 42, es del siguiente tenor: ”El comprador responderá sólo por las multas empadronadas que figuren en el certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación al momento de la compra. Dicho Servicio se abstendrá de anotar la multa impaga en el Registro de Multas de Tránsito no Pagadas, si el propietario del vehículo que figura en el Registro de Vehículos Motorizados es distinto de quien lo era a la fecha de la infracción. Lo anterior no obsta a la responsabilidad de la persona condenada al pago de la multa.”.

Proyecto de Ley que crea el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP).

Con fecha 6 de octubre del año 2014, el Senado aprobó en particular el proyecto de ley que crea el Acuerdo de Vida en pareja, siendo los aspectos más relevantes de este acuerdo, los siguientes:

CONCEPTO

El acuerdo de vida en pareja es un contrato celebrado entre dos personas con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente.

CELEBRACIÓN

Se celebrará en el Servicio de Registro Civil e Identificación, ante cualquier oficial, quien levantará acta de todo lo obrado, la que será firmada por él y por los contrayentes. La celebración podrá efectuarse en el local de su oficina o en el lugar que señalaren los contrayentes, siempre que se hallare ubicado dentro de su territorio jurisdiccional.

El acuerdo podrá celebrarse por mandatario facultado especialmente para este efecto.

REQUISITOS

1. Que los contrayentes sean mayores de edad;

2. Que los contrayentes tengan la libre administración de sus bienes;

3. Que los contrayentes hayan consentido libre y espontáneamente en celebrar el acuerdo.

PROHIBICIONES

1. No podrán celebrarlo entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado.

2. No podrán celebrarlo las personas que se encuentren ligadas por un vínculo matrimonial no disuelto o un acuerdo de vida en pareja vigente.

3. Cuando un acuerdo de vida en pareja haya expirado, la mujer que está embarazada no podrá contraer matrimonio con un varón distinto ni celebrar un nuevo acuerdo antes del parto, o, no habiendo señales de preñez, antes de cumplirse los doscientos setenta días subsiguientes a la expiración del acuerdo.

EFECTOS DEL ACUERDO

1. Obligación de los contrayentes. Los contrayentes se deberán ayuda mutua y estarán obligados a solventar los gastos generados por su vida en común, de conformidad a sus facultades económicas y al régimen patrimonial que exista entre ellos.

2. Efectos patrimoniales. Los convivientes civiles conservarán la propiedad, goce y administración de los bienes adquiridos a cualquier título antes de la celebración del contrato y de los que adquieran durante la vigencia de éste, a menos que, se sometan de manera expresa e irrevocable al régimen de comunidad de bienes a que se refiere el artículo 15 del Proyecto. Por lo tanto, la regla general será el régimen de separación total de bienes.

3. Efectos hereditarios.  Cada conviviente civil será legitimario del otro y concurrirá en su sucesión de la misma forma y gozará de los mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente.

TÉRMINO DEL ACUERDO.

El acuerdo terminará por las siguientes causales:

1. Por muerte natural de uno de los convivientes civiles;

2. Por muerte presunta de uno de los convivientes civiles;

3. Por el matrimonio de los convivientes civiles entre sí, cuando proceda;

4. Por mutuo acuerdo de los convivientes civiles, que deberá constar por escritura pública o acta otorgada ante oficial del Registro Civil;

5. Por voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles, que deberá constar por escritura pública o acta otorgada ante oficial del Registro Civil;

6. Por declaración judicial de nulidad del acuerdo.

Más información en:

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php

Aumento de las penas del delito de homicidio

El día 17 de septiembre del año 2014, se publicó la Ley N°20.779, que modificó el artículo 391 del Código Penal, en el sentido de aumentar la pena del delito de homicidio simple y la del delito de homicidio calificado. Así, la pena del delito de homicidio calificado se aumentó a la de “presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo“, y la pena del delito de homicidio simple se aumentó a la de “presidio mayor en su grado medio“.

Regularización de la pequeña propiedad raíz

Consiste en la facultad que se les otorga a los poseedores materiales de un bien raíz, que carezcan de un título de dominio inscrito a su favor, para solicitar que se les reconozca la calidad de poseedores regulares del inmueble y así quedar habilitados para adquirir su dominio por prescripción, mediante el procedimiento regulado en el Decreto Ley N°2695, de 1979.

REQUISITOS.

1.1 El peticionario debe tener la calidad de poseedor material respecto del inmueble que se pretende regularizar;

1.2. El peticionario debe tener la posesión continua (no interrumpida) y exclusiva sobre el inmueble;

1.3. La posesión no debe ser violenta ni clandestina;

1.4 El peticionario debe estar en posesión del inmueble durante 5 años, a lo menos.

1.5 El peticionario debe carecer de título inscrito respecto del inmueble;

1.6 El avalúo del inmueble a regularizar no debe exceder de 800 UTM si es rural y 380 UTM si es urbano.

1.7 El peticionario debe acreditar que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta dominio o posesión del inmueble.

PROCEDIMIENTO.

El procedimiento de regularización, comprende las siguientes etapas o trámites:

1. Presentación de solicitud de regularización ante la  Subsecretaría del Ministerio de Bienes Nacionales;

2. Admisibilidad de la solicitud. Solamente será acogida a tramitación cuando a juicio del Servicio sea difícil u onerosa la regularización por otros procedimientos.

En caso de acogerse a tramitación la solicitud se observarán las siguientes reglas:

2.1 Oficio al Servicio de Impuestos Internos para que informe sobre el nombre, rol único tributario y domicilio de quién aparezca como dueño del inmueble;

2.2 Oficio al Servicio del Registro Civil e identificación para que informe sobre el último domicilio del que aparezca como dueño del inmueble;

2.3 Notificación por carta certificada al supuesto propietario;

2.4 Visita a terreno para la comprobación de los requisitos legales.

2.5  Aceptación o denegación de la solicitud.

2.6 Publicación de la resolución que concede la solicitud mediante dos avisos  y fijación de carteles, en caso de aceptación de la solicitud;

2.7 A falta de oposición de terceros, el Servicio podrá dictar una resolución ordenando la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo.

DERECHOS DE TERCEROS QUE PRETENDAN IMPUGNAR LA SOLICITUD O LA INSCRIPCIÓN PRACTICADA A NOMBRE DEL PETICIONARIO.

1.Derecho a oponerse a la solicitud de regularización, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la publicación del último aviso.

2. Ejercicio de acciones de dominio dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de inscripción del inmueble ante el Juzgado de Letras en lo Civil del territorio del inmueble.

3. Compensación de derechos en dinero. Los terceros que acrediten dominio sobre todo el inmueble o una parte de él y que no hayan ejercido alguna de las facultades señaladas anteriormente, así como los que pretendan derechos sobre el inmueble, podrán exigir que tales derechos le sean compensados en dinero en la proporción que correspondan hasta la concurrencia del valor del predio.

Reajuste del Ingreso mínimo mensual.

Con fecha 9 de Julio del año 2014, se aprobó el proyecto de Ley que reajusta el monto del sueldo mínimo mensual de $210.000 a $225.000, a partir del 1 de julio del año 2014, para los trabajadores mayores de 18 años y menores de 65 años. A partir de 1 de julio del año 2015, dicho monto ascenderá a $241.000, y a partir del 1 de enero del año 2016, será de $250.000.

 

Prescripción en materia de infracciones a la Ley de Tránsito.

Regulación.

Esta prescripción se encuentra regulada tanto en la Ley N°15.231, sobre “Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local”, como en la Ley N°18.287, sobre “Competencia de los Juzgados de Policía Local”

En esta materia es del caso distinguir entre prescripción de las multas y prescripción de las acciones persecutorias de la responsabilidad infraccional.

Prescripción de las multas.

Regla General.

Al respecto, el artículo 54 inciso primero de la Ley N°15.231, dispone lo siguiente: Las sanciones impuestas por infracciones o contravenciones prescribirán en el término de un año, contado desde que hubiere quedado a firme la sentencia condenatoria.

En consecuencia, las multas por infracciones a la Ley de Tránsito, prescriben en el plazo de un año desde que la sentencia condenatoria se encuentra firme o ejecutoriada.

Excepción (caso del artículo 24 inciso primero de la Ley 18.287 en relación con el artículo  3 inciso tercero de la misma ley). Este caso se refiere a las denuncias a la ley de tránsito efectuadas en alguna de las siguientes situaciones:

1.1   Si el infractor no estuviere presente, y se dejara la citación en el vehículo sin adherirla;

1.2   Cuando el vehículo estuviere en movimiento.

En estas situaciones la multa prescribirá en el plazo de 3 años desde su anotación en el Registro de Multas de Tránsito no pagadas.

Prescripción de las acciones persecutorias de la responsabilidad infraccional.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 54 inciso segundo de la Ley N°15.231, las acciones persecutorias por contravenciones a la Ley de Tránsito prescribirán en el plazo de 6 meses contados desde la fecha de la infracción. 

Interrupción de la Prescripción de la acción.

Se interrumpe por el plazo de un año por el hecho de haberse deducido demanda, denuncia o querella ante el Tribunal competente.

Reforma constitucional en relación con el derecho de sufragio de los chilenos en el extranjero

Con fecha 3 de mayo del año 2014, se publicó la Ley de Reforma Constitucional N°20.748, que Regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país, y que modificó el artículo 13 inciso tercero de la Constitución, quedando de la siguiente manera:

   “Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Una ley orgánica constitucional establecerá el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral y regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero, en conformidad con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 18.”.

Procedimiento de Tutela Laboral resulta aplicable también a los funcionarios públicos

La Corte Suprema, con fecha 30 de abril del año 2014, al pronunciarse sobre un Recurso de Unificación de Jurisprudencia señaló que los funcionarios públicos también se encuentran amparados por el Procedimiento de Tutela Laboral regulado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, en razón de que el Estatuto Administrativo  no  contiene  normas que regulen un procedimiento jurisdiccional especial para conocer y resolver las denuncias de vulneración de derechos fundamentales que afecten a los funcionarios en el ámbito de la relación de trabajo, y al no resultar contrarias dichas normas al Estatuto Administrativo resultan plenamente aplicables.

Lo anterior, se fundamenta en el artículo 1 inciso tercero del Código del Trabajo, que sostiene: “Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.”

Para conocer más detalles haz click aquí.

Fuente de Información: www.poderjudicial.cl

Giro Doloso de Cheques

TIPIFICACIÓN.

El delito de Giro Doloso de Cheques está tipificado en el artículo 22 del DFL N°707, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.

Conductas del TIPO PENAL.

1. El librador que girare un cheque sin tener los fondos o créditos suficientes en la Cuenta Corriente del Banco librado.

2. El librador que después de expedido un cheque retirare los fondos disponibles en la cuenta corriente;

3. El librador que girare un cheque sobre cuentas corrientes cerradas o inexistentes;

4. El librador que revocare un cheque por causales distintas de las señaladas a continuación:

  • Cuando la firma del librador hubiere sido falsificada;
  • Cuando el cheque hubiere sido alterado con respecto a la suma o a la persona del beneficiario, con posterioridad a la emisión;
  • Cuando el cheque hubiere sido perdido, hurtado o robado.

Pero además, el tipo penal exige un requisito adicional para que se configure el delito, y que se refiere al hecho de que el librador no consignare los fondos suficientes para atender al pago del cheque, de los intereses corrientes y de las costas judiciales, dentro del plazo de 3 días contados desde la fecha en que sea notificado judicialmente del protesto. De tal manera que, mientras no se inicie la gestión judicial de Notificación del Protesto de Cheque, no se puede configurar el delito de giro doloso de cheques.

PENA.

El que sea condenado por este delito, será sancionado con las penas del artículo 467 del Código Penal, que son las siguientes:

1.º Con presidio menor en sus grados medio a máximo
y multa de once a quince unidades tributarias mensuales,
si la defraudación excediera de cuarenta unidades
tributarias mensuales.
2.º Con presidio menor en su grado medio y multa de
seis a diez unidades tributarias mensuales, si excediere
de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de
cuarenta unidades tributarias mensuales.
3.º Con presidio menor en su grado mínimo y multa
de cinco unidades tributarias mensuales, si excediere de
una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro
unidades tributarias mensuales.

La pena señalada en el N°3 se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a 1 UTM.

PRESCRIPCIÓN.

La acción penal prescribe en el plazo de un año contado desde la fecha del protesto del cheque.

Inaplicabilidad del artículo 2.331 del Código Civil

El Tribunal Constitucional con fecha 29 de agosto del año 2013,  a raíz de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulado en relación con una gestión de indemnización de perjuicios, declaró que la aplicación del artículo 2.331 del Código Civil resultaría contraria a los números 4 y 26 del artículo 19 de la Constitución para dicha gestión, por cuanto restringiría la tutela civil frente a la lesión deliberada o negligente del derecho a la honra.

El artículo  2.331 del Código Civil dispone lo siguiente: “Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero;  pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de la imputación.”

Notificación judicial del protesto de una letra de cambio, pagaré o cheque (artículo 434 N°4 del C.P.C)

Concepto.

Es una gestión preparatoria de la vía ejecutiva que se traduce en la presentación de un escrito ante el Juzgado de Letras en lo civil del domicilio del deudor, solicitando que se notifique judicialmente el protesto de la letra de cambio, pagaré o cheque a cualquier de los obligados a su pago, bajo el apercibimiento de tener por preparada la vía ejecutiva en el caso que no se oponga tacha de falsedad de sus firmas dentro del plazo de 3 días.

Casos en que procede esta gestión.

  1. En el caso que se pretenda cobrar una letra de cambio o pagaré que no haya sido protestado personalmente por falta de pago al aceptante o suscriptor, respectivamente, y cuyas firmas no hayan sido autorizadas ante Notario. Se entiende que el protesto es personal cuando el aceptante o el suscriptor del documento o algunos de los demás obligados al pago, concurre a la citación del ministro de fe a ser requerido de pago, en el día que hubiere sido citado.
  2.  En el caso que se pretenda cobrar un cheque en que la firma de cualquiera de sus obligados no haya sido autorizada ante Notario.
  3. En el caso que se pretenda cobrar una letra de cambio o pagaré a cualquiera de los obligados al pago que no sea el aceptante o suscriptor.

Actitudes que puede adoptar el deudor una vez notificado.

  1. No comparecer. En este caso, el acreedor, transcurrido el plazo de tres días desde la notificación, deberá solicitar al tribunal que se certifique que el deudor no ha opuesto tacha de falsedad de su firma.
  2. Comparecer y tachar de falsa su firma. En este caso, se formará una cuestión accesoria al juicio, que debe ser resuelta por el juez, y si en definitiva, resuelve que la firma es auténtica, se tendrá por preparada la vía ejecutiva.

Precario

Concepto.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2195 inciso segundo del Código Civil, el precario es  “la tenencia de un cosa ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño”.

No hay que confundir el comodato precario con el precario, puesto que en el comodato precario la tenencia de la cosa está justificada por la existencia de un contrato previamente celebrado entre las partes, con la particularidad de que el comodante (la parte del contrato que entrega gratuitamente la especie mueble o raíz) se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa en cualquier tiempo, mientras que en el precario la tenencia de la cosa constituye una situación de hecho irregular caracterizada por la ausencia de contrato previo y fundada en la ignorancia y mera tolerancia del dueño.

Requisitos del Precario.

  1. Que un tercero detente la mera tenencia de  una cosa ajena sin previo contrato;
  2. Que la mera tenencia se deba a la ignorancia o mera tolerancia del dueño de la cosa.

Juicio de Precario.

Es aquel en que el dueño de una especie mueble o raíz solicita al juez, mediante un procedimiento sumario, la restitución de dicha especie por estar siendo detentada por un tercero sin previo contrato y por  ignorancia o mera tolerancia de su parte.

Por lo tanto, el objetivo de este juicio es poner término a esa situación irregular de mera tenencia y así la especie vuelva a estar en posesión del dueño.

¿ Qué se debe probar en el juicio de precario?

  1. Que el demandante es el dueño de la cosa cuya restitución se solicita;
  2. Que el demandado detente la mera tenencia de la cosa;
  3. Que la mera tenencia del demandado no esté fundada en un contrato previamente celebrado;
  4. Y, que dicha mera tenencia  se deba a la ignorancia o mera tolerancia del demandante.

Basta con que el demandante logre probar los hechos a que se refieren los dos primeros puntos antes mencionados para que el tribunal acoja la acción de precario.

Diferencias entre la acción de precario y la acción reivindicatoria

Hay dos diferencias básicamente:

  1. Que la acción reivindicatoria se dirige contra el “actual poseedor”, mientras que la acción de precario se dirige contra el “mero tenedor”.
  2. Que la ignorancia y mera tolerancia del dueño  constituyen requisitos de procedencia únicamente respecto de la acción de precario.

Ley que rebaja impuesto territorial de propiedades de adultos mayores vulnerables

El día 5 de marzo del año 2014, se publicó la Ley N°20.732, que rebaja el impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente, de tal manera que, el importe de la tercera y cuarta cuota del impuesto  de un año y de la primera y segunda cuota de dicho impuesto del año siguiente, no sea superior al cinco por ciento de los ingresos anuales del contribuyente de dicho impuesto del año anterior al año de la tercera y cuarta cuota aludidas.

 

Acoso Laboral

Antecedente

La Ley N°20.607, publicada con fecha 8 de agosto del año 2012, introduce expresamente la figura del Acoso Laboral al Código del Trabajo.

Concepto

Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

Sujetos

1. Sujeto Activo. El empleador o uno o más trabajadores.

2. Sujeto Pasivo. Uno o más trabajadores.

Causal de término del Contrato de Trabajo

Las conductas de acoso laboral en que incurra un trabajador en contra de otro trabajador, constituye una de las causales en virtud de las cuales el empleador puede poner término al contrato de trabajo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 160 letra f) del Código del Trabajo.

Despido Indirecto

Si el que incurriere en conductas de acoso laboral fuere el empleador, entonces, el trabajador afectado queda facultado para poner término al contrato de trabajo, demandando el despido indirecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo.

Inauguración del Año Judicial 2014.

En esta ocasión, el Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en la ceremonia del día 1 de marzo del año 2014, abordó las siguientes materias:

1. El  derecho de las victimas en el proceso penal;

2. La independencia del Poder Judicial, en relación a las críticas hacia los jueces que en el último tiempo han sostenido autoridades de otros poderes del Estado;

3. El Proyecto de Reforma Procesal Civil, haciendo un llamado al Congreso a considerar las observaciones efectuadas por la Corte Suprema.

4. Estado y avance de las causas sobre violación de los derechos humanos;

Proyecto de Ley que modifica régimen previsional de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y Gendarmería.

El día 20 de febrero del año 2014, se promulgó Proyecto de Ley que modifica algunos aspectos previsionales las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, tales como la eliminación gradual de la cotización del Fondo de Retiro de los Pensionados mayores de 65 años,  la limitación de los beneficios de montepío, restricción de la reliquidación de la pensión a una sola vez, y la supresión de la posibilidad de obtener una segunda pensión en estos sistemas previsionales.

Modificación a la Ley del Tabaco

El 8 de febrero del año 2013, se publicó la Ley N°20.660, sobre “Ambientes Libre de Humo de Tabaco”, que introduce una serie de modificaciones a la ley que regula actividades relacionadas con el tabaco.

Esta Ley dispone la prohibición de fumar en los siguientes lugares:

a) Todo espacio cerrado que sea un lugar accesible al público o de uso comercial colectivo, independientemente de quien sea el propietario o de quien tenga derecho de acceso a ellos.

b) Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias de:

  • Establecimientos de educación parvularia, básica y media.
  • Recintos donde se expendan combustibles.
  • Aquellos lugares en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos, materiales inflamables, medicamentos o alimentos.
  • En las galerías, tribunas y otras aposentadurías destinadas al público en los recintos deportivos, gimnasios o estadios. Esta prohibición se extiende a la cancha y a toda el área comprendida en el perímetro conformado por dichas galerías, tribunas y aposentadurías, salvo en los lugares especialmente habilitados para fumar que podrán tener los mencionados recintos.

     c) Medios de transporte de uso público o colectivo, incluyendo ascensores.”.

d) En los siguientes lugares, salvo en sus patios o espacios al aire libre:

  •       Establecimientos de educación superior, públicos y privados.
  •      Aeropuertos y terrapuertos.
  •      Teatros y cines.
  •      Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en general.
  •      Supermercados, centros comerciales y demás establecimientos similares de libre acceso al público.
  •      Establecimientos de salud, públicos y privados, exceptuándose los hospitales de internación siquiátrica que no cuenten con espacios al aire libre o cuyos pacientes no puedan acceder a ellos.
  •      Dependencias de órganos del Estado.
  •      Pubs, restaurantes, discotecas y casinos de juego.

Se presentó Proyecto de Ley que prohíbe efectuar descuentos por deudas en el finiquito.

Los diputados Andrade y Lemus, el día 28 de enero del año 2014, presentaron Proyecto de Ley que prohíbe efectuar descuentos en el finiquito de término de la relación laboral respecto de créditos contraídos por los trabajadores, introduciendo un nuevo artículo 64 al Código del Trabajo que establecería lo siguiente:

“El empleador no podrá deducir sumas o porcentajes del finiquito u otro instrumento a que se refiere el artículo 177, destinadas al pago de obligaciones a plazo que haya contraído el trabajador con el mismo empleador u otra entidad. El empleador deberá pagar la totalidad de las sumas que se adeuden al trabajador, por concepto de remuneraciones, indemnizaciones u otras prestaciones de origen legal o contractual”.

Corte Suprema rechaza recurso de casación en el fondo interpuesto por pequeños comerciantes por saqueos pos terremoto

Con fecha 24 de diciembre del año 2013, la Corte Suprema rechazó recurso de casación en el fondo, interpuesto por un grupo de pequeños comerciantes instalados  en la comuna de San Pedro de la Paz, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 17 de mayo del año 2013, con ocasión de la serie de saqueos y destrozos que afectaron sus locales pos terremoto del 27 de febrero del año 2010.

Reforma Constitucional establece obligatoriedad del segundo nivel de transición (KINDER)

La Ley de Reforma Constitucional N°20.710, de fecha 11 de diciembre del año 2013, reemplazó el párrafo cuarto del N°10 del artículo 19 de la Constitución, por el siguiente:

“Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.”.

Corte de Apelaciones de Santiago reconoce derecho del SERNAC para accionar en caso farmacias.

La Corte de apelaciones de Santiago acogió un recurso de apelación deducido por el SERNAC, revocando la sentencia dictada por el 10° Juzgado Civil de Santiago y que declaraba inadmisible la demanda colectiva por vulneración del interés colectivo y difuso de los consumidores, interpuesta por el SERNAC, con fecha 1° de febrero del año 2013.

Entre los argumentos que da el Tribunal de alzada para revocar la sentencia apelada, se encuentra que la Ley N°19.496 no establece ninguna limitación para que el SERNAC puede accionar en favor de los intereses de los consumidores afectados por las conductas que sancionó previamente el Tribunal de la Libre Competencia, sino que por el contrario, dicho texto legal establece una facultad amplia para que dicho organismo pueda velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los derechos de los consumidores y hacerse parte en aquellas causas que comprometan los intereses generales de los consumidores.

Mas información en http://www.poderjudicial.cl

Proyecto de Ley aumenta sanciones en materia de obligaciones pago y cobro de cotizaciones previsionales

El día 19 de noviembre del año 2013, se presentó una moción parlamentaria que  tiene por objeto aumentar las sanciones establecidas en la Ley N°17.322 para  los empleadores y entidades previsionales o de seguridad social en materia de cobranza judicial de cotizaciones.

El proyecto establece el pago de una multa y apremio de arresto de 3 a 6 meses para al empleador que no consigne oportunamente las sumas referidas al pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores.

Actualmente, la Ley N°17.322, establece apremio de arresto de hasta por 15 días para el empleador que no paga las cotizaciones previsionales.

Desahucio en el arrendamiento de predios urbanos (Ley N°18101)

CONCEPTO DE DESAHUCIO.

El desahucio es el acto jurídico unilateral en virtud del cual un contratante manifiesta anticipadamente al otro contratante su intención de poner término al contrato. Pero este acto jurídico unilateral tiene la particularidad de que no requiere de la aceptación del otro contratante para perfeccionarse.

 CARACTERÍSITCAS DEL DESAHUCIO.

El desahucio en el arrendamiento de predios urbanos tiene las siguientes particularidades:

  1. Es irrevocable;
  2. Debe darse con una anticipación mínima, que depende de la duración del contrato de que se trate;
  3. No requiere de aceptación para perfeccionarse;
  4. Puede ser judicial o extrajudicial;
  5. Procede respecto de contratos de plazo indefnido, y excepcionalmente, respecto de contratos de plazo definido.

 CONTRATOS RESPECTO DE LOS CUALES PROCEDE.

Procede por regla general respecto de contratos de arrendamiento de plazo indefinido, y tratándose de contratos de arrendamiento de plazo definido debe respetarse el plazo pactado, en virtud del principio de fuerza obligatoria que tienen los contratos para las partes, por aplicación del artículo 1545 del Código Civil.

Excepción: 

La Ley N°18.101 establece que el arrendador también podrá solicitar el desahucio en los contratos en que el plazo haya sido pactado mes a mes.

Lo anterior, es sin perjuicio de que las partes, voluntariamente, podrán pactar  cláusulas de término anticipado en los contratos de arrendamiento de plazo fijo.

 FORMA COMO DEBE HACERSE EL DESAHUCIO DADO POR EL ARRENDADOR.

El desahucio debe hacerse mediante notificación personal efectuada por un notario o mediante la presentación de una demanda judicial.

 PLAZO CON QUE DEBE HACERSE EL DESAHUCIO DADO POR EL ARRENDADOR.

El plazo del desahucio será de 2 meses, contado desde la notificación respectiva, aumentándose en un mes por cada año completo que el arrendatario hubiere ocupado el inmueble, sin embargo, en total el plazo no podrá exceder de 6 meses.

 RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE POR PARTE DEL ARRENDATARIO.

El arrendatario desahuciado podrá restituir el inmueble antes de expirado el plazo del desahucio, en cuyo caso sólo estará obligado a pagar las rentas hasta el día de la restitución.

Caso de Restitución del inmueble abandonado por el arrendatario.

Esta situación está tratada en el artículo 6 de la Ley N°18101, el cual permite que el arrendador solicite al Tribunal competente que el inmueble le sea entregado sin forma de juicio, con la sola certificación del abandono por un ministro de fe.

Se establece plazo para extender finiquito de trabajo

El día 23 de agosto del año 2013, se publicó la Ley N°20.684, que establece plazo para el otorgamiento del finiquito del contrato de trabajo, introduciendo las siguientes modificaciones al Código del Trabajo:

1. Se elimina del inciso primero del artículo 163 (sobre Indemnización por años de servicios), la expresión “al momento de la terminación”.

2. Se agrega al inciso primero del artículo 177, lo siguiente: “El finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesto a su pago a disposición del trabajador dentro de diez días hábiles, contados desde la separación del trabajador. Las partes podrán pactar el pago en cuotas de conformidad con los artículo 63 bis y 169.”

Citación a Confesar Deuda

La Citación a confesar deuda, es una Gestión Preparatoria de la Vía Ejecutiva, es decir, aquella gestión judicial destinada a crear un título ejecutivo perfecto, cuando no se cuenta con  antecedente alguno en que conste la obligación que se trata de hacer efectiva y que permita iniciar un juicio ejecutivo.

La persona que es citada judicialmente a confesar una deuda, puede adoptar una de las siguientes actitudes:

  1. Comparecer al tribunal, y confesar la deuda, en cuyo caso, se tendrá por preparada la vía ejecutiva y el gestor de la citación, contará con un Título ejecutivo perfecto para iniciar un juicio ejecutivo y así hacer efectivo el cumplimiento de la deuda;
  2. Comparecer al tribunal y negar la deuda, en cuyo caso,  terminará de inmediato la gestión y el acreedor no contará con un título ejecutivo para iniciar un juicio ejecutivo;
  3. Comparecer al tribunal y dar respuestas evasivas, en este caso, el acreedor podrá solicitar que se tenga por confeso al deudor  y preparada la vía ejecutiva en virtud del apercibimiento del artículo 435 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil;
  4. No comparecer al Tribunal, en este caso, el igual que el anterior, el gestor de la medida, podrá solicitar al tribunal que tenga por confeso al deudor y por preparada la vía ejecutiva en virtud del apercibimiento del artículo 435 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil.

Corte de Apelaciones confirmó parcialmente sentencia que condenó a la Municipalidad de Puente alto

Con fecha 10 de Julio del año 2013, la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, falló el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada por el 5° Juzgado Civil de Santiago,  en la causa que iniciaron 28 propietarios de las casas construidas por la empresa Copeva en contra de la Municipalidad de Puente Alto y el SERVIU METROPOLITANO, confirmando parcialmente la sentencia en el sentido de que se condena a la Municipalidad de Puente Alto por concepto de daño moral a pagar la suma de $1.000.000 a favor de cada uno de los demandantes.

Además, en dicho fallo se revocó la sentencia apelada en cuanto se condenaba  a la Municipalidad de Puente Alto a pagar la suma de $3000.000 por concepto de daño material a favor de cada uno de los demandantes, rechazándose la demanda en este aspecto.

Causales de Término del Contrato Individual de Trabajo

Las causales de término del contrato de trabajo son de derecho estricto, esto significa que sólo se podrá poner término al contrato de trabajo por alguna de las causales señaladas por la ley.

CLASIFICACIÓN.

Se pueden clasificar atendiendo a si dan o no derecho al trabajador para percibir la indemnización por años de servicio a que se refiere el artículo 163 del Código del Trabajo.

CAUSALES QUE NO DAN DERECHO AL TRABAJADOR A RECIBIR INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO.

1. Causales del artículo 159 del Código del Trabajo.

  • 1.1 Mutuo acuerdo de las partes;
  • 1.2 Renuncia del Trabajador;
  • 1.3 Muerte del trabajador;
  • 1.4 Vencimiento del plazo convenido en el contrato;
  • 1.5 Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato;
  • 1.6 Caso fortuito o fuerza mayor.

2. Causales del artículo 160 del Código del Trabajo:

Se refieren a los casos en que el empleador le ponga término al contrato de trabajo por:

2.1 Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan:

  • 2.1.1 Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones;
  • 2.1.2 Conductas de acoso sexual;
  • 2.1.3  Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador
  • que se desempeñe en la misma empresa;
  • 2.1.4 Injurias proferidas por el trabajador al empleador, y
  • 2.1.5 Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña.

2.2  Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador.

2.3 No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra.

2.4. Abandono del trabajo por parte del trabajador;

2.5 Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos.

2.6 El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías.

2.7 Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

Eventualmente, el empleador estará obligado a pagar la indemnización por años de servicio si el contrato de trabajo hubiere terminado por alguna de las causales del artículo 159 y 160 del Código de Trabajo, si así se hubiese pactado convencionalmente en virtud de negociación individual o colectiva.

CAUSALES QUE DAN DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO.

1. Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio (artículo 161, inciso primero);

2. Desahucio escrito del empleador, en el caso de los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades generales de administración, y en el caso de los trabajadores de casa particular (artículo 161, inciso segundo).

Demanda por Crédito Corfo

Un grupo de personas endeudadas con el Crédito CORFO y con el Crédito con Aval del Estado (CAE) presentó una demanda declarativa de pago en contra del Fisco y ciertas Instituciones Financieras, ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, con el objeto de que se dejen sin efecto los actos de consumo en que se basaron dichos créditos y se indemnice a los afectados.

Entre los fundamentos de Derecho esgrimidos en la demanda se encuentra la letra c) del numeral 2 del Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y publicado en el Diario Oficial el 27 de mayo del año 1989, que dispone lo siguiente: “La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implementación progresiva de la enseñanza gratuita. “

Procedimiento de Posesión Efectiva

El procedimiento varía dependiendo de si se trata de una sucesión intestada (cuando no hay testamento) o de una  sucesión testada.

PROCEDIMIENTO DE POSESIÓN EFECTIVA DE UNA SUCESIÓN INTESTADA.

En este caso, no se trata de un procedimiento judicial, sino que administrativo, regido por la Ley 19.903.

Preguntas frecuentes.

1. ¿ Quién puede solicitar la posesión efectiva?

R. Cualquier persona que invoque la calidad de heredero, bastando para identificarse como tal la cédula de identidad vigente.

2. ¿ Ante quién se solicita la posesión efectiva?

R. Ante cualquier oficina del Servicio del Registro Civil e Identificación.

3. ¿ Qué documentos se requieren?

R. En términos generales, sólo se requiere el formulario confeccionado por el Servicio del Registro Civil.

4. ¿ Qué se debe acompañar al formulario?

R. Un Inventario de los bienes existentes al fallecimiento del causante, indicando tanto bienes muebles como inmuebles del causante, particularizándolos uno a uno, o señalando colectivamente los que consistan en número, peso o medida, con exposición de la cantidad y calidad esencial; comprenderá también créditos y deudas de que hubiere comprobantes y en general todos los objetos presentes. El inventario deberá incluir la valoración de los bienes.

        La individualización de los bienes raíces sólo contendrá la remisión expresa a fojas, número, año y registro conservatorio de cada propiedad, y será suficiente para practicar las inscripciones que sean necesarias. Tratándose de otros bienes sujetos a registro, deberán señalarse los datos necesarios para su ubicación o individualización.

5. ¿ Cómo se otorga?

R. Por resolución fundada del Director Regional del respectivo Servicio.

6. ¿ Qué pasa si es rechazada la solicitud?

R. Se podrá solicitar nuevamente, en cuyo caso deberá conocerla el mismo Director Regional que rechazó la primera.

7. ¿ A quién se otorga la posesión efectiva?

La posesión efectiva será otorgada a todos los que posean la calidad de herederos,  de conformidad a los registros del Servicio de Registro Civil e Identificación, aun cuando no hayan sido incluidos en la solicitud y sin perjuicio de su derecho a repudiar la herencia de acuerdo a las reglas generales.

8. ¿ Que se debe hacer con la resolución que concede la posesión efectiva?

R. La resolución que conceda la posesión efectiva de la herencia será publicada en extracto por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un diario regional correspondiente a la Región en que se inició el trámite, en día 1º o 15 de cada mes o el día hábil siguiente, si éstos recayeren en día sábado o feriado. Sin perjuicio de los medios complementarios de publicidad que establezca el reglamento, el Servicio mantendrá a disposición del público un ejemplar de las publicaciones en cada una de sus oficinas.

9. ¿ Qué sucede una vez efectuada la publicación de la resolución?

R. Efectuada la publicación de la resolución, el Director Regional competente ordenará inmediatamente la inscripción de la resolución en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas.

10. ¿ Hay que pagar por el trámite?

Sólo se paga cuando el valor de los bienes dejados por el causante excede las 15 unidades tributarias anuales.

PROCEDIMIENTO DE POSESIÓN EFECTIVA DE UNA HERENCIA TESTADA.

Se trata de un procedimiento judicial que deberá iniciarse ante el Juzgado Civil del lugar en que el causante haya tenido su último domicilio, y se tramitará inconformidad a las normas contenidas en el Título VIII del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil.

Modificación a Ley sobre donante de órganos

El día 7 de junio del año 2013, se publicó la Ley N°20.673, que modifica a la Ley N°19.451, sobre “Trasplante y donación de órganos”, estableciéndose básicamente lo siguiente: “Toda persona mayor de dieciocho años será considerada, por el solo ministerio de la ley, como donante de sus órganos una vez fallecida, a menos que hasta antes del momento en que se decida la extracción del órgano, se presente una documentación fidedigna, otorgada ante notario público, en la que conste que el donante en vida manifestó su voluntad de no serlo. El notario deberá remitir dicha información al Servicio de Registro Civil e Identificación para efectos del Registro Nacional de No Donantes, según lo establezca el reglamento respectivo.”

Antes de esta modificación, la Ley sobre Trasplante y donación de órganos señalaba lo siguiente:   “Toda persona mayor de dieciocho años será considerada, por el solo ministerio de la ley, donante de sus órganos una vez fallecida, a menos que en vida haya manifestado su voluntad de no serlo en alguna de las formas establecidas en esta ley.”

Es decir, con esta modificación legal, se ha restringido a una declaración ante notario la forma en que las personas pueden manifestar su voluntad de no disponer de sus órganos después de su fallecimiento.

Aprobación de proyecto sobre cuidado compartido de los hijos

Se aprobó Proyecto de Ley que introduce modificaciones a diversas disposiciones del  Código Civil, en materia de cuidado personal de los hijos, estableciendo el principio de la corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.

Entre las principales modificaciones introducidas por este proyecto, se encuentra la referida al artículo 225 del Código Civil, disponiéndose que en caso que los padres vivan separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida.

Actualmente la disposición antes mencionada, establece que si los padres viven separados el cuidado personal corresponde a la madre, y excepcionalmente, los padres pueden acordar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre.

Además, es toda una novedad en nuestra legislación que, en que caso que los padres vivan separados, pueden acordar el cuidado personal compartido.

Bienes inembagables

La regla general es que el acreedor puede perseguir su crédito en todos los bienes del deudor, sean raíces o muebles, presentes o futuros,  salvo aquellos que la ley ha declarado inembargables.

Los bienes inembargables están constituidos principalmente por los enumerados en el artículo 445 del Código de Procedimientos, que paso a indicar a continuación:

1° Los sueldos, las gratificaciones y las pensiones  de gracia, jubilación, retiro y montepío que pagan el Estado y las Municipalidades.

Sin embargo, tratándose de deudas que provengan de pensiones alimenticias decretadas judicialmente, podrá embargarse hasta el 50% de las prestaciones que reciba el alimentante en conformidad al inciso anterior;

2° Las remuneraciones de los empleados y obreros en la forma que determinan los artículos 40 y 153 del Código del Trabajo;

3° Las pensiones alimenticias forzosas;

4° Las rentas periódicas que el deudor cobre de una fundación o que deba a la liberalidad de un tercero, en la parte que estas rentas sean absolutamente necesarias para sustentar la vida del deudor, de su cónyuge y de los hijos que viven con él y a sus expensas;

5° Los fondos que gocen de este beneficio, en conformidad a la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile y en las condiciones que ella determine;

6° Las pólizas de seguro sobre la vida y las sumas que, en cumplimiento de lo convenido en ellas, pague el asegurador. Pero, en este último caso, será embargable el valor de las primas pagadas por el que tomó la póliza;

7° Las sumas que se paguen a los empresarios de obras públicas durante la ejecución de los trabajos.

Esta disposición no tendrá efecto respecto de lo que se adeude a los artífices u obreros por sus salarios insolutos y de los créditos de los proveedores en razón de los materiales u otros artículos suministrados para la construcción de dichas obras;

8° El bien raíz que el deudor ocupa con su familia, siempre que no tenga un avalúo fiscal superior a cincuenta unidades tributarias mensuales o se trate de una vivienda de emergencia, y sus ampliaciones, a que se refiere el artículo 5° del decreto ley N°2552, de 1979; los muebles de dormitorio, de comedor y de cocina de uso familiar y la ropa necesaria para el abrigo del deudor, su cónyuge y los hijos que viven a sus expensas.

La inembargabilidad establecida en el inciso precedente no regirá para los bienes raíces respecto de los juicios en que sean parte el Fisco, Las Cajas de Previsión y demás organismos regidos por la ley del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo;

9° Los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de cincuenta unidades tributarias mensuales y a elección del mismo deudor;

10° Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección;

11° Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado;

12° Los objetos indispensables al ejercicio personal del arte u oficio de los artistas, artesanos y obreros de fábrica; y los aperos, animales de labor y material de cultivo necesarios al labrador o trabajador de campo para la explotación agrícola, hasta la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales y a elección del mismo deudor;

13°. Los utensilios caseros y de cocina, y los artículos de alimento y combustible que existan en

poder del deudor, hasta concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes;

14°. La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente;

15°. Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación;

16°. Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por tasación aprobada judicialmente; pero podrán embargarse por el valor adicional que después adquieran;

17°. Los bienes destinados a un servicio que no pueda paralizarse sin perjuicio del tránsito o de la higiene pública, como los ferrocarriles, empresas de agua potable o desagüe de las ciudades, etc.; pero podrá embargarse la renta líquida que produzcan, observándose en este caso lo dispuesto en el artículo anterior; y

18°. Los demás bienes que leyes especiales prohíban embargar.

 ¿ Qué hacer en caso de que  embarguen un bien inembargable?

Se debe hacer una presentación por escrito ante el tribunal que ordenó el embargo solicitando  su alzamiento, lo que se denomina procesalmente como  “Incidente de Exclusión de Embargo”.

Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad respecto del artículo 54 N°4 de la Ley de Matrimonio Civil.

En el mes de marzo del año 2013, se presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 54 N°4 de la Ley de Matrimonio Civil, que establece la “Conducta Homosexual” como causal del divorcio sanción o culposo,  por considerarlo contrario a lo dispuesto en los artículos 1°, 5° inciso segundo y 19 N°2 todos de la Constitución Política, y que incidiría en un juicio de familia que se encuentra pendiente.

Al respecto, hay que precisar que el que hecho que establece el artículo 54 N°4 de la Ley de Matrimonio Civil como causal de divorcio, no es la tendencia u orientación homosexual de uno de los cónyuges, sino que la “conducta homosexual”, es decir, no basta para configurar dicha causal que una persona tenga atracción sexual hacia otra del mismo sexo (ser homosexual), sino que se requiere además la exteriorización o materialización mediante un acto de la tendencia homosexual (conducta homosexual).

Modificación a la Ley del Tabaco

El 8 de febrero del año 2013, se publicó la Ley N°20.660, sobre “Ambientes Libre de Humo de Tabaco”, que introduce una serie de modificaciones a la ley que regula actividades relacionadas con el tabaco.

Esta Ley dispone la prohibición de fumar en los siguientes lugares:

a) Todo espacio cerrado que sea un lugar accesible al público o de uso comercial colectivo, independientemente de quien sea el propietario o de quien tenga derecho de acceso a ellos.

b) Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias de:

  • Establecimientos de educación parvularia, básica y media.
  • Recintos donde se expendan combustibles.
  • Aquellos lugares en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos, materiales inflamables, medicamentos o alimentos.
  • En las galerías, tribunas y otras aposentadurías destinadas al público en los recintos deportivos, gimnasios o estadios. Esta prohibición se extiende a la cancha y a toda el área comprendida en el perímetro conformado por dichas galerías, tribunas y aposentadurías, salvo en los lugares especialmente habilitados para fumar que podrán tener los mencionados recintos.

     c) Medios de transporte de uso público o colectivo, incluyendo ascensores.”.

d) En los siguientes lugares, salvo en sus patios o espacios al aire libre:

  •       Establecimientos de educación superior, públicos y privados.
  •      Aeropuertos y terrapuertos.
  •      Teatros y cines.
  •      Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en general.
  •      Supermercados, centros comerciales y demás establecimientos similares de libre acceso al público.
  •      Establecimientos de salud, públicos y privados, exceptuándose los hospitales de internación siquiátrica que no cuenten con espacios al aire libre o cuyos pacientes no puedan acceder a ellos.
  •      Dependencias de órganos del Estado.
  •      Pubs, restaurantes, discotecas y casinos de juego.

Derecho de Retracto de los Consumidores

La ley 19.496, establece tres casos en que los consumidores tendrán derecho a retractarse respecto de la adquisición de un bien o la prestación de un servicio.

PRIMER CASO (Letra a) del artículo 3°.bis)

En la compra de bienes y contratación de servicios realizadas en reuniones convocadas o concertadas con dicho objetivo por el proveedor, en que el consumidor deba expresar su aceptación dentro del mismo día de la reunión.

 Plazo para ejerce el retracto.

10 días contados desde la recepción del producto o desde la prestación del servicio.

Forma de hacer valer el retracto.

Mediante el envío de una carta certificada enviada al proveedor, al domicilio señalado en el contrato.

SEGUNDO CASO ( Letra b) del artículo 3°.bis.)

En los contratos celebrados por medios electrónicos, y en aquellos en que se aceptare  una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia, a menos que el proveedor haya dispuesto expresamente lo contrario.

Forma de hacer valer el retracto.

El consumidor se podrá valer de los mismos medios electrónicos que empleó para celebrar el contrato.

Plazo.

Hay que distinguir:

- Si el proveedor envío al consumidor confirmación escrita de la celebración del contrato; el plazo será de 10 días contados desde la recepción del bien o celebración del contrato.

- Si el proveedor no envío al consumidor confirmación escrita de la celebración del contrato; el plazo será de 90 días contados desde la recepción del bien o celebración del contrato.

Efecto del retracto.

1. Obligación del Proveedor. El proveedor estará obligado a devolverle al consumidor las sumas abonadas, sin retención de gastos, a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, antes de 45 días siguientes a la comunicación del retracto.

- Excepción. El Proveedor no estará obligado a la devolución de las sumas abonadas respecto de servicios ya prestados a la fecha del retracto.

2. Obligación del Consumidor. Deberá restituir conjuntamente con el bien, los elementos originales del embalaje, como las etiquetas, certificados de garantía, manuales de uso, cajas, elementos de protección o su valor respectivo, previamente informado.

TERCER CASO. (artículo 3.°ter).

Prestaciones de servicios educacionales de nivel superior, proporcionadas por centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, tratándose de alumnos de primer año de la carrera o programa de pregrado, que se encuentren matriculados en otra entidad de educación superior antes de la publicación de los resultados de las postulaciones a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores.

Plazo para retractarse.

10 días antes de que se complete la primera publicación de los resultados de las postulaciones.

Efecto.

Se dejará sin efecto el contrato de prestación de servicios, y se deberán restituir todas las sumas pagadas.

 NOTA. Todo lo dicho respecto del derecho de retracto, es sin perjuicio de que el proveedor puede permitir el retracto en otros casos no señalados por la ley.

Ley que simplifica trámites de constitución de sociedades

Con fecha 8 de febrero del año 2013, se publicó la Ley N°20.656, que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, y que es aplicable para todas las personas jurídicas que voluntariamente se constituyan o acojan a este Ley.

Esta Ley establece que para la constitución, modificación, fusión, división, transformación o disolución de una sociedad comercial, los constituyentes, socios o accionistas deberán suscribir un formulario que deberá inscribirse en un Registro  especial denominado de “Empresas y Sociedades”.

Ley sobre derechos y deberes de los Pacientes

El día 1 de octubre del año 2012, entró en vigencia la Ley N°20.584, sobre “Derechos y deberes que tienen las personas en relación con la atención vinculadas a las acciones vinculadas a su atención de salud”.

Entre los principales derechos de los pacientes que establece esta Ley, destacan los siguientes:

  • De la Seguridad en la atención de salud;
  • Del derecho a un trato digno;
  • Derecho a tener compañía y asistencia espiritual;
  • Derecho a la información;
  • Derecho a reserva de la información contenida en la Ficha Clínica;
  • Derecho a la autonomía de las personas en su atención de salud;

Despido Iindirecto o autodespido

CONCEPTO.

Es la facultad que tiene el trabajador para poner término al contrato de trabajo, en el evento de que sea el empleador el que incurra en algunas de las causales de término del contrato de trabajo de los número 1,5 o 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, o en el caso de que el empleador no cumpla con el procedimiento establecido en el Título IV del Libro II del mismo cuerpo legal, debiendo concurrir al Juzgado del Trabajo competente, dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el día de la terminación de los servicios.

CAUSALES POR LAS CUALES PROCEDE EL DESPIDO INDIRECTO.

1. Cuando el empleador incurriere en alguna de las siguientes causales del artículo 160 del Código del Trabajo:

            1. La del N°1, esto es: Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan:

                        a) Falta de probidad del empleador.

b) Conductas de acoso sexual del empleador contra el trabajador.

c) Vías de hecho ejercidas por el empleador en contra del trabajador

d) Injurias proferidas por el empleador al trabajador, y

e) Conducta inmoral del empleador que afecte a la empresa donde se desempeña el trabajador.

            2. La del N°5, esto es: Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos.

            3. La del N°7, esto es: Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

2. Cuando el empleador no hubiere observado el procedimiento de investigación y sanción del acoso sexual establecido en el Título IV del Libro II.

FORMALIDADES DEL AUTODESPIDO.

El trabajador deberá comunicar por escrito al empleador su decisión de poner término al contrato de trabajo, ya sea personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda el término del contrato. Este aviso deberá enviarse dentro de los tres días hábiles siguientes al de la separación del trabajador, enviando a su vez, copia de dicho aviso a la respectiva Inspección del Trabajo.

 

Sanción al no cumplimiento de las formalidades del autodespido.

En caso de errores u omisiones de los avisos o comunicaciones que el trabajador debe dirigir al empleador, se aplicarán al trabajador las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 508 del Código del Trabajo, pero no producirá de modo alguno, la invalidación de la terminación del contrato.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE DEBE OBSERVAR EL TRABAJADOR.

El trabajador deberá presentar ante el Juzgado Laboral competente con el patrocinio de un abogado una demanda por autodespido, dentro del plazo de 60 días hábiles siguientes a la terminación, ordenando que se declare terminado el contrato de trabajo, y que se paguen las indemnizaciones a que se refiere el artículo 172 del Código del Trabajo.

¿ Qué pasa si el tribunal rechazara la demanda del trabajador?

Hay que distinguir:

  1. Si la causa invocada no es la de conducta de acoso sexual, se entenderá que el contrato ha terminado por la renuncia del trabajador, sin pago de indemnizaciones;
  2. Si la causa invocada es la de acoso sexual, hay que subdistinguir:

2.1    Si se invoca falsamente o con el propósito de lesionar la honra del empleador, y el tribunal hubiese declarado la demanda carente de motivo plausible, además de entenderse que el contrato ha terminado por renuncia del trabajador, éste estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause al afectado;

2.2    Si se invoca maliciosamente, además de la indemnización de perjuicios, el trabajador quedará sujeto a otras acciones legales que procedan.

INDEMNIZACIONES A QUE DA DERECHO EL AUTODESPIDO.

En el caso que la demanda del trabajador sea acogida, tendrá derecho a las siguientes indemnizaciones:

1. Indemnización sustitutiva del aviso previo, equivalente a la última remuneración mensual devengada (artículo 162, inciso cuarto del Código del Trabajo);

2. Indemnización por años de servicio, según lo dispuesto en los incisos primero o segundo del artículo 163 del Código del Trabajo, aumentada de la siguiente manera:

            2.1 En un 50% en el caso que la causal invocada sea la del N°7 del artículo 160.

            2.2 En un 80% en el caso que la causal invocada sea la de los números 1 y 5 del artículo 160.

3. Y, en el caso que las causales invocadas sean las de las letras a) o b) del número 1 del artículo 160, el trabajador podrá pedir las otras indemnizaciones que sean procedentes.

NULIDAD DE DESPIDO Y AUTODESPIDO.

Al respecto hay que señalar que entre los efectos del auto-despido regulado de manera especial en el artículo 171 del Código del Trabajo, sólo se encuentra el pago de las indemnizaciones antes señaladas, no contemplándose los efectos a que da lugar la “nulidad del despido”, por lo tanto, no es aplicable dicha institución al despido indirecto.

Al respecto destaca la sentencia de fecha 24 de marzo del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en los autos ROL N°18-2011, en que se señala lo siguiente: “El artículo 171 del Código del Trabajo que estableció la facultad del trabajador de hacer uso de lo dispuesto en el artículo 160 de ese código, para poner término al contrato de trabajo, entre otras causales, por incumplimiento grave del empleador a las obligaciones del contrato, se refiere exclusivamente al derecho a recibir el pago de las indemnizaciones “establecidas en los incisos 4° del artículo 162 y en los incisos 1° o 2° del artículo 163 del mismo cuerpo legal y los recargos respectivos”, pero nada se indica en dicha disposición legal sobre beneficios que puede obtener el trabajador conforme a lo dispuesto en los incisos 5° y 7° del artículo 162 del referido Código, con lo cual no es posible, en este caso muy particular de “despido indirecto” agregarse otras circunstancias o sanciones como el considerar que “no ha terminado la relación laboral para cancelar remuneraciones y demás prestaciones consignados en el contrato de trabajo durante el período que va desde la fecha de despido y la de envío o entrega de las comunicaciones al trabajador del pago total de las imposiciones adeudadas”, por lo cual, deberá acogerse en este punto, la apelación de la parte empleadora y demandada de autos.”

Permiso de Edificación o Construcción

Obra que requieren permiso.

En general, y en consideración a lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley sobre Urbanismo y Construcciones, requerirán de permiso de edificación “La Construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanos o rurales”.

Excepciones. No requieren de permiso:

- Las obras de infraestructura que ejecute el Estado;

- Las obras urbanas o rurales de carácter ligero o provisorio;

- Las obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas, las de carácter policial de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública;

- Y, las obras de carácter penitenciario, destinadas a sus propios fines.

¿ Quién otorga el permiso?.

El Director de Obras Municipales.

Momento en que debe solicitarse el permiso.

Antes de iniciada la obra de construcción.

Documentos que se deben presentar para solicitar un permiso.

1. Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto proyectista, indicando en ella o acompañando, según corresponda, los siguientes antecedentes:

  • Lista de todos los documentos y planos numerados que conforman el expediente, firmada por el arquitecto proyectista.
  • Declaración simple del propietario de ser titular del dominio del predio.
  • Las disposiciones especiales a que se acoge el proyecto, en su caso.
  • Los profesionales competentes que intervienen en los proyectos.
  • Si el proyecto consulta, en todo o parte, edificios de uso público.
  • Si cuenta con informe favorable de un Revisor Independiente y la individualización de éste.
  • Si cuenta con informe favorable de Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural y la individualización de éste.
  • Si cuenta con anteproyecto aprobado y vigente que haya servido de base para el desarrollo del proyecto, acompañando fotocopia de la resolución de aprobación.

2. Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas vigente o bien del que sirvió de bases para desarrollar el anteproyecto vigente y de la plancheta catastral si ésta hubiere sido proporcionada .

3. Formulario único de estadísticas de edificación.

4. Informe del Revisor Independiente, cuando corresponda, o del arquitecto proyectista, bajo declaración jurada, en los casos de permisos de construcción de un proyecto referido a una sola vivienda o a una o más viviendas progresivas o infraestructuras sanitarias.

5. Informe favorable de Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural, cuando corresponda su contratación.

6. Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado, emitido por la empresa de servicios sanitarios correspondiente. De no existir empresa de servicios sanitarios en el área se deberá presentar un proyecto de agua potable y alcantarillado, aprobado por la autoridad respectiva.

7. Planos de arquitectura numerados, que deberán contener :

  • Ubicación del predio, señalando su posición relativa respecto de los terrenos colindantes y espacios de uso público. Esta información gráfica podrá consultarse dentro del plano de emplazamiento.
  • Emplazamiento de el o los edificios, en que aparezca su silueta en sus partes más salientes, debidamente acotada y con indicación de sus distancias hacia los deslindes respectivos o entre edificios, si correspondiera, incluyendo los puntos de aplicación de rasantes y sus cotas con relación al nivel de suelo natural. En este plano se indicarán, además, los accesos peatonales y vehiculares desde la vía pública.
  • Planta de todos los pisos, debidamente acotadas, señalando los accesos especiales para personas con discapacidad y el o los destinos contemplados.
  • Cortes y elevaciones que ilustren los puntos más salientes de la edificación, sus pisos y niveles interiores, la línea de suelo natural y la rectificada del proyecto, las rasantes en sus puntos más críticos con indicación de sus cotas de nivel, salvo que se ilustren en plano anexo, sus distanciamientos y la altura de la edificación. En caso que haya diferencias de nivel con el terreno vecino o con el espacio público, se indicarán las cotas de éstos y el punto de aplicación de las rasantes. Si se tratare de edificación continua, se acotará la altura de ésta, sobre la cual se aplicarán las rasantes respectivas a la edificación aislada que se permita sobre ella. Los cortes incluirán las escaleras y ascensores si los hubiere, las cotas verticales principales y la altura libre bajo las vigas.
  • Planta de cubiertas.
  • Plano de cierro, cuando el proyecto lo consulte.

    8. Cuadro de superficies, indicando las superficies parciales necesarias según el tipo de proyecto.

   9. Plano comparativo de sombras, en caso de acogerse al artículo 2.6.11. de la presente Ordenanza.

  10. Proyecto de cálculo estructural cuando corresponda de acuerdo con el artículo 5.1.7. de la presente Ordenanza.

  11.Especificaciones técnicas de las partidas contempladas en el proyecto, especialmente las que se refieran al cumplimiento de normas contra incendio o estándares previstos en esta Ordenanza.

  12.Levantamiento topográfico, debidamente acotado, con indicación de niveles, suscrito por un profesional o técnico competente y refrendado por el arquitecto proyectista, salvo que dicha información esté incorporada en las plantas de arquitectura.

  13.Estudio de Ascensores, cuando corresponda.

Plazo que tiene el Director de Obras Municipales para pronunciarse sobre el permiso.

Hay que distinguir:

  • - Si la solicitud de permiso no cuenta con informe favorable de revisor independiente o del arquitecto proyectista, en su caso, el plazo será de 30 días contados desde la fecha de presentación de la solicitud;
  • - Si la solicitud de permiso cuenta con informe favorable de revisor independiente o del arquitecto proyectistas, en su caso, el plazo será de 15 días desde la presentación de la solicitud.

 Obras Ejecutadas sin permiso previo.

En este caso las obras pagarán un recargo del 50% del derecho municipal que correspondiere pagar al momento en que el interesado regularizare su situación.

Si el infractor no regularizare su situación, el Director de obras formulará, en cualquier tiempo, la denuncia ante el Juzgado de Policía Local competente, sin perjuicio de la paralización o demolición de lo construido sin permiso, en su caso.

Corte de Apelaciones de Santiago deja sin efecto resolución que imponía medida de suspensión de sus funciones al alcalde Pedro Sabat

Mediante la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 17 de mayo del 2012,  se deja sin efecto la resolución dictada con fecha 16 de mayo, por la misma Corte, y en virtud de la cual se imponía al alcalde Pedro Sabat, la medida de suspensión de sus funciones por el período de un mes, con goce de medio sueldo, en consideración a lo dispuesto en el numeral 15 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Suspensión de las medidas de Apremio decretadas en contra del Alimentante

Si el alimentante (persona que debe alimentos), no cumpliera con el pago de la pensión que hubiere sido decretada por resolución que cause ejecutoria a favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el Juez de Familia, que hubiere dictado la resolución, de oficio o a petición de parte, deberá imponer al alimentante, como medida de apremio, el arresto nocturno hasta por 15 días. Y si el alimentante persistiera en el incumplimiento de la obligación alimenticia. después de dos períodos de arresto nocturno, el juez podrá apremiarlo con arresto hasta por 15 días, pudiéndose ampliar los sucesivos apremios hasta por 30 días más. Sin embargo, existen causales que habilitan al alimentante para solicitar la suspensión de las medidas de apremio de arresto y arraigo, decretadas en su contra, y que son las siguientes:

  • Cuando el alimentante justificare ante el Tribunal que decretó las medidas de apremio, que carece de los medios económicos suficientes para dar cumplimiento a la obligación alimenticia. En este caso, el Tribunal sólo podrá decretar la suspensión a petición de parte.
  • En caso de enfermedad, invalidez, embarazo y puerperio que tengan lugar entre las 6 semanas antes del parto y doce semanas después de él. En este caso, la suspensión podrá decretarla el tribunal de oficio, a petición de parte, o de Gendarmería de Chile.

 En caso de cualquier circunstancia extraordinaria que impidiere el cumplimiento del apremio o lo transformaren en extremadamente grave

Corte Interamericana de derechos humanos condenó al Estado de Chile

La Corte Interamericana de derechos humanos, en relación a la causa “Atala Riffo y niñas vs Chile, dictó sentencia condenando al Estado de Chile por violación de las siguientes garantías de la Convención Americana sobre derechos humanos:

- Derecho a la igualdad y a la no discriminación;

- Derecho a la vida privada;

- Derecho a ser oído;

- Derecho a la imparcialidad. Este derecho sólo se vulneró, según el fallo, en lo relativo a la investigación  disciplinaria que se hizo en perjuicio de la jueza Atala, pero no en relación a las decisiones emitidas por la Corte Suprema.

Para conocer el fallo click aquí

Cambio de Nombres y Apellidos

La Ley N°17.344, autoriza el cambio de nombres y apellidos.

¿ Quiénes pueden solicitar el cambio de nombres y apellidos?.

Cualquier persona por una sola vez, y tratándose de un menor de edad que careciere de representante legal, o si teniéndolo se negare a autorizar el cambio, el juez resolverá con audiencia del menor, a petición de cualquier consanguíneo de éste o del defensor de ausentes de menores.

¿ Cuáles son las causales que autorizan el cambio de nombres y apellidos?

  • Cuando unos u otros sean ridículos, risibles o menoscaben moral o materialmente;
  • Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de 5 años, por motivos plausibles, con nombres o apellidos, o ambos diferentes de los propios;
  • En los casos de filiación no matrimonial o en que no se encuentre determinada la filiación, para agregar un apellido cuando la persona hubiere sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que se hubieren impuesto al nacido, cuando fueren iguales;
  • Cuando se trate de nombres o apellidos que no sean de origen español, se podrá solicitar su traducción al español.
  • Cuando se solicite la supresión de uno o más nombres que figuren en la partida de nacimiento y que no hubiere usado durante más de 5 años.

¿ Cuál es el Tribunal Competente para conocer de la solicitud?

El Juez de Letras de Mayor o menor cuantía en lo Civil del domicilio del solicitante.

¿ El cambio de apellido afecta a la filiación (a las relaciones entre padre e hijo)?

No, y no podrá hacerse extensivo a los padres del solicitante, pero afectará a sus descendientes sujetos a patria potestad, y también a los demás descendientes que consientan en ello.

Proyecto de Ley que limita edad para tener Licencia Profesional

El proyecto de Ley presentado al Congreso con fecha 4 enero de este año, actualmente en tramitación, y que pretende limitar a 69 años la edad para poder conducir vehículos destinados al transporte de pasajeros, de carga y de trabajo pesado, ha causado polémica y asombro en los medios sociales, debido a que no entrega ninguna justificación racional para determinar que las personas de 69 o más años, por el solo hecho de su edad, no se encuentran en condiciones óptimas para conducir vehículos de transporte, no apoyándose la moción parlamentaria en ningún estudio que acredite aquello.

 Además, hay que tener presente que una diferencia basada exclusivamente en la edad de una persona (sin estar fundada en una justificación racional), constituye una discriminación arbitraria.

 Sin perjuicio de lo anterior, lo que más llama la atención de dicho proyecto es que alude reiteradamente a la seguridad vial, como uno de los argumentos para privar de licencia profesional a los mayores de 69 años, ya que dicho razonamiento está en total discordancia con la realidad nacional, puesto que en Chile los principales causantes de accidentes de tránsito no son los mayores de 69 años, sino que son los jóvenes entre los 18 y 35 años de edad, siendo la principal causa de los accidentes “no estar atento a las condiciones del tránsito”, según las estadísticas entregadas por Carabineros de Chile.

 El texto del proyecto de ley es del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso segundo en el artículo 12 en la ley 18.290 sobre tránsito en el siguiente sentido:

“Sin embargo, las personas al cumplir 69 años por el sólo ministerio de la ley pasaran a poseer licencia no profesional de acuerdo a las prescripciones establecidas en este artículo”

Corte Suprema declara inadmisible recurso de apelación deducido por CODELCO

Con fecha 16 de marzo del año 2012, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de apelación deducido por Codelco en contra de la resolución, que pronunciándose sobre el desistimiento del recurso de protección interpuesto en contra de Anglo American, condenó a CODELCO al pago de las costas de la causa. La Corte Suprema se fundó para tal decisión, en que la resolución que se pronuncia sobre el desistimiento de un recurso de apelación respecto de una acción de protección, no es apelable según lo dispuesto en el N°5 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de Protección.

Para mayor información click aquí

Tercería de Posesión

Concepto.

Es la intervención que hace un tercero en un juicio ejecutivo, mediante una acción dirigida en contra del ejecutante y ejecutado, con el objeto de que se alce el embargo de los bienes respecto de los cuales se encontraba en posesión exclusiva, al momento de producirse la traba del embargo.

¿ Cómo se materializa la tercería de posesión?.

Mediante la presentación de una demanda, que deberá cumplir con los requisitos comunes a todo escrito, con los requisitos especiales de  una demanda, y con la Ley N°18.120 “Sobre comparecencia en juicio”, y que se deberá dirigir en contra del ejecutante y ejecutado, e individualizar los bienes embargados.

Efectos de su interposición.

Por regla general, el solo hecho de su interposición no suspende el procedimiento de apremio.

Excepcionalmente, se suspenderá el procedimiento de apremio cuando la demanda vaya acompañada de antecedentes que constituyan a juicio del tribunal a lo menos una presunción grave de la posesión que se invoca. Pero se suspende sólo respecto de los bienes comprendidos en la tercería de posesión.

Procedimiento.

Se tramitará conforme a las normas de los incidentes, esto es, conforme a lo dispuesto en los artículos 82 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Hecho que se debe probar.

Efectividad de que el tercerista se encontraba en posesión exclusiva de los bienes embargados al momento de la traba.

Derecho del Tercerista.

El tercerista tiene el derecho a que en cualquier estado del juicio puede sustituir el embargo, consignando una cantidad suficiente para el pago de la deuda y las costas.

Inauguración del Año Judicial 2012

El día 1 de marzo pasado en dependencias del Palacio de Tribunales, el Presidente de la Corte Suprema, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, entregó la Cuenta Pública del Poder Judicial correspondiente al año Judicial 2011, y también, dio por inagurado el año judicial 2012, refieriéndose a las siguiente materias:  aumento en el ingreso de causas nuevas y de recursos presentados ante las Cortes; a la creación de Tribunales especiales; al perfeccionamiento de los sistemas de transparencia y probidad del Poder Judicial; autonomía del Poder Judicial, entre otras materias. Además, durante el discurso destacó la modernización del sitio web del poder judicial y su integración con las redes sociales.

Pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Proyecto de Ley que regula el cierre de calles y pasajes

El Tribunal Constitucional, conforme a la facultad conferida por el artículo 93   número 1 de la Constitución, ejerció el Control de Constitucionalidad preventivo respecto del “Proyecto de Ley que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana”, y que introduce modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades, dictaminando en sentencia de fecha 20 de enero del año 2011, lo siguiente:

“1)Que son inconstitucionales y deben eliminarse del texto del proyecto de ley sometido a control las expresiones “y vías locales”, contenida en el párrafo introducido por el número 1 de su artículo único, y “, vía local”, contenida en la letra q) que introduce el número 2 del mismo artículo único.

2)Que el artículo único del proyecto objeto de control, con excepción de las expresiones “y vías locales” contenida en el párrafo agregado por su número 1 y “, vía local” contenida en la letra q) que introduce su número 2, no es contrario a la Constitución, en el entendido de que habilita al cierre y al establecimiento de medidas de control sólo respecto de aquellas calles que tengan una única vía de acceso y salida y no de calles que comunican con otras vías.”

En definitiva, el Tribunal Constitucional optó por declarar inconstitucional parcialmente el proyecto, en lo que dice relación con las expresiones “Vías locales”, y en lo referente al cierre y medidas de control respecto de calles que comuniquen con otras vías; declarándose, en consecuencia, constitucional el proyecto sólo respecto del cierre y medidas de control respecto de calles sin salida o calles que tengan una única vía de acceso y salida.

El fundamento que tuvo el tribunal para declarar inconstitucional la parte del proyecto antes indicada, es la “Libertad de circulación o movimiento” regulada en el N°7 letra a) del artículo 19 de la Constitución, que dispone lo siguiente: “Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de tercero”

Proyecto de Ley sobre despenalización del Aborto por razones médicas

 El día 15 de diciembre del año 2010, los senadores Matthei y Rossi, presentaron un proyecto de ley o moción parlamentaria, que introduce modificaciones tanto al Código Penal como al Código Sanitario, con el objeto de que se despenalice la interrupción del embarazo por razones médicas.

 La moción parlamentaria, contiene el siguiente texto:

“Artículo 1°: Agréguense los siguientes incisos finales al Art. 345 del Código Penal:

 “No se considerará aborto cuando se produzca la muerte del feto como consecuencia de una intervención, tratamiento o administración de algún fármaco que sea indispensable para salvar la vida de la madre, lo que deberá ser certificado por un grupo de tres médicos.

 No será punible la interrupción de un embarazo cuando se haya certificado por un grupo de tres médicos la inviabilidad fetal.

 Un grupo de tres médicos del hospital o del Servicio de Salud correspondiente deberá otorgar en forma unánime e inequívoca las certificaciones de los dos incisos anteriores. Los médicos que otorguen la certificación no podrán formar parte del equipo tratante de la madre.

 

Copia de las certificaciones, sus fundamentos y antecedentes serán mantenidas en el respectivo Servicio de Salud por un período de tiempo de 5 años. Será responsabilidad del Jefe del Servicio de Salud custodiar dichos documentos por el período de tiempo indicado.

 Los médicos que otorgaren certificaciones falsas o que intervengan sin cumplir con las exigencias anteriores serán sancionados con pena de presidio menor en su grado máximo”.

Artículo 2°: Modifíquese el Art. 119 del Código Sanitario, agregando luego de la expresión “aborto”, la frase “sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 345 del Código Penal”.”

La presentación de este Proyecto ha abierto una vez más en Chile el debate en torno el aborto, puesto que hay que recordar que no es el primer proyecto de Ley sobre el aborto que se ha presentado, sino que han sido numerosos los intentos por despenalizarlo, ya sea en forma total o parcial.  Así  por ejemplo, destaca el Proyecto de Ley sobre Despenalización del aborto y consagración del Aborto Terapéutico, presentado por los parlamentarios Girardi y Ominami, que se encuentra en Trámite.

Pero en Chile no sólo se ha mantenido por años la discusión en torno al aborto, sino que también se ha extendido a otros discusiones,  como la relativo al comienzo de la vida humana, discusión que se inició a propósito del debate en torno a ciertos métodos anticonceptivos de emergencia como la llamada “píldora del día después”, sin embargo, este último dilema, en el ámbito estrictamente jurídico está zanjado, puesto que la gran parte de la doctrina y jurisprudencia considera que la vida humana comienza desde la concepción[1].

 Analizando concretamente este último proyecto de Ley sobre Aborto Terapéutico, hay que dejar en claro en primer lugar,  que nuestro Código Penal no se refiere precisamente al “Aborto Terapéutico”, sino que se refiere de manera general al aborto, y nuestro texto Constitucional, por su parte,  ni siquiera utiliza el concepto de aborto, de lo cual se deduce que la idea original del legislador fue prohibir el aborto en términos generales, bajo “todo circunstancia”, sin hacer distinciones entre diversos casos de aborto, por lo tanto, cualquier distinción sobre el mismo en orden a excluir algunos casos para dejarlos impunes atenta contra el espíritu general de toda la legislación nacional sobre el aborto y protección a la vida del que está por nacer.

 La Constitución respecto a la protección del embrión o feto, utiliza una expresión bastante amplia y abstracta, al decir en el inciso tercero del N°1 del artículo 19 lo siguiente: “La ley protege la vida del que está por nacer”; del tenor de dicha expresión, se desprende que hay un mandato general de la Constitución a los legisladores, en el sentido que “deben” establecer leyes que protejan la vida del que está por nacer sin excepciones[2], o sea, del cigoto, embrión o feto, y así lo hacen los artículos 342 al 345 del Código Penal, al penalizar el aborto, estando dichos preceptos en completa armonía con el tenor del texto constitucional. Es decir, nuestra Constitución ordena la dictación de leyes que deben proteger la vida del no nacido sin exclusiones, y esto se logra principalmente penalizando el aborto,  y no lo contrario, ni autorizándolo en ciertos casos. A contrario sensu, cualquier Ley que deje en desprotección la vida del que está por nacer, es “inconstitucional”. De manera tal, que  hay que partir de la base que cualquier intento por desproteger en toda o en ciertas circunstancias la vida del que está por nacer, despenalizando el aborto, requiere de una Reforma Constitucional. Pues bien, el paso siguiente es preguntarse, ¿es posible reformar la Constitución en el sentido de dejar en desprotección al embrión?, la respuesta sería que no, porque hay Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes que establecen el “Derecho a la vida desde el momento de la concepción”, por ejemplo así lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 4, y justamente la Soberanía del Estado de Chile, y particularmente, la libertad del Estado de establecer sus propias leyes, se encuentra limitada por el respeto de los Derechos Humanos, según el artículo 5 inciso segundo de la Constitución[3].

En consideración a todo lo anterior se puede concluir que para generar modificaciones que tengan por objeto despenalizar el aborto en Chile, ya sea en forma absoluta o relativa, no basta con presentar proyectos de Ley, sino que además, se requieren de reformas constitucionales cuya viabilidad estaría truncada por la existencia de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.


[1] El artículo 4 n°1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

 [2] Respecto a la generalidad del mandato Constitucional respecto de la protección del que está por nacer, hay que recordar el aforismo jurídico “cuando el legislador no distingue, al interprete no lo es lícito distinguir”, por lo tanto, que la Constitución se haya referido en términos generales a la protección del embrión, no quiere decir, que autoriza o considera lícitos ciertos casos particulares de aborto, sino todo lo contrario.