Se encuentra en tramitación en el Congreso un proyecto de ley que tiene por objeto establecer la suspensión de los embargos, lanzamientos, remates y ventas en pública.

¿ Qué actuaciones procesales quedarían suspendidas conforme a este proyecto?

1. Los embargos, remates públicos y lanzamientos respecto de inmuebles habitados y aquellos que tengan uso comercial.

2. Los embargos, remates o ventas en pública de los bienes muebles que sean destinados a producir ingresos a sus dueños o poseedores, o que sean necesarios para el desarrollo de un oficio u actividad económica.

¿ Por cuánto tiempo quedarán suspendidas dichas diligencias?

Desde la entrada en vigencia de la ley y hasta doce meses posteriores al término del estado de catástrofe o de sus prórrogas.

¿ En qué procesos o juicios quedarían suspendidos los lanzamientos?

En aquellos juicios en que se haya dictado sentencia ordenando el desalojo respecto de un inmueble.

¿ Qué pasará con los juicios iniciados con posterioridad a la declaración del estado de catástrofe?.

Los Tribunales no podrán ordenar el lanzamiento de inmuebles que sean destinados a la vivienda o uso comercial, hasta por doce meses desde el cese de la vigencia del estado de excepción.

Para que las copias de las factura originales y las facturas electrónicas tengan mérito ejecutivo y puedan ser cobradas mediante un juicio, es necesario realizar una gestión judicial previa que tiene por objeto la notificación de la factura al obligado a su pago, mediante un receptor judicial.

El obligado a su pago, y una vez notificado, podrá dentro del plazo de 3 días, pagar el saldo insoluto de la factura o alegar la falsificación material de la factura o guía o guías de despacho respectivas, o del recibo de las mercaderías o de la prestación del servicio. Pasado el plazo antes indicado, sin que el obligado al pago realice alguna de las conductas antes indicadas, y con el solo mérito del certificado del secretario del tribunal, la factura quedará lista para ser cobrada mediante un juicio ejecutivo.

El permiso de circulación es un impuesto municipal, y como tal, le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 2.521 del Código Civil, que expresa, lo siguiente: “Prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades provenientes de toda clase de impuestos”. 

En virtud de lo anterior, las acciones destinadas al cobro del permiso de circulación prescriben en el plazo de 3 años contado desde que el impuesto se hizo exigible, es decir, a partir del 31 de marzo de cada año calendario.

En consecuencia, el deudor de los permisos de circulación atrasados que tengan más de 3 años, puede solicitar ante el Juzgado de Letras en lo Civil del lugar en el cual se encuentra la Municipalidad en la cual se pagó el último permiso de circulación, la prescripción del impuesto municipal, acompañando, para tales efectos, copia del certificado de deuda municipal y el certificado de anotaciones del vehículo.

El Tribunal constitucional, con fecha 28 de agosto del año 2017, rechazó requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores y por un grupo de diputados, respecto  del proyecto de ley que “regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, en lo referido al establecimiento de las tres causales de aborto, pero fue acogido parcialmente el requerimiento en lo referido a las impugnaciones al artículo 1°, numeral 3 del proyecto, que establece un nuevo artículo 119 ter al Código Sanitario, que regula la objeción de consciencia de los médicos y demás personal profesional de los establecimiento de salud.

Para conocer el texto de la  sentencia del Tribunal Constitucional visita http://www.tribunalconstitucional.cl/

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