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Extravío de título de crédito o de un vale vista.

¿Qué hacer en caso de extravío de un título de crédito?

En el caso de extravío, pérdida o deterioro parcial de un título de crédito, como lo sería, por ejemplo, un pagaré, letra de cambio o vale vista, el interesado o beneficiario del documento deberá presentar una solicitud de declaración de extravío ante el juzgado de letras en lo civil de su domicilio, para efectos de que se le autorice a ejercer los derechos que le corresponden como portador del título. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 88 y siguientes de la Ley N°18.092, sobre Letras de Cambio y Pagaré. La solicitud de extravío deberá contener los datos necesarios para poder identificar el título de crédito extraviado; es decir, se deberá precisar el número del documento, banco emisor y fecha de la operación.

¿Qué documento hay que acompañar a la solicitud de extravío?

Se deberá acompañar a la solicitud la consulta de captación y vigencia respecto del título de crédito extraviado, y en su caso, la constancia o denuncia respectiva.

¿Se debe comunicar al Banco emisor del título de crédito de la solicitud de extravío?

Sí, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 89 de la Ley N°18.092, de la solicitud se conferirá traslado por cinco días hábiles a los obligados y al librado.

¿Hay que realizar algún otro trámite durante la tramitación del procedimiento de extravío?

Sí, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 89 de la Ley N°18.092, se deberá solicitar al tribunal que, dé noticia del extravío del documento y de la solicitud respectiva, por medio de un aviso que se publicará en la edición del Diario Oficial correspondiente a los días primero o quince de cualquier mes o en la del día siguiente hábil, si no se editare en esos días, a fin de que, dentro del plazo de treinta días, los demás interesados comparezcan a hacer valer sus derechos.

Mediación en materia de salud

La Mediación en materia de salud se encuentra definida en el artículo 43 inciso final de la Ley N°19.966, que establece un “Régimen de Garantías en Salud”, de la siguiente manera:  “Procedimiento no adversarial y que tiene por objetivo propender a que, mediante la comunicación directa entre las partes y con intervención de un mediador, ellas lleguen a una solución extrajudicial de la controversia”.

En cuanto al procedimiento de mediación, el legislador ha efectuado la siguiente distinción: mediación por daños ocasionados por Prestadores Públicos de Salud y mediación por daños ocasionados por Prestadores Privados.

a) Mediación por daños ocasionados por Prestadores Públicos de Salud.

Tratándose de daños o perjuicios causados por prestadores públicos de salud, el interesado de manera previa a ejercer las acciones jurisdiccionales tendientes a la reparación de los daños, deberá someterse a un procedimiento de mediación ante el Consejo de Defensa del Estado, el que podrá designar como mediador a uno de sus funcionarios, a otro en comisión de servicio o a un profesional de una carrera de a lo menos diez semestres de duración, que tenga cinco años de experiencia laboral y que no haya sido condenado ni objeto de una formalización de investigación criminal, en su caso, por delito que merezca pena aflictiva.

b) Mediación por daños ocasionados por Prestadores Privados de Salud.

Tratándose de daños o perjuicios ocasionados por prestadores privados de salud, el interesado de manera previa a ejercer las acciones jurisdiccionales tendientes a la reparación de los daños, deberá someterse a un procedimiento de mediación ante mediadores acreditados por la Superintendencia de Salud, cuya designación será de cargo de las partes.  En este caso, el mediador será designado de común acuerdo por las partes, y a falta de acuerdo, la mediación se entenderá frustrada.

¿Qué personas deben ser inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos?

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 22 de la Ley N°21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, en el mencionado Registro se inscribirán las personas que reúnan los siguientes requisitos copulativos:

a) Que estén obligadas al pago de una pensión de alimentos, provisorios o definitivos, fijados o aprobados por resolución judicial que causa ejecutoria.

b) Que adeuden, total o parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas de alimentos provisorios o definitivos, o cinco discontinuas.

Para los efectos antes  indicados los tribunales de familias, de oficio o a petición de parte, una vez practicas las liquidaciones de deuda de pensiones alimenticias, ordenarán al Servicio de Registro Civil e Identificación, con citación del alimentante (persona que debe pagar alimentos) y del alimentario (persona en favor de la cual se deben pagar alimentos), inscribir en el Registro de Deudores a las personas que reúnan las condiciones precedentemente indicadas.

 

Procedimiento para solicitar la prescripción de las deudas vencidas de aseo municipal

Mediante la Ley N°21.554, publicada con fecha 18/04/2023, se estableció que, durante los 12 meses siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, se podrá tramitar ante el juzgado de policía local la prescripción de las deudas vencidas de derechos de aseo municipal que posean una data mayor a cinco años de antigüedad, contada desde la fecha en que se hacen exigibles, bajo las siguientes reglas:

1. Será competente el juzgado de policía local correspondiente al domicilio de la municipalidad acreedora de los derechos de aseo.

2. El interesado debe interponer la solicitud dentro del plazo de doce meses siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, en papel o por vía electrónica de acuerdo a los formularios tipo dispuestos por el juzgado para este efecto. No se requerirá del patrocinio de abogado para su interposición y tramitación.

3. Interpuesta la solicitud el juzgado deberá solicitar informe a la municipalidad correspondiente, la que remitirá, al menos, el certificado de deuda total de derechos de aseo, con indicación de su antigüedad, dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la notificación de la solicitud, sin perjuicio de las excepciones, alegaciones o defensas que sean pertinentes. De no remitirse la información el juzgado reiterará la solicitud por una sola vez, y otorgará el mismo plazo señalado anteriormente. De persistir la omisión de la municipalidad se presumirán ciertas las afirmaciones del solicitante respecto de la deuda. Al evacuar su informe, la municipalidad deberá acompañar, en conformidad a la ley, toda la prueba documental y ofrecer con precisión los restantes medios de prueba. Si fuere necesario, el tribunal fijará día y hora para la celebración de una audiencia, a la que las partes deberán concurrir con todos sus medios de prueba. Ella se celebrará con las partes que asistan.

4. Contra la sentencia procederá la apelación, que se tramitará conforme a las reglas establecidas para los incidentes.

Por último, es del caso precisar que fuera del plazo de vigencia de la presente ley, corresponderá a los Juzgados Civiles seguir conociendo de la prescripción de las deudas por concepto de derechos de aseo municipal.

¿Qué materias del derecho de familia deben ser sometidas a Mediación Previa y Obligatoria?

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley sobre Tribunales de Familia, las siguientes materias deberán someterse a una mediación previa y obligatoria, antes de la presentación de la demanda:

1. Las causas relativas al derecho de alimentos;

2. Las causas relativas al cuidado personal;

3. Las causas relativas a la relación directa y regular, entre padres e hijos.

 

Ley Devuélveme mi casa

Con fecha 30 de junio del año 2022, entró en vigencia la Ley N°21.461, conocida en los medios de comunicación como “Devuélveme Mi Casa”, y que introduce, básicamente, dos modificaciones a la Ley N°18.101, sobre Arrendamiento de Predios Urbanos:

1. Incorpora la medida precautoria de Restitución Anticipada de Inmuebles, dentro del Procedimiento Declarativo de Arrendamiento, y en virtud de la cual, a solicitud del demandante y con el mérito de lo obrado en la audiencia de contestación, conciliación y prueba, el juez podrá ordenar la restitución del inmueble arrendado y el lanzamiento del arrendatario, con el auxilio de la fuerza pública, si fuere necesario. Además, es del caso precisar, que esta medida solamente será procedente en aquellos casos en que el arrendador demandare la terminación del contrato de arrendamiento y la restitución del bien arrendado, por haberse destruido parcialmente o haber quedado inutilizado para su uso, como consecuencia de la acción u omisión del arrendatario en su cuidado.

2. En segundo lugar, incorpora un Procedimiento Monitorio para el Cobro de Rentas de arrendamiento, en virtud del cual el arrendador podrá solicitar que se requiera al deudor o arrendatario, para que dentro del plazo del plazo de 10 días corridos, pague la renta y las cuentas de gastos comunes y de consumo adeudadas, y las que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda, más lo intereses y costas que correspondan, y para el caso de que el deudor no pagare o no compareciere o no formulare oposición, que se le tenga por condenado al pago de la obligación reclamada, bajo el apercibimiento legal y se materialice el lanzamiento en la forma prevista en la ley.

El Procedimiento Monitorio terminará, si antes del vencimiento del plazo previsto para la oposición, el deudor procediere al pago requerido, dando satisfacción total a la deuda, incluidos intereses y costas. Si el pago fuere parcial, se seguirá adelante el Procedimiento Monitorio por la parte de la deuda no solucionada.

Dentro del plazo de 10 días, contados desde la notificación de la demanda, el arrendatario demandado podrá formular por escrito oposición a la demanda monitoria. Si la oposición no se basa en alguna excepción dilatoria, el Tribunal declarará terminado el Procedimiento Monitorio, y quedará sin efecto la resolución que apercibe al deudor con el lanzamiento.

Para más detalle, puedes ver la ley haciendo clic aquí.

Arrendamiento por pieza o habitación

En virtud de la Ley N°21.325, se introdujo a la Ley N°18101, sobre Arrendamiento de Predios Urbanos, un nuevo Título V, denominado «DEL ARRIENDO Y SUBARRIENDO ABUSIVO, Y DEL HACINAMIENTO», y que tiene por objeto de regular el arrendamiento y subarrendamiento por pieza o habitación, estableciéndose ciertas limitaciones al respecto.
En ese sentido, y en virtud de esta modificación, se preceptúa que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, deberá establecer las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación, dimensiones y acondicionamiento térmico de los inmuebles que se destinen al arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la carga de ocupación máxima que podrán tener los inmuebles arrendados por pieza o habitación.
Además, conforme al nuevo texto, se estipula que será considerado abusivo el arrendamiento o subarrendamiento por pieza o habitación que no cumpla con la normativa de la Ley General de urbanismo y Construcciones.
En último término, se estipula que las infracciones a esta nueva normativa en materia de arrendamiento, deberán ser denunciadas ante el Juzgado de Policía Local respectivo.
Sin embargo, mientras no se establezca en la Ley General de Urbanismo y Construcciones las condiciones que deberá cumplir el arrendamiento o subarrendamiento por pieza o habitación, esta normativa carecerá de aplicación práctica.

Notificación electrónica en procedimientos civiles

Mediante la modificación al artículo 49 del Código de Procedimiento, se impuso a las partes litigantes de un procedimiento civil, la carga de señalar en su primera presentación, un medio electrónico de notificación, bajo apercibimiento de serles notificadas las resoluciones por el estado diario.

Se hace presente que el Tribunal podrá notificar al correo electrónico señalado por las partes, las resoluciones indicadas en el artículo 48 del Código de Procedimiento, siempre y cuando, exista solicitud de parte interesada.

Proyecto de Ley que regula Matrimonio entre personas del mismo sexo

El Proyecto de Ley que “Modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo”, y que fue promulgado recientemente por el Presidente de la República, básicamente,  modifica el concepto de matrimonio establecido en el artículo 102 del Código Civil, quedando en definitiva de la siguiente manera: “Un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente”.

Además, modifica diversos artículos del Código Civil, en el sentido de reemplazar los conceptos de marido y mujer por el de cónyuge, y el de padre o madre por progenitor.

 

Proyecto que establece suspensión de embargos, lanzamientos, subastas públicas y remates

Se encuentra en tramitación en el Congreso un proyecto de ley que tiene por objeto establecer la suspensión de los embargos, lanzamientos, remates y ventas en pública.

¿ Qué actuaciones procesales quedarían suspendidas conforme a este proyecto?

1. Los embargos, remates públicos y lanzamientos respecto de inmuebles habitados y aquellos que tengan uso comercial.

2. Los embargos, remates o ventas en pública de los bienes muebles que sean destinados a producir ingresos a sus dueños o poseedores, o que sean necesarios para el desarrollo de un oficio u actividad económica.

¿ Por cuánto tiempo quedarán suspendidas dichas diligencias?

Desde la entrada en vigencia de la ley y hasta doce meses posteriores al término del estado de catástrofe o de sus prórrogas.

¿ En qué procesos o juicios quedarían suspendidos los lanzamientos?

En aquellos juicios en que se haya dictado sentencia ordenando el desalojo respecto de un inmueble.

¿ Qué pasará con los juicios iniciados con posterioridad a la declaración del estado de catástrofe?.

Los Tribunales no podrán ordenar el lanzamiento de inmuebles que sean destinados a la vivienda o uso comercial, hasta por doce meses desde el cese de la vigencia del estado de excepción.

Gestión preparatoria de notificación de cobro de factura

Para que las copias de las factura originales y las facturas electrónicas tengan mérito ejecutivo y puedan ser cobradas mediante un juicio, es necesario realizar una gestión judicial previa que tiene por objeto la notificación de la factura al obligado a su pago, mediante un receptor judicial.

El obligado a su pago, y una vez notificado, podrá dentro del plazo de 3 días, pagar el saldo insoluto de la factura o alegar la falsificación material de la factura o guía o guías de despacho respectivas, o del recibo de las mercaderías o de la prestación del servicio. Pasado el plazo antes indicado, sin que el obligado al pago realice alguna de las conductas antes indicadas, y con el solo mérito del certificado del secretario del tribunal, la factura quedará lista para ser cobrada mediante un juicio ejecutivo.

Notificación electrónica de resoluciones dictadas por los Juzgados de Policía Local

Mediante la Ley N°21.241, que modifica el artículo 18 de Ley N°18.287, se estableció la posibilidad de realizar las notificaciones dictadas por los Juzgados de Policía Local, por medios electrónicos, cuando cualquiera de las partes lo solicité para sí, y el tribunal lo autorice.

No obstante lo anterior, la notificación electrónica no se aplicará a las siguientes resoluciones:

1. La notificación de la demanda, querella o denuncia, la cual deberá ser notificada personalmente;

2. La que imponga pena de prisión, la cual debe ser notificada de manera personal al condenado.

Nueva Ley que limita la responsabilidad de usuarios de tarjetas en caso de extravío, hurto, robo o fraude

Con fecha 29 de mayo, se publicó la Ley N°21.234, que “Limita  la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude”.

1. ¿A qué casos se aplica la nueva Ley N°21.234?

Se aplica a los casos de extravío, hurto, robo o fraude de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar. Asimismo, se aplica a los fraudes en transacciones electrónicas, entendiéndose por tales, aquellas operaciones realizadas por medios electrónicos que originen cargos y abonos o giros de dinero en cuentas corrientes bancarias, cuentas de depósitos a la vista, cuentas de provisión de fondos, tarjetas de pago u otros sistemas similares, tales como instrucciones de cargo en cuentas propias para abonar cuentas de terceros, incluyendo pagos y cargos automáticos, transferencias electrónicas de fondos, avances en efectivo, giros de dinero en cajeros automáticos y demás operaciones electrónicas contempladas en el contrato de prestación de servicios financieros respectivo.

2.¿ Qué deberán hacer los usuarios de tarjetas o cuentas bancarias, en caso de hurto, robo, extravío o fraude, para limitar su responsabilidad, por las operaciones que se hubieren realizado sin su consentimiento?.

Deberán dar aviso de inmediato al emisor o prestador del servicio financiero, respecto del hurto, robo, extravío o fraude. Y luego de efectuado el aviso, y dentro de los 30 días hábiles siguientes, el usuario deberá reclamar por todas aquellas operaciones respecto de las cuales desconoce haber otorgado su autorización o consentimiento, y que se hubieren realizado en los 120 días corridos anteriores a la fecha del aviso

3.¿ Qué obligación tiene el emisor o prestador del servicio bancario, respecto de todas aquellas operaciones reclamadas oportunamente por el usuario?.

El emisor de las tarjetas deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas por el usuario, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha del reclamo, cuando el monto total reclamado sea igual o inferior a 35 unidades de fomento.

4. Y si el monto reclamado es superior a las 35 UF, ¿ Qué obligación recae  en el emisor de las tarjetas?

Si el monto reclamado fuere superior a 35 unidades de fomento, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos, según corresponda, por un valor de 35 unidades de fomento, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha del reclamo. Respecto del monto superior a dicha cifra, el emisor tendrá siete días adicionales para cancelarlos, restituirlos al usuario o ejercer las acciones legales correspondientes, debiendo notificar al usuario la decisión que adopte

5.¿ En qué casos el emisor podrá ejercer acciones legales respecto del reclamo efectuado por el usuario? 

Cuando el emisor recopilare antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave por parte del usuario, en lo que dice relación con las operaciones reclamadas por el usuario.

6.¿ Cuál es el tribunal competente para conocer las acciones legales ejercidas por el emisor?

El Juzgado de Policía Local de la comuna del domicilio del usuario.

7.¿ Que sucede si el juez declarare por sentencia firme o ejecutoriada que no existen antecedentes suficientes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave del usuario?

En ese caso, el emisor quedará obligado a restituir al usuario el saldo retenido, debidamente reajustado aplicando para ello la tasa de interés máxima convencional calculada desde la fecha del aviso y al pago de las costas personales o judiciales.

8.¿ Qué sucede si el juez declarare por sentencia firme o ejecutoriada que el usuario ha participado en la comisión del delito, que obtuvo un provecho ilícito o que actuó con dolo o culpa grave facilitando su comisión?

Se procederá a dejar sin efecto la cancelación de los cargos o la restitución de fondos que el emisor hubiere efectuado al usuario, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan según la normativa aplicable.

Suspensión de audiencias e interrupción de prescripción durante estado de catástrofe decretado por el COVID-19

Con fecha de hoy, se publicó la Ley N°21.226, que establece la obligación de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la suspensión de las audiencias en los tribunales que se señalan en su artículo 1 inciso cuarto, mientras se encuentre vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe, decretado a raíz del impacto que ha generado la pandemia del COVID-19 en Chile.

En el mismo sentido, en dicha Ley se dispone que durante la vigencia de dicho  estado de excepción constitucional, los tribunales ordinarios y especiales, no podrán decretar diligencias ni actuaciones judiciales que, de realizarse, puedan causar indefensión a alguna de las partes o intervinientes.

Y, adicionalmente, se preceptúa que durante la vigencia del referido estado de excepción, se entenderá interrumpida la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda.

Para más detalle, puede acceder al texto de la Ley N°21.226, haciendo clik aquí.

Mérito ejecutivo de la Carta de Aviso de despido

En consideración a lo dispuesto en el artículo 169 letra a) del Código del Trabajo, la carta de aviso de término del Contrato de Trabajo, emitida por el empleador, por la causal de “Necesidades de la Empresa”, tendrá mérito ejecutivo para el cobro de las indemnizaciones por años de servicios y sustitutiva del aviso previo (si es que procede), en el caso que al momento de extenderse el finiquito dichas indemnizaciones no se pagaren.

Sobre el particular, y en virtud de lo establecido en el artículo 177 del Código del Trabajo, hay que tener presente que, el finiquito debe extenderse dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de terminación del contrato de trabajo, de tal modo que, transcurrido dicho plazo, sin que el empleador haya extendido el finiquito y pagado al trabajador las indemnizaciones señaladas en la carta, ésta pasa a tener por la sola disposición de la ley, mérito ejecutivo para cobrar, judicialmente, dichas indemnizaciones, con el recargo que puede llegar hasta en un 150% del monto de las mismas.

INTERRUPCIÓN DE ACCIÓN DE COBRO DE LETRAS DE CAMBIO Y PAGARÉ.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley N°18.092, sobre Letra de Cambio y pagaré, el plazo de prescripción de las acciones judiciales destinadas al cobro de letras de cambio o pagaré, se interrumpe no solamente con la notificación de la respectiva demanda ejecutiva, sino que también, con la notificación de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva de Notificación Judicial de protesto.

Por  lo tanto, notificada que sea la respectiva acción preparatoria comienza a transcurrir nuevamente el plazo de prescripción de la respectiva acción cambiaria.

Rectificación de la partida de nacimiento en lo relativo al sexo y nombre en el caso de no resultar coincidentes con la identidad de género

Con fecha 10 de diciembre del año 2018, se publicó la Ley N°21.120, que Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, y que permitirá la rectificación del sexo y del nombre que aparezca en la partida de nacimiento en el caso que no resulten coincidentes con la identidad de género del solicitante, entrando en vigencia la Ley a fines de diciembre del año 2019.

         La ley distingue dos tipos de procedimientos de rectificación de la inscripción relativa al sexo y nombre de la persona:

a)  Procedimiento Administrativo de Rectificación de la Inscripción;

b)  Procedimientos Judiciales de Rectificación de la Inscripción.

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RECTIFICACIÓN.

         Es el que resulta aplicable a las personas mayores de 18 años y que no mantengan vínculo matrimonial vigente, y en cuyo caso, la solicitud de rectificación deberá ser presentada ante cualquier oficina del Servicio de Registro Civil e identificación. Durante el procedimiento, el Oficial del Registro Civil deberá citar al solicitante y a dos testigos hábiles, con el objeto de que declaren que el solicitante conoce todos los efectos jurídicos que implica el cambio del sexo y nombre inscritos en la partida de nacimiento.

 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE RECTIFICACIÓN.

         Es el que resulta aplicable a las personas mayores de 14 años y menores de 18, y a las personas que mantengan vínculo matrimonial vigente, tramitándose la solicitud ante el Juez de Familia correspondiente al domicilio del solicitante, en el primer caso, y  ante el Juez de Familia del domicilio de cualquiera de los cónyuges, a elección del solicitante, en el segundo caso.

         En el evento de acogerse la solicitud de rectificación presentada por la persona que mantenga vínculo matrimonial vigente, el juez de familia en el mismo acto, declarará la terminación del Matrimonio en virtud de la nueva causal del numeral 5° del artículo 42 de la Ley N°19.947, sobre Matrimonio Civil, que incorpora la misma Ley N°21.120.

Posesión efectiva de la herencia de una persona fallecida en el extranjero

En el caso que una persona falleciere en el extranjero dejando bienes en Chile, respecto de esos bienes, los herederos tendrán que pedir la posesión efectiva de la herencia en Chile, ante el Juzgado de Letras en lo Civil del territorio en que el causante hubiere tenido su último domicilio, o en el del domicilio del solicitante.

Por lo tanto, en este caso en que la sucesión se abre en el extranjero, y aunque el causante no hubiere dejado testamento, la posesión efectiva no se solicita ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, sino que ante los Tribunales de Justicia, y esto según se desprende del tenor literal del artículo 1° de la Ley N°19.903, en cuanto señala lo siguiente: “Las posesiones efectivas de herencias, originadas en sucesiones intestadas abiertas en Chile, serán tramitadas ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad a lo dispuesto en la presente ley. Las demás serán conocidas por el tribunal competente de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil”.

Órdenes de Sucesión Intestada.

Las personas llamadas a suceder al causante de una herencia que no ha dejado testamento, están señaladas en el artículo 983 del Código Civil, y lo hacen en la forma y en el orden que se señala a continuación, excluyendo los primeros a los demás:

1. PRIMER ORDEN: Los descendientes, personalmente o representados. Los hijos excluyen a todos los demás herederos, salvo que, hubiere también un cónyuge o conviviente civil, caso en el cual, concurren ambos.

Si hay cónyuge o conviviente e hijos, entonces, los primeros heredan el doble de lo que le corresponde a cada hijo por su legítima.

Si concurre en la herencia un solo hijo y el cónyuge, entonces heredan por partes iguales.

2. SEGUNDO ORDEN: El cónyuge sobreviviente o el conviviente civil y los ascendientes. Si el difunto no ha dejado descendencia, entonces concurren en la herencia el cónyuge o conviviente civil y los ascendientes de grado más próximo, dividiéndose la herencia en tal caso, en 3 partes, correspondiendo dos tercios para el cónyuge o conviviente civil y un tercio para los ascendientes.

3. TERCER ORDEN: Los hermanos. Si el difunto no ha dejado descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge sobreviviente ni conviviente civil, le sucederán los hermanos.

Los hermanos carnales (de padre y madre) heredarán el doble de lo que le corresponde a los hermanos de solo padre o madre.

4. CUARTO ORDEN: De los demás colaterales (sobrinos, primos, tíos, entre otros,). Si el difunto no ha dejado descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente civil ni hermanos, le sucederán los colaterales de grado más próximo, y se repartirán la herencia en partes iguales.

5. QUINTO ORDEN: El Fisco. A falta de todos los herederos anteriormente señalados, sucederá en la herencia el Fisco.

 

¿ Cuándo una sentencia se encuentra ejecutoriada?

Una sentencia se encuentra ejecutoriada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes casos:

1. Cuando no proceden recursos en su contra, se encuentra ejecutoriada desde el momento en que se notifica a las partes del juicio;

2. Tratándose de sentencias definitivas, cuando resultando procedentes recursos en su contra, y habiendo transcurrido el plazo legal para interponerlos, sin que las partes los hayan deducido, se ha certificado por el Secretario del Tribunal, tal circunstancia, es decir, en este caso, se encuentra ejecutoriada la sentencia, desde la fecha del certificado de ejecutoria.

3. Cuando resultando procedentes recursos en su contra, los partes habiéndolos interpuesto dentro de plazo, su tramitación se ha terminado, y se ha dictado el decreto que las manda a cumplir (“cúmplase”).

Prescripción de Permiso de Circulación

El permiso de circulación es un impuesto municipal, y como tal, le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 2.521 del Código Civil, que expresa, lo siguiente: “Prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades provenientes de toda clase de impuestos”. 

En virtud de lo anterior, las acciones destinadas al cobro del permiso de circulación prescriben en el plazo de 3 años, contados desde que el impuesto se hizo exigible, es decir, a partir del 31 de marzo de cada año calendario.

En consecuencia, el deudor de los permisos de circulación atrasados que tengan más de 3 años, puede solicitar, ante el Juzgado de Letras en lo Civil del lugar en el cual se encuentra la Municipalidad en la cual se pagó el último permiso de circulación, la prescripción del impuesto municipal, acompañando, para tales efectos, copia del certificado de deuda municipal y el certificado de anotaciones del vehículo. Para presentar la demanda de prescripción, se requiere contar con el patrocinio de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

Los documentos necesarios para iniciar el trámite de prescripción de los permisos de circulación, son los siguientes:

1. Certificado de Inscripción del Vehículo en el Registro de Vehículos Motorizados;

2.  Certificado de Deuda emitido por el Departamento de Permisos de Circulación de la Municipalidad respectiva;

3. Copia del último permiso de circulación pagado, si es que lo tiene.

Luego que el Tribunal declara prescritos los permisos de circulación que tienen más de 3 años de atraso, se puede ir a regularizar la deuda ante la Municipalidad, pagando solamente los tres últimos permisos.

Notificación del Cese de la Convivencia

En el caso que solamente uno de los cónyuges hubiere manifestado su intención de poner fin a la convivencia en común, mediante escritura pública o acta extendida y protocolizada ante Notario Público, o mediante acta extendido ante un Oficial del Registro Civil e Identificación, será necesario, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 de la Ley sobre Matrimonio Civil, que dicha manifestación de cesar la vida en común, sea notificada, judicialmente, al otro cónyuge, para que haya cese efectivo de la convivencia, y en consecuencia, se pueda empezar a computar el plazo para poder entablar la respectiva acción de divorcio.

Para los efectos de la notificación del cese de la convivencia, el cónyuge interesado, deberá presentar por escrito ante el Juzgado de Familia de su domicilio, una solicitud, acompañando el respectivo documento en que consta su intención de poner fin a la convivencia. El procedimiento termina una vez que el otro cónyuge es notificado, y a partir de esa fecha, se entenderá para los efectos legales que los cónyuges han cesado su vida en común.

¿ Quieres saber sobre el Divorcio por cese de convivencia?. Visita el siguiente enlace: https://abogadoortuzar.com/procedimientos/divorcio-por-cese-de-convivencia/

Ley que incorpora disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte

Con fecha 11 de Noviembre del año 2018,  entró en vigencia la Ley N°21088, la cual modifica la Ley de Tránsito, incorporando disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte.

Entre las disposiciones de esta Ley, destaca la que establece que las bicicletas y ciclos, deberán transitar por la ciclovías, y a falta de éstas, por la pista derecha de la calzada, y,  excepcionalmente, podrán hacerlo por la pista izquierda.

Además, dispone que las bicicletas, sólo podrán circular por las aceras, en los siguientes casos. y siempre que no exista una ciclovía:

i. Tratándose de conductores menores de 14 años o adultos mayores.
ii. Tratándose de personas que circulen con niños menores de 7 años.
iii. Tratándose de personas con alguna discapacidad, como también aquéllas de movilidad reducida.
iv. Y, aun existiendo una ciclovía, cuando las condiciones de ésta o de la calzada, o las condiciones climáticas, hagan peligroso continuar transitando por la ciclovía.

 

¿ Es apelable la sentencia que condena al pago de una multa por infracción a la Ley de tránsito?.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley N°18.287, las sentencias definitivas que condenan únicamente al pago de una multa por infracción a la Ley de Tránsito, son inapelables. Pero si además de la multa, la sentencia lo condena a pagar una indemnización de perjuicios o lo sanciona con la suspensión de su licencia de conducir, entonces la sentencia sí es apelable.

 

Derecho de los nietos a mantener un régimen de visita con los abuelos

En virtud de la Ley N°20.680, del año 2013, se consagró expresamente el derecho de los nietos a mantener un régimen de relación directa y regular con sus abuelos, incorporando el artículo 229-2 al Código Civil, cuyo tenor es el siguiente: ”El hijo tiene derecho a mantener una relación directa y regular con sus abuelos. A falta de acuerdo, el juez fijará la modalidad de esta relación atendido el interés del hijo, en conformidad a los criterios del artículo 229.”

Divorcio Unilateral y deudas alimentarias

El inciso 3 del artículo 55 de la Ley N°19.947, sobre “Matrimonio Civil”, en relación al Divorcio Unilateral por cese efectivo de la convivencia, dispone lo siguiente: “Habrá lugar también al divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de, a lo menos, tres años, salvo que, a solicitud de la parte demandada, el juez verifique que el demandante, durante el cese de la convivencia, no ha dado cumplimiento, reiterado, a su obligación de alimentos respecto del cónyuge demandado y de los hijos comunes, pudiendo hacerlo.”

Pues bien, del precepto transcrito se desprende que uno de los aspectos a tener en consideración al momento de demandar el divorcio unilateral por cese efectivo de la convivencia, es que el demandante no haya incumplido de manera reiterada la obligación de pago de la pensión de alimentos decretada, previamente, a favor del otro cónyuge (demandado) o de los hijos comunes, en la medida que haya estado en condición de poder cumplirla, puesto que de lo contrario, el Juez de Familia, a solicitud de la parte demandada, y previa verificación de la situación antes descrita, rechazará la demanda.

Nuevos derechos de los consumidores en materia de cobranza extrajudicial

Mediante la Ley N°21.021, de 8 de enero del 2018, se modificó la Ley N°19.496, sobre “Protección de los Derechos de los Consumidores”, en el sentido de incorporar, el derecho de los consumidores a ser informados por las empresas de cobranza extrajudicial y por los proveedores de créditos, al momento de iniciarse cualquier acción destinada al pago de la deuda, de lo siguiente:

1) Individualización de la persona, empresa mandante o proveedor del crédito, según corresponda;
2) Mención precisa del o de los contratos, de su fecha de suscripción, de la fecha en que debió pagarse la obligación adeudada o de aquella en que se incurrió en mora y del monto adeudado;

3) En el caso que se cobren intereses, la liquidación de los mismos, con mención expresa, clara y precisa de las tasas aplicadas, del tipo de interés y del período sobre el cual aquéllos recaen;

4) En el caso que sean aplicables costos o gastos de cobranza, la mención expresa de éstos, su monto, causa y origen de conformidad a la ley, así como también de los impuestos, de los gastos notariales, si los hubiere, y de cualquier otro importe permitido por la ley;
5) La posibilidad de pagar la obligación adeudada o las modalidades de pago que se ofrezcan, y
6) Los derechos que le asisten en conformidad a esta ley en materia de cobranza extrajudicial, en especial el requerir el envío por escrito de la información señalada en los numerales precedentes. En caso que el consumidor guarde silencio al respecto, y una vez transcurridos quince días desde que la información fue entregada, la empresa deberá enviársela por escrito.

Además, se estableció que en ningún caso la comunicación entregada por las empresas de cobranza podrá contener menciones a eventuales consecuencias de procedimientos judiciales que no se hayan iniciado o relacionadas a registros o bancos de datos de información de carácter económico, financiero o comercial, debiendo indicar expresamente que no se trata de un procedimiento que persiga la ejecución de los bienes del deudor.

Incidente de Nulidad por Falta de emplazamiento

CONCEPTO.

Es aquella cuestión accesoria a un juicio, en virtud de la cual, el litigante rebelde al cual no se le ha hecho saber en persona ninguna de las providencias libradas en el juicio, solicita al Tribunal la nulidad de todo lo obrado, acreditando que, por un hecho que le es imputable, han dejado de llegar a sus manos las copias a que se refieren los artículos 40 y 44 del Código de Procedimiento Civil, o que dichas copias no son exactas en su parte substancial.

REGULACIÓN.

Artículo 80 del Código de Procedimiento Civil, estando su tramitación sujeta a las normas de los incidentes ordinarios a que se refieren los artículo 82 y siguientes del mismo cuerpo legal.

REQUISITOS.

1. Que el litigante que promueve el incidente se encuentre rebelde;

2. Que que no se le haya hecho saber en persona ninguna de las providencias libradas en juicio;

3. Que ofrezca probar que por un hecho que no le sea imputable han dejado de llegar a sus manos las copias a que se refieren los artículos 40 y 44 del Código de Procedimiento Civil;

4.  Que debe deducirse oportunamente, esto es, dentro de quinto día desde que aparezca o se acredite que el litigante tuvo conocimiento personal del juicio.

RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL INCIDENTE.

Tiene el carácter de sentencia interlocutoria de primer grado, siendo apelable dentro del plazo de 5 días.

Gestión preparatoria de citación a confesar deuda es una facultad conferida en términos absolutos al acreedor que carece de título ejecutivo

A propósito de que se ha transformado en una práctica común entre algunos juzgados civiles del país negar lugar a la tramitación de la gestión preparatoria de citación a confesar deuda argumentando que el conocimiento de la deuda es materia de un juicio declarativo ordinario, es del caso aclarar que, el artículo 435 del Código de procedimiento civil, confiere al acreedor que carezca de título ejecutivo, la facultad de citar al deudor a reconocer la firma o confesar la deuda, en términos absolutos, sin establecer ninguna excepción, condición, limitación o requisito para ejercer tal derecho, lo cual queda de manifiesto con las expresiones que utiliza, como “quiere preparar la ejecución” y “podrá pedir”,  de tal manera que, resultan no ajustadas a la ley, las resoluciones que niegan lugar a dar inicio a la tramitación de dicha gestión, señalando que el incumplimiento contractual y el reconocimiento de la deuda deben ser objeto de un juicio declarativo.

Al respecto, es del caso precisar que no existe disposición jurídica alguna en nuestro Derecho, que exija como requisito de admisibilidad de la gestión de citación a confesar deuda, que el acreedor no cuente con acciones ordinarias en contra del deudor o que el asunto que dio origen a la deuda no sea de lato conocimiento.

Tanto la doctrina nacional como la jurisprudencia emanada de nuestros  Tribunales Superiores de Justicia, se han pronunciado en el sentido antes indicado, es decir, considerando que la facultad que tiene el acreedor, que carece de título ejecutivo, para citar al deudor a confesar deuda está establecida en términos absolutos. Dentro de la doctrina nacional resulta del caso citar a don Lenin Lillo Hunziker, el cual sostiene que: “Todo deudor puede ser citado a reconocer firma o deuda a solicitud de cualquier acreedor, a quien corresponde el derecho correlativo de pedir se cite a su deudor a la presencia judicial, a fin de que reconozca la firma o la deuda, cualquiera sea el origen de la obligación y aunque el acreedor tenga otras acciones ordinarias o especiales que hacer valer para ejercitar su acreencia. El art. 435 del C.P.C. concede tal derecho al acreedor que no tenga título ejecutivo, en términos absolutos y sin establecer ninguna excepción” (Manual de Juicio Ejecutivo, Ediciones Jurídicas de Santiago, pág. 18).

Y, en cuanto a la jurisprudencia nacional, resulta pertinente citar el considerando sexto del  fallo de la Corte Suprema, de fecha 28 de julio del año 2010, dictado en causa ROL 4945-2009: “Que, en atención a lo dicho, el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil faculta a todo acreedor que carece de un título ejecutivo, a ejercer el derecho de preparar la vía ejecutiva por el reconocimiento de firma o confesión. “Los términos absolutos de dicha disposición, que no hace excepción alguna, están manifestando que el propósito de la ley no es dejar subordinada a discusión o controversia de ningún género la formación del título que ha de servir de base a la ejecución” (Raúl Espinosa Fuentes, op. cit. pág. 31).”

Rechazo al requerimiento de inconstitucionalidad al proyecto de ley que regula aborto en tres causales

El Tribunal constitucional, con fecha 28 de agosto del año 2017, rechazó requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores y por un grupo de diputados, respecto  del proyecto de ley que “regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, en lo referido al establecimiento de las tres causales de aborto, pero fue acogido parcialmente el requerimiento en lo referido a las impugnaciones al artículo 1°, numeral 3 del proyecto, que establece un nuevo artículo 119 ter al Código Sanitario, que regula la objeción de consciencia de los médicos y demás personal profesional de los establecimiento de salud.

Para conocer el texto de la  sentencia del Tribunal Constitucional visita http://www.tribunalconstitucional.cl/

Vicios Redhibitorios

INTRODUCCIÓN

Los vicios redhibitorios están relacionados con una de las principales obligaciones que tiene el vendedor, y que se refiere a la “obligación de saneamiento”, específicamente, al saneamiento de los vicios ocultos de la cosa vendida.

CONCEPTO.

Son los vicios ocultos y graves de la cosa vendida que existen al tiempo del contrato, y que dan derecho al comprador para que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio.

CARACTERÍSTICAS:

Están señaladas en el artículo 1858 del Código Civil, y son las siguientes:

1. Deben existir al tiempo de la venta;

2. Deben ser graves, esto significa que sean tales que, por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural, o sólo sirva imperfectamente, de manera que sea de presumir que conociéndolos el comprador no la hubiera comprado o la hubiera comprado a mucho menos precio.

3. Deben ser ocultos, es decir, que sean ignorados por el comprador.

EFECTOS.

El comprador tendrá derecho a ejercer alguna de las siguientes acciones:

1. La acción de resolución o rescisión del contrato de compraventa;

2. O, la acción  de restitución de una parte del precio pagado.

PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO DE VICIOS REDHIBITORIOS.

Hay que distinguir:

1. Prescripción de la acción para pedir la rescisión del contrato.

1.1 Si los vicios recaen sobre una cosa mueble, el plazo de prescripción será de 6 meses contados a partir  de la entrega real de la cosa;

1.2 Si los vicios recaen sobre una cosa inmueble, el plazo de prescripción será de  1 año, contado a partir de la entrega real de la cosa;

2. Prescripción de la acción para pedir rebaja del precio:

2.1 Si los vicios recaen sobre una cosa mueble, plazo de prescripción será de 1 año;

2.2 Si los vicios recaen sobre una cosa inmueble, el plazo de prescripción será de 18 meses.

Prescripción de deuda contenida en pagaré

Las acciones de cobro de obligaciones emanadas de un pagaré, prescriben en el plazo de un año, contado desde la fecha de su vencimiento, según lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 18.092, Sobre Letras de Cambio y Pagaré, el cual establece que: “El plazo de prescripción de las acciones cambiarias del portador contra los obligados al pago es de un año, contado desde el día del vencimiento del documento”.

            Dicha prescripción, puede alegarse como acción, mediante la presentación de una demanda de prescripción por parte del deudor ante  el juzgado civil competente, o como excepción, oponiéndose a la demanda ejecutiva presentada por el acreedor.

            Si la obligación contenida en el pagaré tuviere vencimientos sucesivos, entonces, la prescripción correrá independiente para cada una de las cuotas, contándose el plazo de prescripción de cada una de ellas, desde la fecha de su respectivo vencimiento.

¿ Qué se debe hacer en caso de un accidente de tránsito?

Hay que distinguir,

  1. Si producto del accidente de tránsito, solamente resultaren daños materiales, el o los conductores que hubieren participado en los hechos, deberán dar cuenta, de manera inmediata, a la autoridad policial más próxima al lugar en que ocurrió el accidente.
  2. Si producto del accidente de tránsito, resultaren personas lesionadas o muertas, el conductor que participe en los hechos, deberá detener su marcha, prestar la ayuda que fuere posible, y dar cuenta de lo ocurrido ante la autoridad policial más cercana.

Si el conductor no cumpliere con las obligaciones antes indicadas, y abandonaré el lugar de los hechos, se presumirá su culpabilidad.

Regulación del servicio de estacionamientos de acceso al público en general.

Entró en vigencia la Ley N°20.967, que modifica la Ley Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en el sentido de establecer una nueva regulación para el servicio de estacionamientos de acceso al público general.

Algunas de las principales disposiciones de esta nueva normativa, son las siguientes:

1. Cobro por el uso del servicio de estacionamiento por períodos inferiores a 24 horas, se podrá hacer mediante dos modalidades: Cobro por minuto efectivo utilizado; o cobro por tramo de tiempo vencido;

2. En caso de pérdida del comprobante de ingreso por parte del consumidor, se deberá cobrar el tiempo efectivo utilizado, para lo cual el proveedor deberá consultar sus registros;

3. Prestadores de salud no podrán realizar cobro alguno por los servicios de estacionamiento cuando sean utilizados con ocasión de servicios de urgencia o emergencia.

4. El proveedor del servicio de estacionamiento, deberá responder civilmente, por los hurtos, robos y daños que se ocasionen en los vehículos estacionados,  como consecuencia de la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación de éste. Lamentablemente, esta nueva disposición no favorece mucho a los consumidores, ya que si el proveedor acredita que cumplió con todas las medidas seguridad, se podrá exonerar de toda responsabilidad por los perjuicios ocasionados al consumidor.

Proyecto de Ley que restringe competencia de Tribunales Militares

Se presentó moción parlamentaria que busca excluir de la competencia de los Tribunales Militares el conocimiento de las causas por faltas o delitos en que las victimas sean civiles, las que deberán tramitarse necesariamente ante los Tribunales Ordinarios.

El proyecto consta de un único artículo del siguiente tenor:

Artículo Único: Para agregar un inciso final al Artículo 5° del Código de Justicia Militar:“En ningún caso los Tribunales Militares de la República tienen jurisdicción para conocer causas respecto de delitos o faltas en que la o las víctimas sean civiles, las que siempre serán tramitados ante Tribunales Ordinarios.”

Nuevo procedimiento para hacer efectivos seguros de daños materiales en automóviles.

Con la nueva modificación introducida a la Ley de Tránsito, se eliminó la exigencia de constancia o denuncia de la autoridad policial para hacer efectivo seguro contra daños materiales, y en su reemplazo, se estableció que el interesado deberá presentar una declaración jurada simple ante  la respectiva compañía aseguradora.

Con esta modificación, se incorporó un inciso cuarto al artículo 168 del texto refundido de la Ley de Tránsito, del siguiente tenor:  ”En todo caso, para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, y no se requerirá de otros actos o documentos expedidos por la autoridad policial, tales como constancias o denuncias.”

Sin perjuicio de lo anterior, hay que hacer presente que, no se ha eliminado la obligación de los conductores que se vean involucrados en un accidente de tránsito en que produzcan daños de dar cuenta a la autoridad policial más cercana.

Cobranza Judicial de Gastos Comunes

Tribunal competente.
Juzgado de Letras en lo civil del domicilio del copropietario deudor.

Procedimiento aplicable.
Procedimiento Ejecutivo regulado en el Título Primero del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil (artículo 434 y siguientes).

Título ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 27 de la Ley N°19.537, tendrán mérito ejecutivo para el cobro de gastos comunes, los siguientes títulos:
1. Copia del Acta de la asamblea, válidamente celebrada, en que acuerden gastos comunes, autorizada por el Comité de Administración;
2. Copia del Acta de la asamblea, válidamente celebrada, en que se acuerden gastos comunes, autorizada por el administrador;
3. Avisos de cobro de gastos comunes, extendidos de conformidad al acta, siempre que se encuentren firmados por el administrador.

Notificación del requerimiento de pago.

Debe hacerse personalmente o por cédula dejada en el domicilio del deudor que hubiere registrado en la administración del condominio o, a falta de éste, en la respectiva unidad que ha generado el cobro.

Autoacordado de la Corte Suprema sobre Tramitación electrónica

Con fecha 15 de abril del año 2016, el Pleno de la Corte Suprema, dictó el Auto Acordado para la aplicación en el Poder Judicial de la Ley N°20.886, que establece la tramitación digital de los procedimientos judiciales, regulando básicamente aspectos como sistema de búsqueda de causas en la página del Poder Judicial, registro de abogados y habilitados para la presentación de demandas y otros escritos, el sistema de georreferenciación de actuaciones de receptores judiciales y la carpeta digital.

Puedes acceder al auto-acordado haciendo click en el siguiente link de la página del poder judicial: http://www.pjud.cl/documents/396729/0/ACTA+37-2016+autoacordado+tramitacion+electronica.pdf/19262ae6-84d0-467c-b645-1dfd0e0d8a19

NUEVA REGULACIÓN SOBRE ALZAMIENTO DE HIPOTECAS Y PRENDAS.

Con fecha  23 de enero del año 2016, entró en vigencia la Ley N°20.855, la cual establece una nueva regulación sobre el alzamiento de hipotecas y prendas que caucionen créditos, señalando básicamente que, una vez extinguida la obligación garantizada con una hipoteca o prenda, el proveedor del crédito (Banco o Institución Financiera), deberá, a su cargo y costo, proceder a realizar los trámites de alzamiento.  Para tales efectos, la ley distingue entre créditos caucionados con hipoteca específica, créditos caucionados con hipoteca general, créditos caucionados con prenda sin desplazamiento que opere como garantía específica y créditos caucionados con prenda sin desplazamiento que opere como garantía general.

Créditos caucionados con Hipoteca Específica (es aquella que garantiza una determinada obligación).

Tratándose de estos créditos, una vez extinguida totalmente la obligación garantizada, el proveedor del crédito (Banco o Institución Financiera) deberá, a su cargo y costo, otorgar la escritura pública de alzamiento de la referida hipoteca y de los demás gravámenes y prohibiciones que se hayan constituido al efecto e ingresarla para su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, dentro de un plazo que no podrá exceder de cuarenta y cinco días contado desde la extinción total de la deuda.

Créditos caucionados con Hipoteca General (aquella que garantiza todas las obligaciones presentes y futuras que una persona contraiga con un determinado acreedor).

Tratándose de estos créditos, una vez pagados íntegramente, tanto en calidad de deudor principal como en calidad de avalista, fiador o codeudor solidario respecto de los cuales dicha caución subsista, el acreedor deberá informar por escrito al deudor tal circunstancia, en el plazo de hasta veinte días corridos, a través de cualquier medio físico o tecnológico idóneo, al último domicilio registrado por el deudor con el proveedor. Efectuada dicha comunicación por parte del acreedor, el deudor podrá requerir, por cualquier medio físico o tecnológico idóneo, el otorgamiento de la escritura pública de alzamiento de la referida hipoteca y de los demás gravámenes y prohibiciones que se hayan constituido al efecto, y su ingreso para inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, gestiones que serán de cargo y costo del proveedor y que éste deberá efectuar dentro de un plazo que no podrá exceder de cuarenta y cinco días, contado desde la solicitud del deudor.

Créditos caucionados con Prenda sin Desplazamiento que opere como garantía específica.

En este caso, el acreedor prendario, estará obligado a otorgar la escritura pública o el instrumento privado autorizado y debidamente protocolizado en el registro del mismo notario que lo autorizó, correspondiente al alzamiento de la referida prenda y de los demás gravámenes y prohibiciones que se hayan constituido al efecto, una vez extinguidas totalmente la o las obligaciones caucionadas por dicha prenda, dentro de un plazo que no podrá exceder de cuarenta y cinco días, contado desde la extinción total de la deuda. De tal circunstancia y de la realización de los señalados trámites, el acreedor prendario deberá informar por escrito al deudor, a través de cualquier medio físico o tecnológico idóneo, al último domicilio registrado por el deudor con el acreedor, dentro de los treinta días siguientes de practicada la cancelación en el Registro de Prendas sin Desplazamiento.

Créditos caucionados con Prenda sin Desplazamiento que opere como garantía general.

Este caso, una vez pagadas íntegramente las deudas garantizadas, tanto en calidad de deudor principal como en calidad de avalista, fiador o codeudor solidario respecto de los cuales dicha caución subsista, el acreedor deberá informar por escrito al deudor tal circunstancia, en el plazo de hasta veinte días corridos, a través de cualquier medio físico o tecnológico idóneo, al último domicilio registrado por el deudor con el proveedor. Efectuada dicha comunicación por parte del proveedor, el deudor podrá requerir, por cualquier medio físico o tecnológico idóneo, el otorgamiento de la escritura pública o instrumento privado autorizado y debidamente protocolizado en el registro del mismo notario que lo autorizó, correspondiente al alzamiento de la referida prenda y de los demás gravámenes y prohibiciones que se hayan constituido al efecto, y su ingreso para inscripción en el Registro respectivo, gestiones que serán de cargo y costo del proveedor y que éste deberá efectuar dentro de un plazo que no podrá exceder de cuarenta y cinco días, contado desde la solicitud del deudor.

 

Declaración de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la norma que regula el Giro doloso de Cheques

Con fecha 8 de octubre del año 2015, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos 1, 2, 5 y 8 del artículo 22 del DFL N°707 del año 1982, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, en relación con la gestión pendiente, sobre delito de acción privada de giro doloso de cheques seguida ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.  

Los principales argumentos del Tribunal Constitucional para declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos que tipifican el delito de giro doloso de cheques, se refieren a que dicha normativa no cumpliría con los estándares mínimos que exigen los principios constitucionales de Legalidad, de Culpabilidad, de Prohibición de prisión por deudas y de Proporcionalidad.

El fallo íntegro del Tribunal Constitucional lo puedes encontrar en el siguiente link: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/expedientes?rol=2744

Modificación del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección

Con fecha 19 de Junio del año 2015 el Pleno de la Corte Suprema acordó aprobar modificaciones al Auto Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de fecha 29 de marzo del año 1977,  como asimismo, acordó dictar el texto refundido de dicha normativa, el cual podrás encontrar a continuación.

Texto Refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales. (información obtenida del sitio web  www.poderjudicial.cl)

Se limita responsabilidad de compradores de vehículos por multas impagas de propietarios anteriores

La Ley N°20.795, modificó el artículo 42 de la Ley de Tránsito, agregando un nuevo inciso sexto, estableciendo  que los compradores de vehículos usados, son responsables únicamente del pago de las multas empadronadas que figuren en el certifico de multas de tránsito emitido por el Servicio de Registro Civil al momento de la compra.

El nuevo inciso sexto del artículo 42, es del siguiente tenor: ”El comprador responderá sólo por las multas empadronadas que figuren en el certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación al momento de la compra. Dicho Servicio se abstendrá de anotar la multa impaga en el Registro de Multas de Tránsito no Pagadas, si el propietario del vehículo que figura en el Registro de Vehículos Motorizados es distinto de quien lo era a la fecha de la infracción. Lo anterior no obsta a la responsabilidad de la persona condenada al pago de la multa.”.

Proyecto de Ley que crea el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP).

Con fecha 6 de octubre del año 2014, el Senado aprobó en particular el proyecto de ley que crea el Acuerdo de Vida en pareja, siendo los aspectos más relevantes de este acuerdo, los siguientes:

CONCEPTO

El acuerdo de vida en pareja es un contrato celebrado entre dos personas con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente.

CELEBRACIÓN

Se celebrará en el Servicio de Registro Civil e Identificación, ante cualquier oficial, quien levantará acta de todo lo obrado, la que será firmada por él y por los contrayentes. La celebración podrá efectuarse en el local de su oficina o en el lugar que señalaren los contrayentes, siempre que se hallare ubicado dentro de su territorio jurisdiccional.

El acuerdo podrá celebrarse por mandatario facultado especialmente para este efecto.

REQUISITOS

1. Que los contrayentes sean mayores de edad;

2. Que los contrayentes tengan la libre administración de sus bienes;

3. Que los contrayentes hayan consentido libre y espontáneamente en celebrar el acuerdo.

PROHIBICIONES

1. No podrán celebrarlo entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado.

2. No podrán celebrarlo las personas que se encuentren ligadas por un vínculo matrimonial no disuelto o un acuerdo de vida en pareja vigente.

3. Cuando un acuerdo de vida en pareja haya expirado, la mujer que está embarazada no podrá contraer matrimonio con un varón distinto ni celebrar un nuevo acuerdo antes del parto, o, no habiendo señales de preñez, antes de cumplirse los doscientos setenta días subsiguientes a la expiración del acuerdo.

EFECTOS DEL ACUERDO

1. Obligación de los contrayentes. Los contrayentes se deberán ayuda mutua y estarán obligados a solventar los gastos generados por su vida en común, de conformidad a sus facultades económicas y al régimen patrimonial que exista entre ellos.

2. Efectos patrimoniales. Los convivientes civiles conservarán la propiedad, goce y administración de los bienes adquiridos a cualquier título antes de la celebración del contrato y de los que adquieran durante la vigencia de éste, a menos que, se sometan de manera expresa e irrevocable al régimen de comunidad de bienes a que se refiere el artículo 15 del Proyecto. Por lo tanto, la regla general será el régimen de separación total de bienes.

3. Efectos hereditarios.  Cada conviviente civil será legitimario del otro y concurrirá en su sucesión de la misma forma y gozará de los mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente.

TÉRMINO DEL ACUERDO.

El acuerdo terminará por las siguientes causales:

1. Por muerte natural de uno de los convivientes civiles;

2. Por muerte presunta de uno de los convivientes civiles;

3. Por el matrimonio de los convivientes civiles entre sí, cuando proceda;

4. Por mutuo acuerdo de los convivientes civiles, que deberá constar por escritura pública o acta otorgada ante oficial del Registro Civil;

5. Por voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles, que deberá constar por escritura pública o acta otorgada ante oficial del Registro Civil;

6. Por declaración judicial de nulidad del acuerdo.

Más información en:

http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php

Aumento de las penas del delito de homicidio

El día 17 de septiembre del año 2014, se publicó la Ley N°20.779, que modificó el artículo 391 del Código Penal, en el sentido de aumentar la pena del delito de homicidio simple y la del delito de homicidio calificado. Así, la pena del delito de homicidio calificado se aumentó a la de “presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo“, y la pena del delito de homicidio simple se aumentó a la de “presidio mayor en su grado medio“.

Regularización de la pequeña propiedad raíz

Consiste en la facultad que se les otorga a los poseedores materiales de un bien raíz, que carezcan de un título de dominio inscrito a su favor, para solicitar que se les reconozca la calidad de poseedores regulares del inmueble y así quedar habilitados para adquirir su dominio por prescripción, mediante el procedimiento regulado en el Decreto Ley N°2695, de 1979.

REQUISITOS.

1.1 El peticionario debe tener la calidad de poseedor material respecto del inmueble que se pretende regularizar;

1.2. El peticionario debe tener la posesión continua (no interrumpida) y exclusiva sobre el inmueble;

1.3. La posesión no debe ser violenta ni clandestina;

1.4 El peticionario debe estar en posesión del inmueble durante 5 años, a lo menos.

1.5 El peticionario debe carecer de título inscrito respecto del inmueble;

1.6 El avalúo del inmueble a regularizar no debe exceder de 800 UTM si es rural y 380 UTM si es urbano.

1.7 El peticionario debe acreditar que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta dominio o posesión del inmueble.

PROCEDIMIENTO.

El procedimiento de regularización, comprende las siguientes etapas o trámites:

1. Presentación de solicitud de regularización ante la  Subsecretaría del Ministerio de Bienes Nacionales;

2. Admisibilidad de la solicitud. Solamente será acogida a tramitación cuando a juicio del Servicio sea difícil u onerosa la regularización por otros procedimientos.

En caso de acogerse a tramitación la solicitud se observarán las siguientes reglas:

2.1 Oficio al Servicio de Impuestos Internos para que informe sobre el nombre, rol único tributario y domicilio de quién aparezca como dueño del inmueble;

2.2 Oficio al Servicio del Registro Civil e identificación para que informe sobre el último domicilio del que aparezca como dueño del inmueble;

2.3 Notificación por carta certificada al supuesto propietario;

2.4 Visita a terreno para la comprobación de los requisitos legales.

2.5  Aceptación o denegación de la solicitud.

2.6 Publicación de la resolución que concede la solicitud mediante dos avisos  y fijación de carteles, en caso de aceptación de la solicitud;

2.7 A falta de oposición de terceros, el Servicio podrá dictar una resolución ordenando la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo.

DERECHOS DE TERCEROS QUE PRETENDAN IMPUGNAR LA SOLICITUD O LA INSCRIPCIÓN PRACTICADA A NOMBRE DEL PETICIONARIO.

1.Derecho a oponerse a la solicitud de regularización, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la publicación del último aviso.

2. Ejercicio de acciones de dominio dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de inscripción del inmueble ante el Juzgado de Letras en lo Civil del territorio del inmueble.

3. Compensación de derechos en dinero. Los terceros que acrediten dominio sobre todo el inmueble o una parte de él y que no hayan ejercido alguna de las facultades señaladas anteriormente, así como los que pretendan derechos sobre el inmueble, podrán exigir que tales derechos le sean compensados en dinero en la proporción que correspondan hasta la concurrencia del valor del predio.

Reajuste del Ingreso mínimo mensual.

Con fecha 9 de Julio del año 2014, se aprobó el proyecto de Ley que reajusta el monto del sueldo mínimo mensual de $210.000 a $225.000, a partir del 1 de julio del año 2014, para los trabajadores mayores de 18 años y menores de 65 años. A partir de 1 de julio del año 2015, dicho monto ascenderá a $241.000, y a partir del 1 de enero del año 2016, será de $250.000.

 

Prescripción en materia de infracciones a la Ley de Tránsito.

Regulación.

Esta prescripción se encuentra regulada tanto en la Ley N°15.231, sobre “Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local”, como en la Ley N°18.287, sobre “Competencia de los Juzgados de Policía Local”

En esta materia es del caso distinguir entre prescripción de las multas y prescripción de las acciones persecutorias de la responsabilidad infraccional.

Prescripción de las multas.

Regla General.

Al respecto, el artículo 54 inciso primero de la Ley N°15.231, dispone lo siguiente: Las sanciones impuestas por infracciones o contravenciones prescribirán en el término de un año, contado desde que hubiere quedado a firme la sentencia condenatoria.

En consecuencia, las multas por infracciones a la Ley de Tránsito, prescriben en el plazo de un año desde que la sentencia condenatoria se encuentra firme o ejecutoriada.

Excepción (caso del artículo 24 inciso primero de la Ley 18.287 en relación con el artículo  3 inciso tercero de la misma ley). Este caso se refiere a las denuncias a la ley de tránsito efectuadas en alguna de las siguientes situaciones:

1.1   Si el infractor no estuviere presente, y se dejara la citación en el vehículo sin adherirla;

1.2   Cuando el vehículo estuviere en movimiento.

En estas situaciones la multa prescribirá en el plazo de 3 años desde su anotación en el Registro de Multas de Tránsito no pagadas.

Prescripción de las acciones persecutorias de la responsabilidad infraccional.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 54 inciso segundo de la Ley N°15.231, las acciones persecutorias por contravenciones a la Ley de Tránsito prescribirán en el plazo de 6 meses contados desde la fecha de la infracción. 

Interrupción de la Prescripción de la acción.

Se interrumpe por el plazo de un año por el hecho de haberse deducido demanda, denuncia o querella ante el Tribunal competente.

Información relacionada que puede ser de un interés.

Juicio de accidentes de tránsito. 

Reforma constitucional en relación con el derecho de sufragio de los chilenos en el extranjero

Con fecha 3 de mayo del año 2014, se publicó la Ley de Reforma Constitucional N°20.748, que Regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país, y que modificó el artículo 13 inciso tercero de la Constitución, quedando de la siguiente manera:

   “Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Una ley orgánica constitucional establecerá el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral y regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero, en conformidad con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 18.”.

Procedimiento de Tutela Laboral resulta aplicable también a los funcionarios públicos

La Corte Suprema, con fecha 30 de abril del año 2014, al pronunciarse sobre un Recurso de Unificación de Jurisprudencia señaló que los funcionarios públicos también se encuentran amparados por el Procedimiento de Tutela Laboral regulado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, en razón de que el Estatuto Administrativo  no  contiene  normas que regulen un procedimiento jurisdiccional especial para conocer y resolver las denuncias de vulneración de derechos fundamentales que afecten a los funcionarios en el ámbito de la relación de trabajo, y al no resultar contrarias dichas normas al Estatuto Administrativo resultan plenamente aplicables.

Lo anterior, se fundamenta en el artículo 1 inciso tercero del Código del Trabajo, que sostiene: “Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.”

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Fuente de Información: www.poderjudicial.cl

Giro Doloso de Cheques

TIPIFICACIÓN.

El delito de Giro Doloso de Cheques está tipificado en el artículo 22 del DFL N°707, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.

Conductas del TIPO PENAL.

1. El librador que girare un cheque sin tener los fondos o créditos suficientes en la Cuenta Corriente del Banco librado.

2. El librador que después de expedido un cheque retirare los fondos disponibles en la cuenta corriente;

3. El librador que girare un cheque sobre cuentas corrientes cerradas o inexistentes;

4. El librador que revocare un cheque por causales distintas de las señaladas a continuación:

  • Cuando la firma del librador hubiere sido falsificada;
  • Cuando el cheque hubiere sido alterado con respecto a la suma o a la persona del beneficiario, con posterioridad a la emisión;
  • Cuando el cheque hubiere sido perdido, hurtado o robado.

Pero además, el tipo penal exige un requisito adicional para que se configure el delito, y que se refiere al hecho de que el librador no consignare los fondos suficientes para atender al pago del cheque, de los intereses corrientes y de las costas judiciales, dentro del plazo de 3 días contados desde la fecha en que sea notificado judicialmente del protesto. De tal manera que, mientras no se inicie la gestión judicial de Notificación del Protesto de Cheque, no se puede configurar el delito de giro doloso de cheques.

PENA.

El que sea condenado por este delito, será sancionado con las penas del artículo 467 del Código Penal, que son las siguientes:

1.º Con presidio menor en sus grados medio a máximo
y multa de once a quince unidades tributarias mensuales,
si la defraudación excediera de cuarenta unidades
tributarias mensuales.
2.º Con presidio menor en su grado medio y multa de
seis a diez unidades tributarias mensuales, si excediere
de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de
cuarenta unidades tributarias mensuales.
3.º Con presidio menor en su grado mínimo y multa
de cinco unidades tributarias mensuales, si excediere de
una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro
unidades tributarias mensuales.

La pena señalada en el N°3 se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a 1 UTM.

PRESCRIPCIÓN.

La acción penal prescribe en el plazo de un año contado desde la fecha del protesto del cheque.

Inaplicabilidad del artículo 2.331 del Código Civil

El Tribunal Constitucional con fecha 29 de agosto del año 2013,  a raíz de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulado en relación con una gestión de indemnización de perjuicios, declaró que la aplicación del artículo 2.331 del Código Civil resultaría contraria a los números 4 y 26 del artículo 19 de la Constitución para dicha gestión, por cuanto restringiría la tutela civil frente a la lesión deliberada o negligente del derecho a la honra.

El artículo  2.331 del Código Civil dispone lo siguiente: “Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero;  pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de la imputación.”

Notificación judicial del protesto de una letra de cambio, pagaré o cheque (artículo 434 N°4 del C.P.C)

Concepto.

Es una gestión preparatoria de la vía ejecutiva que se traduce en la presentación de un escrito ante el Juzgado de Letras en lo civil del domicilio del deudor, solicitando que se notifique judicialmente el protesto de la letra de cambio, pagaré o cheque a cualquier de los obligados a su pago, bajo el apercibimiento de tener por preparada la vía ejecutiva en el caso que no se oponga tacha de falsedad de sus firmas dentro del plazo de 3 días.

Casos en que procede esta gestión.

  1. En el caso que se pretenda cobrar una letra de cambio o pagaré que no haya sido protestado personalmente por falta de pago al aceptante o suscriptor, respectivamente, y cuyas firmas no hayan sido autorizadas ante Notario. Se entiende que el protesto es personal cuando el aceptante o el suscriptor del documento o algunos de los demás obligados al pago, concurre a la citación del ministro de fe a ser requerido de pago, en el día que hubiere sido citado.
  2.  En el caso que se pretenda cobrar un cheque en que la firma de cualquiera de sus obligados no haya sido autorizada ante Notario.
  3. En el caso que se pretenda cobrar una letra de cambio o pagaré a cualquiera de los obligados al pago que no sea el aceptante o suscriptor.

Actitudes que puede adoptar el deudor una vez notificado.

  1. No comparecer. En este caso, el acreedor, transcurrido el plazo de tres días desde la notificación, deberá solicitar al tribunal que se certifique que el deudor no ha opuesto tacha de falsedad de su firma.
  2. Comparecer y tachar de falsa su firma. En este caso, se formará una cuestión accesoria al juicio, que debe ser resuelta por el juez, y si en definitiva, resuelve que la firma es auténtica, se tendrá por preparada la vía ejecutiva.

Precario

Concepto.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2195 inciso segundo del Código Civil, el precario es  “la tenencia de un cosa ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño”.

No hay que confundir el comodato precario con el precario, puesto que en el comodato precario la tenencia de la cosa está justificada por la existencia de un contrato previamente celebrado entre las partes, con la particularidad de que el comodante (la parte del contrato que entrega gratuitamente la especie mueble o raíz) se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa en cualquier tiempo, mientras que en el precario la tenencia de la cosa constituye una situación de hecho irregular caracterizada por la ausencia de contrato previo y fundada en la ignorancia y mera tolerancia del dueño.

Requisitos del Precario.

  1. Que un tercero detente la mera tenencia de  una cosa ajena sin previo contrato;
  2. Que la mera tenencia se deba a la ignorancia o mera tolerancia del dueño de la cosa.

Juicio de Precario.

Es aquel en que el dueño de una especie mueble o raíz solicita al juez, mediante un procedimiento sumario, la restitución de dicha especie por estar siendo detentada por un tercero sin previo contrato y por  ignorancia o mera tolerancia de su parte.

Por lo tanto, el objetivo de este juicio es poner término a esa situación irregular de mera tenencia y así la especie vuelva a estar en posesión del dueño.

¿ Qué se debe probar en el juicio de precario?

  1. Que el demandante es el dueño de la cosa cuya restitución se solicita;
  2. Que el demandado detente la mera tenencia de la cosa;
  3. Que la mera tenencia del demandado no esté fundada en un contrato previamente celebrado;
  4. Y, que dicha mera tenencia  se deba a la ignorancia o mera tolerancia del demandante.

Basta con que el demandante logre probar los hechos a que se refieren los dos primeros puntos antes mencionados para que el tribunal acoja la acción de precario.

Diferencias entre la acción de precario y la acción reivindicatoria

Hay dos diferencias básicamente:

  1. Que la acción reivindicatoria se dirige contra el “actual poseedor”, mientras que la acción de precario se dirige contra el “mero tenedor”.
  2. Que la ignorancia y mera tolerancia del dueño  constituyen requisitos de procedencia únicamente respecto de la acción de precario.

Ley que rebaja impuesto territorial de propiedades de adultos mayores vulnerables

El día 5 de marzo del año 2014, se publicó la Ley N°20.732, que rebaja el impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente, de tal manera que, el importe de la tercera y cuarta cuota del impuesto  de un año y de la primera y segunda cuota de dicho impuesto del año siguiente, no sea superior al cinco por ciento de los ingresos anuales del contribuyente de dicho impuesto del año anterior al año de la tercera y cuarta cuota aludidas.

 

Acoso Laboral

Antecedente

La Ley N°20.607, publicada con fecha 8 de agosto del año 2012, introduce expresamente la figura del Acoso Laboral al Código del Trabajo.

Concepto

Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

Sujetos

1. Sujeto Activo. El empleador o uno o más trabajadores.

2. Sujeto Pasivo. Uno o más trabajadores.

Causal de término del Contrato de Trabajo

Las conductas de acoso laboral en que incurra un trabajador en contra de otro trabajador, constituye una de las causales en virtud de las cuales el empleador puede poner término al contrato de trabajo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 160 letra f) del Código del Trabajo.

Despido Indirecto

Si el que incurriere en conductas de acoso laboral fuere el empleador, entonces, el trabajador afectado queda facultado para poner término al contrato de trabajo, demandando el despido indirecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo.

Inauguración del Año Judicial 2014.

En esta ocasión, el Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en la ceremonia del día 1 de marzo del año 2014, abordó las siguientes materias:

1. El  derecho de las victimas en el proceso penal;

2. La independencia del Poder Judicial, en relación a las críticas hacia los jueces que en el último tiempo han sostenido autoridades de otros poderes del Estado;

3. El Proyecto de Reforma Procesal Civil, haciendo un llamado al Congreso a considerar las observaciones efectuadas por la Corte Suprema.

4. Estado y avance de las causas sobre violación de los derechos humanos;

Proyecto de Ley que modifica régimen previsional de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y Gendarmería.

El día 20 de febrero del año 2014, se promulgó Proyecto de Ley que modifica algunos aspectos previsionales las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, tales como la eliminación gradual de la cotización del Fondo de Retiro de los Pensionados mayores de 65 años,  la limitación de los beneficios de montepío, restricción de la reliquidación de la pensión a una sola vez, y la supresión de la posibilidad de obtener una segunda pensión en estos sistemas previsionales.

Modificación a la Ley del Tabaco

El 8 de febrero del año 2013, se publicó la Ley N°20.660, sobre “Ambientes Libre de Humo de Tabaco”, que introduce una serie de modificaciones a la ley que regula actividades relacionadas con el tabaco.

Esta Ley dispone la prohibición de fumar en los siguientes lugares:

a) Todo espacio cerrado que sea un lugar accesible al público o de uso comercial colectivo, independientemente de quien sea el propietario o de quien tenga derecho de acceso a ellos.

b) Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias de:

  • Establecimientos de educación parvularia, básica y media.
  • Recintos donde se expendan combustibles.
  • Aquellos lugares en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos, materiales inflamables, medicamentos o alimentos.
  • En las galerías, tribunas y otras aposentadurías destinadas al público en los recintos deportivos, gimnasios o estadios. Esta prohibición se extiende a la cancha y a toda el área comprendida en el perímetro conformado por dichas galerías, tribunas y aposentadurías, salvo en los lugares especialmente habilitados para fumar que podrán tener los mencionados recintos.

     c) Medios de transporte de uso público o colectivo, incluyendo ascensores.”.

d) En los siguientes lugares, salvo en sus patios o espacios al aire libre:

  •       Establecimientos de educación superior, públicos y privados.
  •      Aeropuertos y terrapuertos.
  •      Teatros y cines.
  •      Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en general.
  •      Supermercados, centros comerciales y demás establecimientos similares de libre acceso al público.
  •      Establecimientos de salud, públicos y privados, exceptuándose los hospitales de internación siquiátrica que no cuenten con espacios al aire libre o cuyos pacientes no puedan acceder a ellos.
  •      Dependencias de órganos del Estado.
  •      Pubs, restaurantes, discotecas y casinos de juego.

Se presentó Proyecto de Ley que prohíbe efectuar descuentos por deudas en el finiquito.

Los diputados Andrade y Lemus, el día 28 de enero del año 2014, presentaron Proyecto de Ley que prohíbe efectuar descuentos en el finiquito de término de la relación laboral respecto de créditos contraídos por los trabajadores, introduciendo un nuevo artículo 64 al Código del Trabajo que establecería lo siguiente:

“El empleador no podrá deducir sumas o porcentajes del finiquito u otro instrumento a que se refiere el artículo 177, destinadas al pago de obligaciones a plazo que haya contraído el trabajador con el mismo empleador u otra entidad. El empleador deberá pagar la totalidad de las sumas que se adeuden al trabajador, por concepto de remuneraciones, indemnizaciones u otras prestaciones de origen legal o contractual”.

Corte Suprema rechaza recurso de casación en el fondo interpuesto por pequeños comerciantes por saqueos pos terremoto

Con fecha 24 de diciembre del año 2013, la Corte Suprema rechazó recurso de casación en el fondo, interpuesto por un grupo de pequeños comerciantes instalados  en la comuna de San Pedro de la Paz, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 17 de mayo del año 2013, con ocasión de la serie de saqueos y destrozos que afectaron sus locales pos terremoto del 27 de febrero del año 2010.

Reforma Constitucional establece obligatoriedad del segundo nivel de transición (KINDER)

La Ley de Reforma Constitucional N°20.710, de fecha 11 de diciembre del año 2013, reemplazó el párrafo cuarto del N°10 del artículo 19 de la Constitución, por el siguiente:

“Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.”.

Corte de Apelaciones de Santiago reconoce derecho del SERNAC para accionar en caso farmacias.

La Corte de apelaciones de Santiago acogió un recurso de apelación deducido por el SERNAC, revocando la sentencia dictada por el 10° Juzgado Civil de Santiago y que declaraba inadmisible la demanda colectiva por vulneración del interés colectivo y difuso de los consumidores, interpuesta por el SERNAC, con fecha 1° de febrero del año 2013.

Entre los argumentos que da el Tribunal de alzada para revocar la sentencia apelada, se encuentra que la Ley N°19.496 no establece ninguna limitación para que el SERNAC puede accionar en favor de los intereses de los consumidores afectados por las conductas que sancionó previamente el Tribunal de la Libre Competencia, sino que por el contrario, dicho texto legal establece una facultad amplia para que dicho organismo pueda velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los derechos de los consumidores y hacerse parte en aquellas causas que comprometan los intereses generales de los consumidores.

Mas información en http://www.poderjudicial.cl

Proyecto de Ley aumenta sanciones en materia de obligaciones pago y cobro de cotizaciones previsionales

El día 19 de noviembre del año 2013, se presentó una moción parlamentaria que  tiene por objeto aumentar las sanciones establecidas en la Ley N°17.322 para  los empleadores y entidades previsionales o de seguridad social en materia de cobranza judicial de cotizaciones.

El proyecto establece el pago de una multa y apremio de arresto de 3 a 6 meses para al empleador que no consigne oportunamente las sumas referidas al pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores.

Actualmente, la Ley N°17.322, establece apremio de arresto de hasta por 15 días para el empleador que no paga las cotizaciones previsionales.

Desahucio en el arrendamiento de predios urbanos (Ley N°18101)

CONCEPTO DE DESAHUCIO.

El desahucio es el acto jurídico unilateral en virtud del cual un contratante manifiesta anticipadamente al otro contratante su intención de poner término al contrato. Pero este acto jurídico unilateral tiene la particularidad de que no requiere de la aceptación del otro contratante para perfeccionarse.

 CARACTERÍSITCAS DEL DESAHUCIO.

El desahucio en el arrendamiento de predios urbanos tiene las siguientes particularidades:

  1. Es irrevocable;
  2. Debe darse con una anticipación mínima, que depende de la duración del contrato de que se trate;
  3. No requiere de aceptación para perfeccionarse;
  4. Puede ser judicial o extrajudicial;
  5. Procede respecto de contratos de plazo indefnido, y excepcionalmente, respecto de contratos de plazo definido.

 CONTRATOS RESPECTO DE LOS CUALES PROCEDE.

Procede por regla general respecto de contratos de arrendamiento de plazo indefinido, y tratándose de contratos de arrendamiento de plazo definido debe respetarse el plazo pactado, en virtud del principio de fuerza obligatoria que tienen los contratos para las partes, por aplicación del artículo 1545 del Código Civil.

Excepciones: 

La Ley N°18.101 establece normas especiales respecto del desahucio y restitución, permitiendo el desahucio, en los siguientes contratos de plazo fijo:

1. Contratos en que el plazo se haya fijado mes a mes.

2. Contratos de Plazo fijo no superior a un año.

 

3. Contratos de plazo superior a un año con cláusula de prohibición de subarrendar, autorizan al arrendatario para desahuciarlo.

Lo anterior, es sin perjuicio de que las partes, voluntariamente, podrán pactar  cláusulas de término anticipado en los contratos de arrendamiento de plazo fijo.

 FORMA COMO DEBE HACERSE EL DESAHUCIO DADO POR EL ARRENDADOR.

Hay que distinguir:

1. Contratos de duración indefinida y en los que el plazo se haya fijado mes a mes. El desahucio podrá efectuarse judicialmente o mediante notificación personal efectuada por notario.

2. Contratos de plazo fijo no superior a un año. Deberá efectuarse mediante notificación judicial.

 PLAZO PARA RESTITUIR QUE TIENE EL ARRENDATARIO EN CASO DE DESAHUCIADO DADO POR EL ARRENDADOR. 

Hay que distinguir:

1. Contrato de duración indefinida o en que el plazo se haya fijado mes a mes. El arrendatario tiene un plazo mínimo de 2 meses para restituir el inmueble, contado desde la notificación respectiva, aumentándose en un mes por cada año completo que el arrendatario hubiere ocupado el inmueble, sin embargo, en total el plazo no podrá exceder de 6 meses.

2. Contratos de duración no superior a un año. El arrendatario tiene un plazo de 2 meses para restituir el inmueble.

 

Caso de Restitución del inmueble abandonado por el arrendatario.

Esta situación está tratada en el artículo 6 de la Ley N°18101, el cual permite que el arrendador solicite al Tribunal competente que el inmueble le sea entregado sin forma de juicio, con la sola certificación del abandono por un ministro de fe.

Se establece plazo para extender finiquito de trabajo

El día 23 de agosto del año 2013, se publicó la Ley N°20.684, que establece plazo para el otorgamiento del finiquito del contrato de trabajo, introduciendo las siguientes modificaciones al Código del Trabajo:

1. Se elimina del inciso primero del artículo 163 (sobre Indemnización por años de servicios), la expresión “al momento de la terminación”.

2. Se agrega al inciso primero del artículo 177, lo siguiente: “El finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesto a su pago a disposición del trabajador dentro de diez días hábiles, contados desde la separación del trabajador. Las partes podrán pactar el pago en cuotas de conformidad con los artículo 63 bis y 169.”

Citación a Confesar Deuda

La Citación a confesar deuda, es una Gestión Preparatoria de la Vía Ejecutiva, es decir, aquella gestión judicial destinada a crear un título ejecutivo perfecto, cuando no se cuenta con  antecedente alguno en que conste la obligación que se trata de hacer efectiva y que permita iniciar un juicio ejecutivo.

La persona que es citada judicialmente a confesar una deuda, puede adoptar una de las siguientes actitudes:

  1. Comparecer al tribunal, y confesar la deuda, en cuyo caso, se tendrá por preparada la vía ejecutiva y el gestor de la citación, contará con un Título ejecutivo perfecto para iniciar un juicio ejecutivo y así hacer efectivo el cumplimiento de la deuda;
  2. Comparecer al tribunal y negar la deuda, en cuyo caso,  terminará de inmediato la gestión y el acreedor no contará con un título ejecutivo para iniciar un juicio ejecutivo;
  3. Comparecer al tribunal y dar respuestas evasivas, en este caso, el acreedor podrá solicitar que se tenga por confeso al deudor  y preparada la vía ejecutiva en virtud del apercibimiento del artículo 435 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil;
  4. No comparecer al Tribunal, en este caso, el igual que el anterior, el gestor de la medida, podrá solicitar al tribunal que tenga por confeso al deudor y por preparada la vía ejecutiva en virtud del apercibimiento del artículo 435 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil.

Corte de Apelaciones confirmó parcialmente sentencia que condenó a la Municipalidad de Puente alto

Con fecha 10 de Julio del año 2013, la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, falló el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada por el 5° Juzgado Civil de Santiago,  en la causa que iniciaron 28 propietarios de las casas construidas por la empresa Copeva en contra de la Municipalidad de Puente Alto y el SERVIU METROPOLITANO, confirmando parcialmente la sentencia en el sentido de que se condena a la Municipalidad de Puente Alto por concepto de daño moral a pagar la suma de $1.000.000 a favor de cada uno de los demandantes.

Además, en dicho fallo se revocó la sentencia apelada en cuanto se condenaba  a la Municipalidad de Puente Alto a pagar la suma de $3000.000 por concepto de daño material a favor de cada uno de los demandantes, rechazándose la demanda en este aspecto.

Causales de Término del Contrato Individual de Trabajo

Las causales de término del contrato de trabajo son de derecho estricto, esto significa que sólo se podrá poner término al contrato de trabajo por alguna de las causales señaladas por la ley.

CLASIFICACIÓN.

Se pueden clasificar atendiendo a si dan o no derecho al trabajador para percibir la indemnización por años de servicio a que se refiere el artículo 163 del Código del Trabajo.

CAUSALES QUE NO DAN DERECHO AL TRABAJADOR A RECIBIR INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO.

1. Causales del artículo 159 del Código del Trabajo.

  • 1.1 Mutuo acuerdo de las partes;
  • 1.2 Renuncia del Trabajador;
  • 1.3 Muerte del trabajador;
  • 1.4 Vencimiento del plazo convenido en el contrato;
  • 1.5 Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato;
  • 1.6 Caso fortuito o fuerza mayor.

2. Causales del artículo 160 del Código del Trabajo:

Se refieren a los casos en que el empleador le ponga término al contrato de trabajo por:

2.1 Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan:

  • 2.1.1 Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones;
  • 2.1.2 Conductas de acoso sexual;
  • 2.1.3  Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador
  • que se desempeñe en la misma empresa;
  • 2.1.4 Injurias proferidas por el trabajador al empleador, y
  • 2.1.5 Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña.

2.2  Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador.

2.3 No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra.

2.4. Abandono del trabajo por parte del trabajador;

2.5 Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos.

2.6 El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías.

2.7 Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

Eventualmente, el empleador estará obligado a pagar la indemnización por años de servicio si el contrato de trabajo hubiere terminado por alguna de las causales del artículo 159 y 160 del Código de Trabajo, si así se hubiese pactado convencionalmente en virtud de negociación individual o colectiva.

CAUSALES QUE DAN DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO.

1. Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio (artículo 161, inciso primero);

2. Desahucio escrito del empleador, en el caso de los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades generales de administración, y en el caso de los trabajadores de casa particular (artículo 161, inciso segundo).

Demanda por Crédito Corfo

Un grupo de personas endeudadas con el Crédito CORFO y con el Crédito con Aval del Estado (CAE) presentó una demanda declarativa de pago en contra del Fisco y ciertas Instituciones Financieras, ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, con el objeto de que se dejen sin efecto los actos de consumo en que se basaron dichos créditos y se indemnice a los afectados.

Entre los fundamentos de Derecho esgrimidos en la demanda se encuentra la letra c) del numeral 2 del Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y publicado en el Diario Oficial el 27 de mayo del año 1989, que dispone lo siguiente: “La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implementación progresiva de la enseñanza gratuita. “

Procedimiento de Posesión Efectiva

El procedimiento varía dependiendo de si se trata de una sucesión intestada (cuando no hay testamento) o de una  sucesión testada.

PROCEDIMIENTO DE POSESIÓN EFECTIVA DE UNA SUCESIÓN INTESTADA.

En este caso, no se trata de un procedimiento judicial, sino que administrativo, regido por la Ley 19.903.

Preguntas frecuentes.

1. ¿ Quién puede solicitar la posesión efectiva?

R. Cualquier persona que invoque la calidad de heredero, bastando para identificarse como tal la cédula de identidad vigente.

2. ¿ Ante quién se solicita la posesión efectiva?

R. Ante cualquier oficina del Servicio del Registro Civil e Identificación.

3. ¿ Qué documentos se requieren?

R. En términos generales, sólo se requiere el formulario confeccionado por el Servicio del Registro Civil.

4. ¿ Qué se debe acompañar al formulario?

R. Un Inventario de los bienes existentes al fallecimiento del causante, indicando tanto bienes muebles como inmuebles del causante, particularizándolos uno a uno, o señalando colectivamente los que consistan en número, peso o medida, con exposición de la cantidad y calidad esencial; comprenderá también créditos y deudas de que hubiere comprobantes y en general todos los objetos presentes. El inventario deberá incluir la valoración de los bienes.

        La individualización de los bienes raíces sólo contendrá la remisión expresa a fojas, número, año y registro conservatorio de cada propiedad, y será suficiente para practicar las inscripciones que sean necesarias. Tratándose de otros bienes sujetos a registro, deberán señalarse los datos necesarios para su ubicación o individualización.

5. ¿ Cómo se otorga?

R. Por resolución fundada del Director Regional del respectivo Servicio.

6. ¿ Qué pasa si es rechazada la solicitud?

R. Se podrá solicitar nuevamente, en cuyo caso deberá conocerla el mismo Director Regional que rechazó la primera.

7. ¿ A quién se otorga la posesión efectiva?

La posesión efectiva será otorgada a todos los que posean la calidad de herederos,  de conformidad a los registros del Servicio de Registro Civil e Identificación, aun cuando no hayan sido incluidos en la solicitud y sin perjuicio de su derecho a repudiar la herencia de acuerdo a las reglas generales.

8. ¿ Que se debe hacer con la resolución que concede la posesión efectiva?

R. La resolución que conceda la posesión efectiva de la herencia será publicada en extracto por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un diario regional correspondiente a la Región en que se inició el trámite, en día 1º o 15 de cada mes o el día hábil siguiente, si éstos recayeren en día sábado o feriado. Sin perjuicio de los medios complementarios de publicidad que establezca el reglamento, el Servicio mantendrá a disposición del público un ejemplar de las publicaciones en cada una de sus oficinas.

9. ¿ Qué sucede una vez efectuada la publicación de la resolución?

R. Efectuada la publicación de la resolución, el Director Regional competente ordenará inmediatamente la inscripción de la resolución en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas.

10. ¿ Hay que pagar por el trámite?

Sólo se paga cuando el valor de los bienes dejados por el causante excede las 15 unidades tributarias anuales.

PROCEDIMIENTO DE POSESIÓN EFECTIVA DE UNA HERENCIA TESTADA.

Se trata de un procedimiento judicial que deberá iniciarse ante el Juzgado Civil del lugar en que el causante haya tenido su último domicilio, y se tramitará en conformidad a las normas contenidas en el Título VIII del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil. Para más detalles haz click aquí.

Modificación a Ley sobre donante de órganos

El día 7 de junio del año 2013, se publicó la Ley N°20.673, que modifica a la Ley N°19.451, sobre “Trasplante y donación de órganos”, estableciéndose básicamente lo siguiente: “Toda persona mayor de dieciocho años será considerada, por el solo ministerio de la ley, como donante de sus órganos una vez fallecida, a menos que hasta antes del momento en que se decida la extracción del órgano, se presente una documentación fidedigna, otorgada ante notario público, en la que conste que el donante en vida manifestó su voluntad de no serlo. El notario deberá remitir dicha información al Servicio de Registro Civil e Identificación para efectos del Registro Nacional de No Donantes, según lo establezca el reglamento respectivo.”

Antes de esta modificación, la Ley sobre Trasplante y donación de órganos señalaba lo siguiente:   “Toda persona mayor de dieciocho años será considerada, por el solo ministerio de la ley, donante de sus órganos una vez fallecida, a menos que en vida haya manifestado su voluntad de no serlo en alguna de las formas establecidas en esta ley.”

Es decir, con esta modificación legal, se ha restringido a una declaración ante notario la forma en que las personas pueden manifestar su voluntad de no disponer de sus órganos después de su fallecimiento.

Aprobación de proyecto sobre cuidado compartido de los hijos

Se aprobó Proyecto de Ley que introduce modificaciones a diversas disposiciones del  Código Civil, en materia de cuidado personal de los hijos, estableciendo el principio de la corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.

Entre las principales modificaciones introducidas por este proyecto, se encuentra la referida al artículo 225 del Código Civil, disponiéndose que en caso que los padres vivan separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida.

Actualmente la disposición antes mencionada, establece que si los padres viven separados el cuidado personal corresponde a la madre, y excepcionalmente, los padres pueden acordar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre.

Además, es toda una novedad en nuestra legislación que, en que caso que los padres vivan separados, pueden acordar el cuidado personal compartido.

Bienes inembagables

La regla general es que el acreedor puede perseguir su crédito en todos los bienes del deudor, sean raíces o muebles, presentes o futuros,  salvo aquellos que la ley ha declarado inembargables.

Los bienes inembargables están constituidos principalmente por los enumerados en el artículo 445 del Código de Procedimientos, que paso a indicar a continuación:

1° Los sueldos, las gratificaciones y las pensiones  de gracia, jubilación, retiro y montepío que pagan el Estado y las Municipalidades.

Sin embargo, tratándose de deudas que provengan de pensiones alimenticias decretadas judicialmente, podrá embargarse hasta el 50% de las prestaciones que reciba el alimentante en conformidad al inciso anterior;

2° Las remuneraciones de los empleados y obreros en la forma que determinan los artículos 40 y 153 del Código del Trabajo;

3° Las pensiones alimenticias forzosas;

4° Las rentas periódicas que el deudor cobre de una fundación o que deba a la liberalidad de un tercero, en la parte que estas rentas sean absolutamente necesarias para sustentar la vida del deudor, de su cónyuge y de los hijos que viven con él y a sus expensas;

5° Los fondos que gocen de este beneficio, en conformidad a la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile y en las condiciones que ella determine;

6° Las pólizas de seguro sobre la vida y las sumas que, en cumplimiento de lo convenido en ellas, pague el asegurador. Pero, en este último caso, será embargable el valor de las primas pagadas por el que tomó la póliza;

7° Las sumas que se paguen a los empresarios de obras públicas durante la ejecución de los trabajos.

Esta disposición no tendrá efecto respecto de lo que se adeude a los artífices u obreros por sus salarios insolutos y de los créditos de los proveedores en razón de los materiales u otros artículos suministrados para la construcción de dichas obras;

8° El bien raíz que el deudor ocupa con su familia, siempre que no tenga un avalúo fiscal superior a cincuenta unidades tributarias mensuales o se trate de una vivienda de emergencia, y sus ampliaciones, a que se refiere el artículo 5° del decreto ley N°2552, de 1979; los muebles de dormitorio, de comedor y de cocina de uso familiar y la ropa necesaria para el abrigo del deudor, su cónyuge y los hijos que viven a sus expensas.

La inembargabilidad establecida en el inciso precedente no regirá para los bienes raíces respecto de los juicios en que sean parte el Fisco, Las Cajas de Previsión y demás organismos regidos por la ley del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo;

9° Los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de cincuenta unidades tributarias mensuales y a elección del mismo deudor;

10° Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección;

11° Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado;

12° Los objetos indispensables al ejercicio personal del arte u oficio de los artistas, artesanos y obreros de fábrica; y los aperos, animales de labor y material de cultivo necesarios al labrador o trabajador de campo para la explotación agrícola, hasta la suma de cincuenta unidades tributarias mensuales y a elección del mismo deudor;

13°. Los utensilios caseros y de cocina, y los artículos de alimento y combustible que existan en

poder del deudor, hasta concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes;

14°. La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente;

15°. Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación;

16°. Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por tasación aprobada judicialmente; pero podrán embargarse por el valor adicional que después adquieran;

17°. Los bienes destinados a un servicio que no pueda paralizarse sin perjuicio del tránsito o de la higiene pública, como los ferrocarriles, empresas de agua potable o desagüe de las ciudades, etc.; pero podrá embargarse la renta líquida que produzcan, observándose en este caso lo dispuesto en el artículo anterior; y

18°. Los demás bienes que leyes especiales prohíban embargar.

 ¿ Qué hacer en caso de que  embarguen un bien inembargable?

Se debe hacer una presentación por escrito ante el tribunal que ordenó el embargo solicitando  su alzamiento, lo que se denomina procesalmente como  “Incidente de Exclusión de Embargo”.

Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad respecto del artículo 54 N°4 de la Ley de Matrimonio Civil.

En el mes de marzo del año 2013, se presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 54 N°4 de la Ley de Matrimonio Civil, que establece la “Conducta Homosexual” como causal del divorcio sanción o culposo,  por considerarlo contrario a lo dispuesto en los artículos 1°, 5° inciso segundo y 19 N°2 todos de la Constitución Política, y que incidiría en un juicio de familia que se encuentra pendiente.

Al respecto, hay que precisar que el que hecho que establece el artículo 54 N°4 de la Ley de Matrimonio Civil como causal de divorcio, no es la tendencia u orientación homosexual de uno de los cónyuges, sino que la “conducta homosexual”, es decir, no basta para configurar dicha causal que una persona tenga atracción sexual hacia otra del mismo sexo (ser homosexual), sino que se requiere además la exteriorización o materialización mediante un acto de la tendencia homosexual (conducta homosexual).

Modificación a la Ley del Tabaco

El 8 de febrero del año 2013, se publicó la Ley N°20.660, sobre “Ambientes Libre de Humo de Tabaco”, que introduce una serie de modificaciones a la ley que regula actividades relacionadas con el tabaco.

Esta Ley dispone la prohibición de fumar en los siguientes lugares:

a) Todo espacio cerrado que sea un lugar accesible al público o de uso comercial colectivo, independientemente de quien sea el propietario o de quien tenga derecho de acceso a ellos.

b) Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias de:

  • Establecimientos de educación parvularia, básica y media.
  • Recintos donde se expendan combustibles.
  • Aquellos lugares en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos, materiales inflamables, medicamentos o alimentos.
  • En las galerías, tribunas y otras aposentadurías destinadas al público en los recintos deportivos, gimnasios o estadios. Esta prohibición se extiende a la cancha y a toda el área comprendida en el perímetro conformado por dichas galerías, tribunas y aposentadurías, salvo en los lugares especialmente habilitados para fumar que podrán tener los mencionados recintos.

     c) Medios de transporte de uso público o colectivo, incluyendo ascensores.”.

d) En los siguientes lugares, salvo en sus patios o espacios al aire libre:

  •       Establecimientos de educación superior, públicos y privados.
  •      Aeropuertos y terrapuertos.
  •      Teatros y cines.
  •      Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en general.
  •      Supermercados, centros comerciales y demás establecimientos similares de libre acceso al público.
  •      Establecimientos de salud, públicos y privados, exceptuándose los hospitales de internación siquiátrica que no cuenten con espacios al aire libre o cuyos pacientes no puedan acceder a ellos.
  •      Dependencias de órganos del Estado.
  •      Pubs, restaurantes, discotecas y casinos de juego.

Derecho de Retracto de los Consumidores

La ley 19.496, establece tres casos en que los consumidores tendrán derecho a retractarse respecto de la adquisición de un bien o la prestación de un servicio.

PRIMER CASO (Letra a) del artículo 3°.bis)

En la compra de bienes y contratación de servicios realizadas en reuniones convocadas o concertadas con dicho objetivo por el proveedor, en que el consumidor deba expresar su aceptación dentro del mismo día de la reunión.

 Plazo para ejerce el retracto.

10 días contados desde la recepción del producto o desde la contratación del servicio, y antes de la prestación del servicio.

Forma de hacer valer el retracto.

Mediante el envío de una carta certificada enviada al proveedor, al domicilio señalado en el contrato.

SEGUNDO CASO ( Letra b) del artículo 3°.bis.)

En los contratos celebrados por medios electrónicos, y en aquellos en que se aceptare  una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia, a menos que el proveedor haya dispuesto expresamente lo contrario.

Forma de hacer valer el retracto.

El consumidor se podrá valer de los mismos medios electrónicos que empleó para celebrar el contrato.

Plazo.

Hay que distinguir:

- Si el proveedor envío al consumidor confirmación escrita de la celebración del contrato; el plazo será de 10 días contados desde la recepción del bien o celebración del contrato.

- Si el proveedor no envío al consumidor confirmación escrita de la celebración del contrato; el plazo será de 90 días contados desde la recepción del bien o celebración del contrato.

Efecto del retracto.

1. Obligación del Proveedor. El proveedor estará obligado a devolverle al consumidor las sumas abonadas, sin retención de gastos, a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, antes de 45 días siguientes a la comunicación del retracto.

- Excepción. El Proveedor no estará obligado a la devolución de las sumas abonadas respecto de servicios ya prestados a la fecha del retracto.

2. Obligación del Consumidor. Deberá restituir conjuntamente con el bien, los elementos originales del embalaje, como las etiquetas, certificados de garantía, manuales de uso, cajas, elementos de protección o su valor respectivo, previamente informado.

TERCER CASO. (artículo 3.°ter).

Prestaciones de servicios educacionales de nivel superior, proporcionadas por centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, tratándose de alumnos de primer año de la carrera o programa de pregrado, que se encuentren matriculados en otra entidad de educación superior antes de la publicación de los resultados de las postulaciones a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores.

Plazo para retractarse.

10 días antes de que se complete la primera publicación de los resultados de las postulaciones.

Efecto.

Se dejará sin efecto el contrato de prestación de servicios, y se deberán restituir todas las sumas pagadas.

 NOTA. Todo lo dicho respecto del derecho de retracto, es sin perjuicio de que el proveedor puede permitir el retracto en otros casos no señalados por la ley.

Ley que simplifica trámites de constitución de sociedades

Con fecha 8 de febrero del año 2013, se publicó la Ley N°20.656, que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, y que es aplicable para todas las personas jurídicas que voluntariamente se constituyan o acojan a este Ley.

Esta Ley establece que para la constitución, modificación, fusión, división, transformación o disolución de una sociedad comercial, los constituyentes, socios o accionistas deberán suscribir un formulario que deberá inscribirse en un Registro  especial denominado de “Empresas y Sociedades”.

Ley sobre derechos y deberes de los Pacientes

El día 1 de octubre del año 2012, entró en vigencia la Ley N°20.584, sobre “Derechos y deberes que tienen las personas en relación con la atención vinculadas a las acciones vinculadas a su atención de salud”.

Entre los principales derechos de los pacientes que establece esta Ley, destacan los siguientes:

  • De la Seguridad en la atención de salud;
  • Del derecho a un trato digno;
  • Derecho a tener compañía y asistencia espiritual;
  • Derecho a la información;
  • Derecho a reserva de la información contenida en la Ficha Clínica;
  • Derecho a la autonomía de las personas en su atención de salud;

Despido Iindirecto o autodespido

CONCEPTO.

Es la facultad que tiene el trabajador para poner término al contrato de trabajo, en el evento de que sea el empleador el que incurra en algunas de las causales de término del contrato de trabajo de los número 1,5 o 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, o en el caso de que el empleador no cumpla con el procedimiento establecido en el Título IV del Libro II del mismo cuerpo legal, debiendo concurrir al Juzgado del Trabajo competente, dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el día de la terminación de los servicios.

CAUSALES POR LAS CUALES PROCEDE EL DESPIDO INDIRECTO.

1. Cuando el empleador incurriere en alguna de las siguientes causales del artículo 160 del Código del Trabajo:

            1. La del N°1, esto es: Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan:

                        a) Falta de probidad del empleador.

b) Conductas de acoso sexual del empleador contra el trabajador.

c) Vías de hecho ejercidas por el empleador en contra del trabajador

d) Injurias proferidas por el empleador al trabajador, y

e) Conducta inmoral del empleador que afecte a la empresa donde se desempeña el trabajador.

            2. La del N°5, esto es: Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos.

            3. La del N°7, esto es: Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

2. Cuando el empleador no hubiere observado el procedimiento de investigación y sanción del acoso sexual establecido en el Título IV del Libro II.

FORMALIDADES DEL AUTODESPIDO.

El trabajador deberá comunicar por escrito al empleador su decisión de poner término al contrato de trabajo, ya sea personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda el término del contrato. Este aviso deberá enviarse dentro de los tres días hábiles siguientes al de la separación del trabajador, enviando a su vez, copia de dicho aviso a la respectiva Inspección del Trabajo.

 

Sanción al no cumplimiento de las formalidades del autodespido.

En caso de errores u omisiones de los avisos o comunicaciones que el trabajador debe dirigir al empleador, se aplicarán al trabajador las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 508 del Código del Trabajo, pero no producirá de modo alguno, la invalidación de la terminación del contrato.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE DEBE OBSERVAR EL TRABAJADOR.

El trabajador deberá presentar ante el Juzgado Laboral competente con el patrocinio de un abogado una demanda por autodespido, dentro del plazo de 60 días hábiles siguientes a la terminación, ordenando que se declare terminado el contrato de trabajo, y que se paguen las indemnizaciones a que se refiere el artículo 172 del Código del Trabajo.

¿ Qué pasa si el tribunal rechazara la demanda del trabajador?

Hay que distinguir:

  1. Si la causa invocada no es la de conducta de acoso sexual, se entenderá que el contrato ha terminado por la renuncia del trabajador, sin pago de indemnizaciones;
  2. Si la causa invocada es la de acoso sexual, hay que subdistinguir:

2.1    Si se invoca falsamente o con el propósito de lesionar la honra del empleador, y el tribunal hubiese declarado la demanda carente de motivo plausible, además de entenderse que el contrato ha terminado por renuncia del trabajador, éste estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause al afectado;

2.2    Si se invoca maliciosamente, además de la indemnización de perjuicios, el trabajador quedará sujeto a otras acciones legales que procedan.

INDEMNIZACIONES A QUE DA DERECHO EL AUTODESPIDO.

En el caso que la demanda del trabajador sea acogida, tendrá derecho a las siguientes indemnizaciones:

1. Indemnización sustitutiva del aviso previo, equivalente a la última remuneración mensual devengada (artículo 162, inciso cuarto del Código del Trabajo);

2. Indemnización por años de servicio, según lo dispuesto en los incisos primero o segundo del artículo 163 del Código del Trabajo, aumentada de la siguiente manera:

            2.1 En un 50% en el caso que la causal invocada sea la del N°7 del artículo 160.

            2.2 En un 80% en el caso que la causal invocada sea la de los números 1 y 5 del artículo 160.

3. Y, en el caso que las causales invocadas sean las de las letras a) o b) del número 1 del artículo 160, el trabajador podrá pedir las otras indemnizaciones que sean procedentes.

NULIDAD DE DESPIDO Y AUTODESPIDO.

Al respecto hay que señalar que entre los efectos del auto-despido regulado de manera especial en el artículo 171 del Código del Trabajo, sólo se encuentra el pago de las indemnizaciones antes señaladas, no contemplándose los efectos a que da lugar la “nulidad del despido”, por lo tanto, no es aplicable dicha institución al despido indirecto.

Al respecto destaca la sentencia de fecha 24 de marzo del 2011, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en los autos ROL N°18-2011, en que se señala lo siguiente: “El artículo 171 del Código del Trabajo que estableció la facultad del trabajador de hacer uso de lo dispuesto en el artículo 160 de ese código, para poner término al contrato de trabajo, entre otras causales, por incumplimiento grave del empleador a las obligaciones del contrato, se refiere exclusivamente al derecho a recibir el pago de las indemnizaciones “establecidas en los incisos 4° del artículo 162 y en los incisos 1° o 2° del artículo 163 del mismo cuerpo legal y los recargos respectivos”, pero nada se indica en dicha disposición legal sobre beneficios que puede obtener el trabajador conforme a lo dispuesto en los incisos 5° y 7° del artículo 162 del referido Código, con lo cual no es posible, en este caso muy particular de “despido indirecto” agregarse otras circunstancias o sanciones como el considerar que “no ha terminado la relación laboral para cancelar remuneraciones y demás prestaciones consignados en el contrato de trabajo durante el período que va desde la fecha de despido y la de envío o entrega de las comunicaciones al trabajador del pago total de las imposiciones adeudadas”, por lo cual, deberá acogerse en este punto, la apelación de la parte empleadora y demandada de autos.”

Permiso de Edificación o Construcción

Obra que requieren permiso.

En general, y en consideración a lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley sobre Urbanismo y Construcciones, requerirán de permiso de edificación “La Construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanos o rurales”.

Excepciones. No requieren de permiso:

- Las obras de infraestructura que ejecute el Estado;

- Las obras urbanas o rurales de carácter ligero o provisorio;

- Las obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas, las de carácter policial de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública;

- Y, las obras de carácter penitenciario, destinadas a sus propios fines.

¿ Quién otorga el permiso?.

El Director de Obras Municipales.

Momento en que debe solicitarse el permiso.

Antes de iniciada la obra de construcción.

Documentos que se deben presentar para solicitar un permiso.

1. Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto proyectista, indicando en ella o acompañando, según corresponda, los siguientes antecedentes:

  • Lista de todos los documentos y planos numerados que conforman el expediente, firmada por el arquitecto proyectista.
  • Declaración simple del propietario de ser titular del dominio del predio.
  • Las disposiciones especiales a que se acoge el proyecto, en su caso.
  • Los profesionales competentes que intervienen en los proyectos.
  • Si el proyecto consulta, en todo o parte, edificios de uso público.
  • Si cuenta con informe favorable de un Revisor Independiente y la individualización de éste.
  • Si cuenta con informe favorable de Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural y la individualización de éste.
  • Si cuenta con anteproyecto aprobado y vigente que haya servido de base para el desarrollo del proyecto, acompañando fotocopia de la resolución de aprobación.

2. Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas vigente o bien del que sirvió de bases para desarrollar el anteproyecto vigente y de la plancheta catastral si ésta hubiere sido proporcionada .

3. Formulario único de estadísticas de edificación.

4. Informe del Revisor Independiente, cuando corresponda, o del arquitecto proyectista, bajo declaración jurada, en los casos de permisos de construcción de un proyecto referido a una sola vivienda o a una o más viviendas progresivas o infraestructuras sanitarias.

5. Informe favorable de Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural, cuando corresponda su contratación.

6. Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado, emitido por la empresa de servicios sanitarios correspondiente. De no existir empresa de servicios sanitarios en el área se deberá presentar un proyecto de agua potable y alcantarillado, aprobado por la autoridad respectiva.

7. Planos de arquitectura numerados, que deberán contener :

  • Ubicación del predio, señalando su posición relativa respecto de los terrenos colindantes y espacios de uso público. Esta información gráfica podrá consultarse dentro del plano de emplazamiento.
  • Emplazamiento de el o los edificios, en que aparezca su silueta en sus partes más salientes, debidamente acotada y con indicación de sus distancias hacia los deslindes respectivos o entre edificios, si correspondiera, incluyendo los puntos de aplicación de rasantes y sus cotas con relación al nivel de suelo natural. En este plano se indicarán, además, los accesos peatonales y vehiculares desde la vía pública.
  • Planta de todos los pisos, debidamente acotadas, señalando los accesos especiales para personas con discapacidad y el o los destinos contemplados.
  • Cortes y elevaciones que ilustren los puntos más salientes de la edificación, sus pisos y niveles interiores, la línea de suelo natural y la rectificada del proyecto, las rasantes en sus puntos más críticos con indicación de sus cotas de nivel, salvo que se ilustren en plano anexo, sus distanciamientos y la altura de la edificación. En caso que haya diferencias de nivel con el terreno vecino o con el espacio público, se indicarán las cotas de éstos y el punto de aplicación de las rasantes. Si se tratare de edificación continua, se acotará la altura de ésta, sobre la cual se aplicarán las rasantes respectivas a la edificación aislada que se permita sobre ella. Los cortes incluirán las escaleras y ascensores si los hubiere, las cotas verticales principales y la altura libre bajo las vigas.
  • Planta de cubiertas.
  • Plano de cierro, cuando el proyecto lo consulte.

    8. Cuadro de superficies, indicando las superficies parciales necesarias según el tipo de proyecto.

   9. Plano comparativo de sombras, en caso de acogerse al artículo 2.6.11. de la presente Ordenanza.

  10. Proyecto de cálculo estructural cuando corresponda de acuerdo con el artículo 5.1.7. de la presente Ordenanza.

  11.Especificaciones técnicas de las partidas contempladas en el proyecto, especialmente las que se refieran al cumplimiento de normas contra incendio o estándares previstos en esta Ordenanza.

  12.Levantamiento topográfico, debidamente acotado, con indicación de niveles, suscrito por un profesional o técnico competente y refrendado por el arquitecto proyectista, salvo que dicha información esté incorporada en las plantas de arquitectura.

  13.Estudio de Ascensores, cuando corresponda.

Plazo que tiene el Director de Obras Municipales para pronunciarse sobre el permiso.

Hay que distinguir:

  • - Si la solicitud de permiso no cuenta con informe favorable de revisor independiente o del arquitecto proyectista, en su caso, el plazo será de 30 días contados desde la fecha de presentación de la solicitud;
  • - Si la solicitud de permiso cuenta con informe favorable de revisor independiente o del arquitecto proyectistas, en su caso, el plazo será de 15 días desde la presentación de la solicitud.

 Obras Ejecutadas sin permiso previo.

En este caso las obras pagarán un recargo del 50% del derecho municipal que correspondiere pagar al momento en que el interesado regularizare su situación.

Si el infractor no regularizare su situación, el Director de obras formulará, en cualquier tiempo, la denuncia ante el Juzgado de Policía Local competente, sin perjuicio de la paralización o demolición de lo construido sin permiso, en su caso.

Corte de Apelaciones de Santiago deja sin efecto resolución que imponía medida de suspensión de sus funciones al alcalde Pedro Sabat

Mediante la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 17 de mayo del 2012,  se deja sin efecto la resolución dictada con fecha 16 de mayo, por la misma Corte, y en virtud de la cual se imponía al alcalde Pedro Sabat, la medida de suspensión de sus funciones por el período de un mes, con goce de medio sueldo, en consideración a lo dispuesto en el numeral 15 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Suspensión de las medidas de Apremio decretadas en contra del Alimentante

Si el alimentante (persona que debe alimentos), no cumpliera con el pago de la pensión que hubiere sido decretada por resolución que cause ejecutoria a favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el Juez de Familia, que hubiere dictado la resolución, de oficio o a petición de parte, deberá imponer al alimentante, como medida de apremio, el arresto nocturno hasta por 15 días. Y si el alimentante persistiera en el incumplimiento de la obligación alimenticia. después de dos períodos de arresto nocturno, el juez podrá apremiarlo con arresto hasta por 15 días, pudiéndose ampliar los sucesivos apremios hasta por 30 días más. Sin embargo, existen causales que habilitan al alimentante para solicitar la suspensión de las medidas de apremio de arresto y arraigo, decretadas en su contra, y que son las siguientes:

  • Cuando el alimentante justificare ante el Tribunal que decretó las medidas de apremio, que carece de los medios económicos suficientes para dar cumplimiento a la obligación alimenticia. En este caso, el Tribunal sólo podrá decretar la suspensión a petición de parte.
  • En caso de enfermedad, invalidez, embarazo y puerperio que tengan lugar entre las 6 semanas antes del parto y doce semanas después de él. En este caso, la suspensión podrá decretarla el tribunal de oficio, a petición de parte, o de Gendarmería de Chile.

 En caso de cualquier circunstancia extraordinaria que impidiere el cumplimiento del apremio o lo transformaren en extremadamente grave

Corte Interamericana de derechos humanos condenó al Estado de Chile

La Corte Interamericana de derechos humanos, en relación a la causa “Atala Riffo y niñas vs Chile, dictó sentencia condenando al Estado de Chile por violación de las siguientes garantías de la Convención Americana sobre derechos humanos:

- Derecho a la igualdad y a la no discriminación;

- Derecho a la vida privada;

- Derecho a ser oído;

- Derecho a la imparcialidad. Este derecho sólo se vulneró, según el fallo, en lo relativo a la investigación  disciplinaria que se hizo en perjuicio de la jueza Atala, pero no en relación a las decisiones emitidas por la Corte Suprema.

Para conocer el fallo click aquí

Cambio de Nombres y Apellidos

La Ley N°17.344, autoriza el cambio de nombres y apellidos.

¿ Quiénes pueden solicitar el cambio de nombres y apellidos?.

Cualquier persona por una sola vez, y tratándose de un menor de edad que careciere de representante legal, o si teniéndolo se negare a autorizar el cambio, el juez resolverá con audiencia del menor, a petición de cualquier consanguíneo de éste o del defensor de ausentes de menores.

¿ Cuáles son las causales que autorizan el cambio de nombres y apellidos?

  • Cuando unos u otros sean ridículos, risibles o menoscaben moral o materialmente;
  • Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de 5 años, por motivos plausibles, con nombres o apellidos, o ambos diferentes de los propios;
  • En los casos de filiación no matrimonial o en que no se encuentre determinada la filiación, para agregar un apellido cuando la persona hubiere sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que se hubieren impuesto al nacido, cuando fueren iguales;
  • Cuando se trate de nombres o apellidos que no sean de origen español, se podrá solicitar su traducción al español.
  • Cuando se solicite la supresión de uno o más nombres que figuren en la partida de nacimiento y que no hubiere usado durante más de 5 años.

¿ Cuál es el Tribunal Competente para conocer de la solicitud?

El Juez de Letras de Mayor o menor cuantía en lo Civil del domicilio del solicitante.

¿ El cambio de apellido afecta a la filiación (a las relaciones entre padre e hijo)?

No, y no podrá hacerse extensivo a los padres del solicitante, pero afectará a sus descendientes sujetos a patria potestad, y también a los demás descendientes que consientan en ello.

Proyecto de Ley que limita edad para tener Licencia Profesional

El proyecto de Ley presentado al Congreso con fecha 4 enero de este año, actualmente en tramitación, y que pretende limitar a 69 años la edad para poder conducir vehículos destinados al transporte de pasajeros, de carga y de trabajo pesado, ha causado polémica y asombro en los medios sociales, debido a que no entrega ninguna justificación racional para determinar que las personas de 69 o más años, por el solo hecho de su edad, no se encuentran en condiciones óptimas para conducir vehículos de transporte, no apoyándose la moción parlamentaria en ningún estudio que acredite aquello.

 Además, hay que tener presente que una diferencia basada exclusivamente en la edad de una persona (sin estar fundada en una justificación racional), constituye una discriminación arbitraria.

 Sin perjuicio de lo anterior, lo que más llama la atención de dicho proyecto es que alude reiteradamente a la seguridad vial, como uno de los argumentos para privar de licencia profesional a los mayores de 69 años, ya que dicho razonamiento está en total discordancia con la realidad nacional, puesto que en Chile los principales causantes de accidentes de tránsito no son los mayores de 69 años, sino que son los jóvenes entre los 18 y 35 años de edad, siendo la principal causa de los accidentes “no estar atento a las condiciones del tránsito”, según las estadísticas entregadas por Carabineros de Chile.

 El texto del proyecto de ley es del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso segundo en el artículo 12 en la ley 18.290 sobre tránsito en el siguiente sentido:

“Sin embargo, las personas al cumplir 69 años por el sólo ministerio de la ley pasaran a poseer licencia no profesional de acuerdo a las prescripciones establecidas en este artículo”

Corte Suprema declara inadmisible recurso de apelación deducido por CODELCO

Con fecha 16 de marzo del año 2012, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de apelación deducido por Codelco en contra de la resolución, que pronunciándose sobre el desistimiento del recurso de protección interpuesto en contra de Anglo American, condenó a CODELCO al pago de las costas de la causa. La Corte Suprema se fundó para tal decisión, en que la resolución que se pronuncia sobre el desistimiento de un recurso de apelación respecto de una acción de protección, no es apelable según lo dispuesto en el N°5 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de Protección.

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Tercería de Posesión

Concepto.

La tercería de posesión es aquella institución procesal que se refiere a la intervención que hace un tercero en un juicio ejecutivo, mediante una acción dirigida en contra del ejecutante y ejecutado, con el objeto de que se alce el embargo de los bienes respecto de los cuales se encontraba en posesión exclusiva, al momento de producirse la traba del embargo en el juicio en el cual no es parte.

¿ Cómo se materializa la tercería de posesión?.

Mediante la presentación de una demanda, que deberá cumplir con los requisitos comunes a todo escrito, con los requisitos especiales de  una demanda, y con la Ley N°18.120 “Sobre comparecencia en juicio”, y que se deberá dirigir en contra del ejecutante y ejecutado, e individualizar los bienes embargados.

Efectos de su interposición.

Por regla general, el solo hecho de su interposición no suspende el procedimiento de apremio.

Excepcionalmente, se suspenderá el procedimiento de apremio ,cuando la demanda vaya acompañada de antecedentes que constituyan a juicio del tribunal, a lo menos, una presunción grave de la posesión que se invoca. Pero se suspende sólo respecto de los bienes comprendidos en la tercería de posesión.

Procedimiento.

Se tramitará conforme a las normas de los incidentes, esto es, conforme a lo dispuesto en los artículos 82 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Hecho que se debe probar.

Efectividad de que el tercerista se encontraba en posesión exclusiva de los bienes embargados al momento de la traba.

Derecho del Tercerista.

El tercerista tiene el derecho a que en cualquier estado del juicio puede sustituir el embargo, consignando una cantidad suficiente para el pago de la deuda y las costas.

Inauguración del Año Judicial 2012

El día 1 de marzo pasado en dependencias del Palacio de Tribunales, el Presidente de la Corte Suprema, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, entregó la Cuenta Pública del Poder Judicial correspondiente al año Judicial 2011, y también, dio por inagurado el año judicial 2012, refieriéndose a las siguiente materias:  aumento en el ingreso de causas nuevas y de recursos presentados ante las Cortes; a la creación de Tribunales especiales; al perfeccionamiento de los sistemas de transparencia y probidad del Poder Judicial; autonomía del Poder Judicial, entre otras materias. Además, durante el discurso destacó la modernización del sitio web del poder judicial y su integración con las redes sociales.

Pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Proyecto de Ley que regula el cierre de calles y pasajes

El Tribunal Constitucional, conforme a la facultad conferida por el artículo 93   número 1 de la Constitución, ejerció el Control de Constitucionalidad preventivo respecto del “Proyecto de Ley que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana”, y que introduce modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades, dictaminando en sentencia de fecha 20 de enero del año 2011, lo siguiente:

“1)Que son inconstitucionales y deben eliminarse del texto del proyecto de ley sometido a control las expresiones “y vías locales”, contenida en el párrafo introducido por el número 1 de su artículo único, y “, vía local”, contenida en la letra q) que introduce el número 2 del mismo artículo único.

2)Que el artículo único del proyecto objeto de control, con excepción de las expresiones “y vías locales” contenida en el párrafo agregado por su número 1 y “, vía local” contenida en la letra q) que introduce su número 2, no es contrario a la Constitución, en el entendido de que habilita al cierre y al establecimiento de medidas de control sólo respecto de aquellas calles que tengan una única vía de acceso y salida y no de calles que comunican con otras vías.”

En definitiva, el Tribunal Constitucional optó por declarar inconstitucional parcialmente el proyecto, en lo que dice relación con las expresiones “Vías locales”, y en lo referente al cierre y medidas de control respecto de calles que comuniquen con otras vías; declarándose, en consecuencia, constitucional el proyecto sólo respecto del cierre y medidas de control respecto de calles sin salida o calles que tengan una única vía de acceso y salida.

El fundamento que tuvo el tribunal para declarar inconstitucional la parte del proyecto antes indicada, es la “Libertad de circulación o movimiento” regulada en el N°7 letra a) del artículo 19 de la Constitución, que dispone lo siguiente: “Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de tercero”

Proyecto de Ley sobre despenalización del Aborto por razones médicas

 El día 15 de diciembre del año 2010, los senadores Matthei y Rossi, presentaron un proyecto de ley o moción parlamentaria, que introduce modificaciones tanto al Código Penal como al Código Sanitario, con el objeto de que se despenalice la interrupción del embarazo por razones médicas.

 La moción parlamentaria, contiene el siguiente texto:

“Artículo 1°: Agréguense los siguientes incisos finales al Art. 345 del Código Penal:

 “No se considerará aborto cuando se produzca la muerte del feto como consecuencia de una intervención, tratamiento o administración de algún fármaco que sea indispensable para salvar la vida de la madre, lo que deberá ser certificado por un grupo de tres médicos.

 No será punible la interrupción de un embarazo cuando se haya certificado por un grupo de tres médicos la inviabilidad fetal.

 Un grupo de tres médicos del hospital o del Servicio de Salud correspondiente deberá otorgar en forma unánime e inequívoca las certificaciones de los dos incisos anteriores. Los médicos que otorguen la certificación no podrán formar parte del equipo tratante de la madre.

 

Copia de las certificaciones, sus fundamentos y antecedentes serán mantenidas en el respectivo Servicio de Salud por un período de tiempo de 5 años. Será responsabilidad del Jefe del Servicio de Salud custodiar dichos documentos por el período de tiempo indicado.

 Los médicos que otorgaren certificaciones falsas o que intervengan sin cumplir con las exigencias anteriores serán sancionados con pena de presidio menor en su grado máximo”.

Artículo 2°: Modifíquese el Art. 119 del Código Sanitario, agregando luego de la expresión “aborto”, la frase “sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 345 del Código Penal”.”

La presentación de este Proyecto ha abierto una vez más en Chile el debate en torno el aborto, puesto que hay que recordar que no es el primer proyecto de Ley sobre el aborto que se ha presentado, sino que han sido numerosos los intentos por despenalizarlo, ya sea en forma total o parcial.  Así  por ejemplo, destaca el Proyecto de Ley sobre Despenalización del aborto y consagración del Aborto Terapéutico, presentado por los parlamentarios Girardi y Ominami, que se encuentra en Trámite.

Pero en Chile no sólo se ha mantenido por años la discusión en torno al aborto, sino que también se ha extendido a otros discusiones,  como la relativo al comienzo de la vida humana, discusión que se inició a propósito del debate en torno a ciertos métodos anticonceptivos de emergencia como la llamada “píldora del día después”, sin embargo, este último dilema, en el ámbito estrictamente jurídico está zanjado, puesto que la gran parte de la doctrina y jurisprudencia considera que la vida humana comienza desde la concepción[1].

 Analizando concretamente este último proyecto de Ley sobre Aborto Terapéutico, hay que dejar en claro en primer lugar,  que nuestro Código Penal no se refiere precisamente al “Aborto Terapéutico”, sino que se refiere de manera general al aborto, y nuestro texto Constitucional, por su parte,  ni siquiera utiliza el concepto de aborto, de lo cual se deduce que la idea original del legislador fue prohibir el aborto en términos generales, bajo “todo circunstancia”, sin hacer distinciones entre diversos casos de aborto, por lo tanto, cualquier distinción sobre el mismo en orden a excluir algunos casos para dejarlos impunes atenta contra el espíritu general de toda la legislación nacional sobre el aborto y protección a la vida del que está por nacer.

 La Constitución respecto a la protección del embrión o feto, utiliza una expresión bastante amplia y abstracta, al decir en el inciso tercero del N°1 del artículo 19 lo siguiente: “La ley protege la vida del que está por nacer”; del tenor de dicha expresión, se desprende que hay un mandato general de la Constitución a los legisladores, en el sentido que “deben” establecer leyes que protejan la vida del que está por nacer sin excepciones[2], o sea, del cigoto, embrión o feto, y así lo hacen los artículos 342 al 345 del Código Penal, al penalizar el aborto, estando dichos preceptos en completa armonía con el tenor del texto constitucional. Es decir, nuestra Constitución ordena la dictación de leyes que deben proteger la vida del no nacido sin exclusiones, y esto se logra principalmente penalizando el aborto,  y no lo contrario, ni autorizándolo en ciertos casos. A contrario sensu, cualquier Ley que deje en desprotección la vida del que está por nacer, es “inconstitucional”. De manera tal, que  hay que partir de la base que cualquier intento por desproteger en toda o en ciertas circunstancias la vida del que está por nacer, despenalizando el aborto, requiere de una Reforma Constitucional. Pues bien, el paso siguiente es preguntarse, ¿es posible reformar la Constitución en el sentido de dejar en desprotección al embrión?, la respuesta sería que no, porque hay Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes que establecen el “Derecho a la vida desde el momento de la concepción”, por ejemplo así lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 4, y justamente la Soberanía del Estado de Chile, y particularmente, la libertad del Estado de establecer sus propias leyes, se encuentra limitada por el respeto de los Derechos Humanos, según el artículo 5 inciso segundo de la Constitución[3].

En consideración a todo lo anterior se puede concluir que para generar modificaciones que tengan por objeto despenalizar el aborto en Chile, ya sea en forma absoluta o relativa, no basta con presentar proyectos de Ley, sino que además, se requieren de reformas constitucionales cuya viabilidad estaría truncada por la existencia de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.


[1] El artículo 4 n°1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

 [2] Respecto a la generalidad del mandato Constitucional respecto de la protección del que está por nacer, hay que recordar el aforismo jurídico “cuando el legislador no distingue, al interprete no lo es lícito distinguir”, por lo tanto, que la Constitución se haya referido en términos generales a la protección del embrión, no quiere decir, que autoriza o considera lícitos ciertos casos particulares de aborto, sino todo lo contrario.